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EE. UU. lamentó este lunes que la Knéset (Parlamento israelí) aprobara con «la mayoría más estrecha posible» la ley que anula la doctrina de la razonabilidad, la primera ley del paquete legislativo de la polémica reforma judicial impulsada por el Gobierno de Benjamín Netanyahu.
«Es lamentable que la votación de hoy haya tenido lugar con la mayoría más estrecha posible», afirmó en un comunicado la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre.
La portavoz recordó que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, como «amigo de toda la vida de Israel» ya ha expresado en público y en privado su visión de que «los cambios importantes en una democracia deben contar con el consenso más amplio posible» para que perduren en el tiempo.
Pese a ese deseo de consenso por parte de Estados Unidos y las protestas en las calles, la votación en la Knéset siguió adelante y la ley de la razonabilidad fue aprobada con 64 votos a favor ─de todos los diputados de los partidos de la coalición del Gobierno israelí─; y cero en contra, ya que la oposición en bloque, 56 legisladores, boicotearon la votación ausentándose del pleno.
Aunque esa primera pieza de la reforma judicial fue aprobada, la Casa Blanca dijo que apoya los esfuerzos del presidente del Estado de Israel, Isaac Herzog, para intentar que avancen las negociaciones entre el Gobierno y la oposición para intentar lograr un consenso.
La ley se votó en una sesión plenaria que comenzó el domingo, después de 30 horas de acalorados debates, mientras miles de manifestantes acampados frente a la Knéset desde la noche del sábado protestaban contra la reforma, vista como una amenaza a la democracia porque socava la separación de poderes y la independencia de la Justicia.
Las protestas han dejado de momento 19 detenidos por «violar el orden público» y cinco herido leves, en los altercados desatados con la Policía, que tuvo que recurrir a la Policía montada y a cañones de agua para dispersar a los manifestantes que trataban de bloquear el acceso principal al parlamento.
El jefe del Estado Mayor del Ejército israelí, Herzi Halevi, cuestionó la decisión de miles de reservistas de suspender su servicio en protesta por el avance de la reforma judicial impulsada por el Gobierno y advirtió que sin un Ejército «fuerte y unido» Israel podría dejar de existir.
«Incluso si hay diferencias, la unidad es un valor sagrado», señaló Halevi en una carta enviada a las tropas de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI). «El servicio en las FDI es tanto un deber como un gran privilegio, ya sea en servicio activo o en las fuerzas de reserva. Si no tenemos una fuerza de defensa fuerte y unida, si los mejores de Israel no sirven en las FDI, ya no podremos existir como país en la región», agregó la misiva, que enfatizó que «ningún miembro del servicio tiene derecho a decir que ya no prestará servicio ni tiene derecho a no presentarse al servicio o rechazar una orden».
Si bien no se refirió al debate interno y a las masivas protestas en Israel en torno a la reforma judicial impulsada por el Ejecutivo de Benjamín Netanyahu, Halevi instó a los reservistas a «separar las protestas civiles de la prestación de servicios a las fuerzas de seguridad».
Las declaraciones del jefe del Ejército coinciden con el comienzo del debate en el Parlamento de una ley clave de la reforma, que se prevé sea aprobada ante un fuerte movimiento de protesta.
Uno de los pilares del movimiento de protesta son los reservistas del Ejército, que anunciaron que no prestarían servicio hasta que el Gobierno no suspenda los trámites legislativos de la reforma. En total, más de 10.000 reservistas ─incluidos expertos en inteligencia, ciberguerra y miembros de unidades de élite─ han expresado su intención de no presentarse voluntarios a servicio, según informó el grupo «Hermanos en armas», que aglutina a los reservistas que protestan contra de la reforma.
La polémica ley en cuestión eliminaría la doctrina de la razonabilidad, que aún permite al Supremo revisar y revocar decisiones y nombramientos gubernamentales que considere no razonables. Su aprobación marcaría el primer gran paso de una reforma judicial que busca otorgar más poder al Ejecutivo en detrimento de la Justicia, cuya independencia se vería profundamente socavada.
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