Por Antonio Calabrese, abogado constitucionalista, historiador, político.
*Colaboración especial para lacity.com.ar

Para algunos observadores inadvertidos, que son muchos, el pacto de la Presidencia de la Nación con los gobernadores para aprobar el presupuesto 2019 es una muestra de civilidad y madurez política.

Para otros, con menos méritos intelectuales seguramente, es una prueba de la democracia en la que vivimos.

Mientras tanto, la mayoría de la gente es espectadora impávida e indiferente de tamaño engendro.

Es que se ha perdido el rumbo de tal manera en la Argentina, que la Constitución, la división de poderes, la esencia del sistema republicano y el federalismo son declaraciones enunciativas como podrían ser las de un inquisidor sobre el sexo angélico.

Recordemos solamente que el presupuesto se sanciona con una ley, cualquier analfabeto político puede compartir esta afirmación.

Las leyes las sancionan los legisladores, es decir diputados y senadores, aunque también, como en el presente caso el proyecto puede ser presentado por el Ejecutivo que para algunos obraría como colegislador.

Pero los gobernadores no son colegisladores. No presentan proyectos a las cámaras.

Por qué, pregunto entonces, aprobar, señalar como un éxito, como un triunfo, que el Ejecutivo Nacional pacte con los gobernadores para aprobar una ley. Esto es un absurdo, en el sistema, los gobernadores están afuera del juego parlamentario.

Pero la realidad, es la única verdad, y ésta señala que la mayoría de los legisladores son hombres de paja de los mandamases lugareños. Son electos en las listas provinciales impuestos por los caudillejos que ordenan cuándo, cómo y por qué levantar la mano o apretar el botón verde o colorado para votar.

Constitucionalmente son representantes del pueblo (diputados) o de las provincias (senadores) sin embargo está demostrado que son representantes de los gobernadores. El tan aplaudido pacto lo demuestra.

No tienen independencia de criterio ni control de su propia voluntad, están allí no por mérito, por formación o para ejercer un mandato popular. Están allí impuestos por los gobernadores, solo para cumplir la voluntad de estos.

El Ejecutivo Nacional podría acordar con gobernadores otras cuestiones, por ejemplo, grandes obras públicas de infraestructura para las provincias, pero supeditados a que los legisladores de esa localidad así lo consideren, cuando en realidad podrían proponer o sostener otras obras distintas, al tratar el Presupuesto Nacional que solventará a aquellas.

Es decir, en definitiva, que cualquier concesión a un estado provincial debe acordarse con los legisladores, no con los gobernadores, según el sistema, que no es nuestro caso en donde se demuestra que los legisladores están pintados, solo son un remedo de la división de poderes.

En estas condiciones podemos afirmar que el Poder Legislativo no existe.

No hemos avanzado nada en los últimos 200 años. Seguimos en manos de los caciques.

¿Será por eso que, en otras sociedades, nos consideran indios?