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Los principales candidatos republicanos a la Presidencia de EE. UU., Donald Trump y Ron DeSantis, prometieron este viernes intensificar su cruzada en la guerra cultural que libran en EE. UU., animados por los últimos fallos del Tribunal Supremo que suponen un recorte de derechos de las minorías y el colectivo LGTBI.

Trump fue quizás el que fue más lejos al anunciar que si es elegido presidente «aplicará de forma vigorosa» la decisión del jueves del Supremo, que respaldó eliminar la discriminación positiva por motivos raciales en las admisiones a las universidades, y que no se quedará ahí.

«Acabaré con todos los programas de diversidad, igualdad e inclusión en el Gobierno federal», clamó el exmandatario (2017-2021), en una convención de la organización ultraconservadora «Moms For Liberty» (Mamás por la libertad) en Filadelfia (Pensilvania).

Los conservadores en EE. UU. se han apuntado varias victorias esta semana con los fallos del Supremo, que este viernes apoyó a los negocios que no quieran atender a clientes LGTBI y terminó con uno de los programas estrellas del presidente, el demócrata Joe Biden, la cancelación de la deuda estudiantil.

Todo esto un año después de que el Supremo eliminara la protección federal al aborto revocando la histórica sentencia de 1973 «Roe contra Wade» por la que se reconoció este derecho en EE. UU.

Se da la circunstancia de que estos fallos han salido adelante gracias a la mayoría conservadora de jueves en la máxima instancia judicial de EE. UU., que fue apuntalada por Trump durante su mandato, ya que nominó a tres de los nueve magistrados que integran la corte.

En su discurso, el expresidente hizo su propia lectura sobre la situación actual del país: una guerra cultural entre el «comunismo», como suele referirse a todo lo que representan y defienden los demócratas, y los valores tradicionales de su partido.

«Nuestra amada nación se tambalea al borde de la tiranía, nuestros enemigos están librando una guerra contra la libertad y la fe (…) la democracia, la familia, los niños y Estados Unidos mismo. Quieren destruir nuestro país», auguró Trump, que suele recurrir a estos argumentos para atacar a los progresistas.

Trump fue el encargado de cerrar esta jornada de la convención de «Moms For Liberty», una organización calificada de «extremista» y de promover una agenda contraria a la inclusión estudiantil por parte del Southern Poverty Law Center, una ONG de defensa de los derechos civiles conocida por sus victorias legales contra grupos segregacionistas racistas y supremacistas blancos.

De hecho, numerosos manifestantes se congregaron este viernes a las puertas del hotel de Filadelfia donde se celebra el evento para denunciar, entre otras cosas, que «Moms For Liberty» es hostil con las minorías y ha acosado a funcionarios escolares locales.

En la jornada participaron también otros candidatos a la nominación republicana para la Casa Blanca en 2024: la exembajadora ante la ONU Nikki Haley, el empresario Vivek Ramaswamy, el exgobernador de Arkasas Asa Hutchinson y el gobernador de Florida, Ron DeSantis, quien va justo por detrás de Trump como favorito en los sondeos sobre las primarias republicanas del próximo año.

En un discurso enfocado en la educación, consciente del público ante el que estaba, DeSantis abogó por su visión de «defender el derecho de los padres» a decidir sobre la educación de los hijos.

«Los padres de familia tienen el derecho fundamental de dirigir la educación y crianza de sus hijos», afirmó el republicano, quien advirtió de que planea replicar este modelo si es elegido presidente (si el Partido Republicano lo elige antes como candidato).

En los últimos meses DeSantis ha promulgado leyes como la que permite a las juntas escolares retirar libros de las escuelas si un padre lo solicita. Una norma que ha llevado a la Asociación de Bibliotecas de EE. UU. a advertir que en 2022 el país vivió una ola de censura de libros «sin precedentes».

Reelegido gobernador en 2022, el ultraconservador presentó a Florida como un estado en el que ha quedado claro que «se puede vencer a la izquierda» y su «tóxica agenda ideológica» por la que «toda la sociedad ha decaído».

Su receta: llevar a cabo medidas como prohibir el aprendizaje socioemocional del plan de estudios o vetar abordar cuestiones de identidad de género y orientación sexual, norma conocida por sus detractores como «No digas gay» y por la que mantiene un pulso en los tribunales con el mismísimo grupo Disney.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció este viernes un plan B para perdonar los préstamos a millones de universitarios del país después de la sentencia del Tribunal Supremo que tumbó su programa estrella para cancelar parte de la deuda estudiantil.

«Esta nueva vía tomará más tiempo, pero en mi opinión es la mejor ruta que queda», declaró el mandatario en una comparecencia ante los medios de comunicación en la Casa Blanca junto al secretario de Educación, Miguel Cardona.

Biden detalló que su Gobierno utilizará la Ley de Educación Superior para cancelar y reducir la deuda «bajo ciertas circunstancias» a «tantos deudores como sea posible y lo más rápido posible».

También se pondrá en marcha un nuevo plan de pagos en función de los ingresos que reducirá la cantidad que cada persona debe pagar de forma mensual y que permitirá ahorrar 1.000 dólares anuales a la mayoría de deudores.

Asimismo, durante el próximo año no se considerará como morosos a aquellos deudores financieramente vulnerables que no puedan realizar los pagos, lo que en la práctica equivaldrá a una nueva moratoria similar a la que se aprobó durante la pandemia de covid-19.

Aun así, Cardona matizó las palabras de Biden durante una rueda de prensa posterior para aclarar que no se trata de una pausa generalizada, y que aquellos que puedan hacer frente a los pagos deberían hacerlo.

El secretario aclaró que consideran que la decisión del Supremo de hoy es errónea, pero que la acatarán, y que tratarán de basar el nuevo plan para perdonar la deuda de los estudiantes en otro tipo de competencias que requieren un proceso legislativo más largo.

Por este motivo, el responsable no quiso aventurar cuántos estudiantes podrán acogerse al nuevo sistema ni cuánto tiempo tardará, y confió en que en este caso soportará el escrutinio judicial.

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