La causa fue iniciada por los titulares de la empresa de cargas Expreso Pontevedra S.A. a raíz de una supuesta deuda a los camioneros por kilómetros recorridos sin presentar ninguna documentación de respaldo.

Los directivos de la empresa «adujeron que entre el mes de diciembre del año 2017 y el mes de mayo de 2018 habían recibido sucesivos llamados telefónicos y celebrado reuniones bajo coacción con los miembros del Sindicato de Chóferes de Camiones quienes le exigían el pago de una deuda de un millón novecientos noventa y nueve mil seiscientos pesos ($ 1.999.600.-) por diferencias en la cantidad de kilómetros que se liquidaban a los chóferes, sin exhibirle ningún tipo de documentación que respaldara ese reclamo», estimaron los jueces.

El fiscal de la causa «alegó que la conducta dolosa de los imputados reveló el despliegue de diversas herramientas de presión de neto corte logístico como así también administrativo, debiendo en este caso mencionar la expedición de documentación que el propio sindicato emite con carácter discrecional y que obra en la causa como ‘Constancia de Libre Deuda y Libre Conflicto’ que carece de respaldo legal».