La decisión del gobierno del presidente Mauricio Macri de incentivar el mercado de alquileres «protegiendo» a una de las partes, de inmediato provocó reacciones entre los perjudicados en principio, es decir, inmobiliarias y propietarios.

Las inmobiliarias advierten que la intervención en un mercado altamente sensible podrían ocasionar, siguiendo el curso histórico, el retiro de las unidades en alquiler por parte de los propietarios para ofrecerlos en venta directamente.

Los propietarios no dejan además de señalar como el mayor riesgo la falta de seguridad jurídica por la decisión del Estado de «dañar» el concepto de propiedad privada.

En el debate que recién comienza, aun antes de que el proyecto ingrese a la Cámara de Diputados, incorpora la comparación con algún sistema que rige en ciudades donde las propiedades vacías que no son ofrecidas en alquiler o venta, son castigadas con altos impuestos.