En la última sesión extraordinaria del año, Diputados intentará aprobar dos proyectos que lograron consenso en las últimas semanas.

Una de las iniciativas es para combatir los delitos que se cometan en un espectáculo deportivo, impulsada tras los violentos incidentes que obligaron a suspender la final de la Copa Libertadores entre River y Boca en la Argentina.

El otro proyecto es conocido como «la ley Micaela», una iniciativa que busca la capacitación obligatoria en género para quienes integren los tres poderes del Estado.

Con respecto a la ley antibarras, la sesión está prevista que comience al mediodía con el debate de esta iniciativa. El jueves pasado obtuvo el dictamen favorable, aunque con observaciones tanto de la oposición como del oficialismo. «Se logró el consenso de todos los bloques», sostuvo la diputada Gabriela Burgos, presidenta de la Comisión de Legislación Penal.

Por otra parte, se asignan penas de entre dos a seis años de prisión a las agresiones o intimidaciones grupales, «elevándose a ocho años la pena máxima si se emplearen armas de fuego» en la ley que busca frenar la violencia en el fútbol.

La sanción prevista por la entrega de entradas a barras por parte de dirigentes o futbolistas es una pena de prisión de entre uno a tres años y la facilitación del ingreso a personas sin entrada al estadio en los días de partidos lleva una pena de uno a seis meses, y de seis meses a dos años si dichas personas son barras.

Con respecto a la venta de entradas falsas, la pena será de entre seis meses a dos años, y de dos a ocho años ocho si el delito fuera cometido por dirigentes, deportistas del club en cuestión o barras. Los «trapitos» o cuidacoches que lucran sin autorización también serán penados: pueden ir de uno a seis meses de prisión y de dos a cuatro años si el pedido de dinero por el cuidado del vehículo «se desarrollare con exigencia de una suma de dinero, fija o variable».