El Decreto de Necesidad y Urgencia firmado el lunes por el presidente Mauricio Macri que establece la extinción de dominio de bienes mal habido por las organizaciones criminales, promete exhibir resultado en el corto plazo.

Sólo en casos de corrupción, se estima que podrían volver a las arcas del Estado alrededor de $23.000 millones en dinero, vehículos y recursos económicos.

En conversación con Radio Mitre Mendoza, el secretario de Gestión Federal de Seguridad del Ministerio de Seguridad de la Nación, Enrique Thomas destacó que “los ciudadanos se van a sorprender en la cantidad de bienes que se pueden recuperar gracias a la extinción de dominio”.

“No es por el porrito que se fuma en una plaza sino de las organizaciones mafiosa que usan el dinero como combustible, que luego se vuelcan al terrorismo y la trata de personas”, advirtió.

Thomas explicó que por el alcance del DNU sólo tiene aplicación para la justicia federal.

“Cuando se inicia un proceso penal por un delito grave y de corrupción, se inicia un proceso civil con tiempos procesales sumarísimos, en el que actúa un juez en el que el demandado tiene que demostrar cómo adquirió esos bienes”, explicó Thomas, y advirtió que “las provincias que quieran adherir deberán modificar sus códigos procesales civiles”.