Finalmente el gobierno tuvo que ceder ante la presión de las provincias para poder aprobar el presupuesto en el Senado, aceptando un aumento del gasto de $24.000 millones.

No extraña esta exigencia provincial porque, como lo he señalado en otras oportunidades, la democracia ha degenerado en una competencia populista. El que ofrece aumentar la cultura de la dádiva y redistribuir la escasa riqueza que se produce en Argentina, puede quedarse con la mayor cantidad de votos. Por supuesto que esa competencia populista consiste en insistir con mantener el empleo público en las provincias. De los 3.165.400 empleados públicos entre nación, provincias y municipios, el 70% está en los empleos públicos provinciales.

El empleo público en las provincias entre 2003 y 2017 aumentó, en promedio, un 70%. Es importante resaltar que 2003 no es un piso bajo de comparación ya que los estados provinciales venían sobredimensionados hacía rato, al punto tal que en la década del 90 se hablaba de regionalizar el país para que no hubiese tantos parlamentos, ejecutivos y poderes judiciales. De manera que el punto de comparación de 2003 es un punto alto y aun así tenemos un incremento del empleo público del 70% promedio. Puesto en números absolutos, entre 2003 y 2017 el empleo público provincial creció en casi un millón de nuevos puestos en el estado. Una forma de disimular el desempleo en el estado. Es decir, estadísticamente tenemos que hay un millón de nuevos puestos de trabajo en el estado pero la realidad es que no son puestos de trabajo. Son solo subsidios de desempleo escondidos como puestos de trabajo.

De los 24 distritos considerados, solo siete crecieron por debajo del promedio general, y en casos como Formosa, el empleo público no creció más, probablemente porque ya no quedaba mucha más gente para agregar al estado provincial.

(Roberto Cachanosky)