INTERNACIONAL

El gobierno del presidente Daniel Ortega anunció que sostuvo reuniones para reanudar el diálogo estancado tras la violencia política que dejó más de 300 muertos el año pasado, pero la propuesta fue recibida el domingo con recelo y con una serie de condiciones previas por parte de la oposición y sectores de la sociedad civil.

El gobierno informó el sábado por la noche que había sostenido un “intercambio” con un grupo de empresarios privados, y en presencia de dos prelados de la Iglesia católica, para “empezar una negociación” sobre temas importantes para el país.

Sin identificar a aquellos que participaron en la reunión por parte del sector empresarial, el gobierno dijo que asistieron el cardenal Leopoldo Brenes, arzobispo de Managua, y el nuncio apostólico, Waldemar Stanislaw Sommertag. La Arquidiócesis capitalina confirmó el encuentro.

Los opositores al gobierno de Nicaragua dijeron estar abiertos a entablar negociaciones, pero fijaron condiciones previas, incluida la libertad de más de 700 personas a las que consideran “presos políticos”, la total libertad de prensa y de manifestación, y el desmantelamiento de grupos paramilitares que se asociaron con las fuerzas de seguridad en la represión mortal del año pasado contra los manifestantes que exigían la renuncia de Ortega.

El gobierno ha clausurado algunos medios de comunicación y organizaciones no gubernamentales, arrestado a algunos periodistas y prohibido las protestas contra el mandatario.

José Adán Aguerri, presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), comentó que consideraba “importante” esa reunión “para abrir una puerta que ha estado cerrada durante mucho tiempo”. El COSEP forma parte de la opositora Alianza Cívica, que participó en el diálogo nacional tras la crisis que estalló el año pasado.

Los disturbios comenzaron el 18 de abril con protestas contra una reforma a la seguridad social que habría reducido las prestaciones y aumentado los impuestos a los trabajadores y empleadores. El conflicto político se multiplicó en alcance y creció tras la violenta represión por parte de las autoridades.

El diálogo nacional se instaló el 16 de mayo, pero quedó suspendido el 9 de julio, sin acuerdos relevantes. Los opositores de Ortega exigieron que dejara el poder y que se anticiparan los comicios presidenciales programados para 2021. Las autoridades rechazaron ambas demandas, y en cambio sofocaron las protestas con el uso de la fuerza.

En los últimos días, el gobierno afirmó que los comicios se llevarán a cabo en 2021, tal como está previsto.

Por su parte, el diputado español Ramón Jáuregui, quien visitó recientemente Managua al frente de una delegación del Parlamento Europeo, dijo que la UE debería estar preparada para ayudar en cualquier negociación, pero pidió al gobierno de Ortega “mostrar un gesto de voluntad política y de credibilidad liberando a los presos políticos o sustituyendo casa por cárcel”.

El gobierno ha dicho que aquellas personas que están encarceladas habían “recibido un debido proceso”.

La crisis política ha tenido repercusiones en la economía de Nicaragua -que ya era uno de los países más pobres de la región-, específicamente en los sectores del turismo, el comercio, la infraestructura y la inversión. El PIB se contrajo 4% el año pasado, de acuerdo con el Banco Mundial, después de varios años de promediar un crecimiento anual de alrededor de 4,5%.

Aproximadamente 50.000 nicaragüenses han huido del país. El opositor Movimiento Renovador Sandinista exigió “garantías para el retorno de los exiliados”, así como la devolución de bienes inmuebles y equipos que fueron confiscados a nueve organizaciones no gubernamentales y medios de comunicación.