OPINIÓN

Por Alieto Aldo Guadagni, exembajador en Brasil, economista, miembro de la Academia Argentina de Ciencias del Ambiente. Columnista especial de Lacity.com.ar

 

 

 

Hace tiempo que no se respetan leyes fundamentales de carácter educativo, como por ejemplo, la ley 25864 (año 2003) que fijó para todas las provincias un calendario escolar mínimo de 180 días. Mucho menos se cumple la Resolución 165 (Consejo Federal de Educación), aprobada en el año 2011, que extiende el calendario escolar a 190 días.

El Observatorio Argentinos por la Educación nos alerta indicando que un niño que ingresó a primer grado en una escuela pública en el 2013, cuando finalizó el ciclo escolar promedio de todo el país en el 2018, perdió 73 días de clase. La pérdida de días de clase en las escuelas públicas, donde acuden muchos niños pobres, es notablemente mayor a la pérdida en las escuelas privadas.

Esto es grave para el futuro de nuestros niños, ya que además nuestro calendario escolar es uno de los más cortos del mundo. En América Latina tenemos que las horas anuales de clase en Cuba, Costa Rica, Chile, y Colombia son 1000 o más. Es grave que nosotros tengamos otra realidad, ya que son muchos los pibes argentinos que tienen menos de 650 horas anuales de clase ya que al cortísimo calendario, además hay que restarle los numerosos días de suspensión de clases por conflictos laborales o medidas administrativas.

Es hora de cumplir la Ley 25864 sancionada por Nestor Kirchner en el año 2003. Esta ley es bien clara ya que expresa lo siguiente:

Artículo 1”: “Fijase un ciclo lectivo anual mínimo de 180 días efectivos de clase”
Artículo 2” : “Ante el eventual incumplimiento del ciclo lectivo anual a que se refiere el artículo precedente, las autoridades educativas de las respectivas jurisdicciones deberán ADOPTAR LAS MEDIDAS NECESARIAS A FIN DE COMPENSAR LOS DÍAS DE CLASE PERDIDOS, hasta completar el mínimo establecido”.

La ley no deja lugar a dudas, es hora de entender que cerrar las escuelas públicas consolida la ignorancia y es un pasaporte a la pobreza y la exclusión social. La ley es clara los días de clase perdidos deben ser compensados. Los grandes perjudicados por el cierre de las escuelas, especialmente las públicas, son los niños pobres, así aumenta nuestra ya gran desigualdad social.