
La Corte Suprema de los Estados Unidos le pidió opinión a la Casa Blanca antes de decidir si el juicio contra YPF seguirá en ese país o se realizará en la Argentina.
La consulta será al Solicitor General (procurador general del Estado) previo a dictar sentencia, y no establece un plazo para expedirse.
El fallo es en el marco de la estatización de la petrolera en 2012, que podría implicar un pago por parte del Estado argentino de unos US$3000 millones a fondos buitre que compraron derechos de litigio hace años.
Estos fondos ahora buscan indemnización por esa operación, realizada por la administración de Cristina Kirchner.
El fondo de la demanda implica el pago de una indemnización por parte del Estado argentino a Burford por una suma que podría acercarse a los US$3000 millones.
La decisión del máximo tribunal de los Estados Unidos no incluye un pronunciamiento sobre el daño económico que reclama el fondo buitre. Solo responde a la pregunta sobre si el juicio debe o no seguir en territorio norteamericano o deberá dirimirse en Buenos Aires, tal como pidieron YPF y la Procuración del Tesoro, el cuerpo de abogados del Estado.
De todos modos, el proceso del juicio es largo y en el Gobierno estiman que la sentencia podría demorar unos tres años.
En ese lapso es que deberá terminar de definirse el planteo de Burford sobre la indemnización por la estatización de la compañía. Un fallo de fondo en contra podría costarle al país entre US$2500 y US$3000 millones, entre capital e intereses.
