ARGENTINA

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La calificadora de riesgo Moody’s advirtió este viernes que las condiciones macroeconómicas de Argentina continuarán deteriorándose hasta fin de año, pese al acuerdo técnico anunciado entre ese país y el Fondo Monetario Internacional (FMI) esta misma jornada tras semanas de intensa negociaciones.

«Esto dejará un ambiente muy complicado para el siguiente gobierno, sea cual sea, que se verá presionado a realizar un ajuste brusco, en línea con nuestra visión de que habrá una muy alta probabilidad de que se dé un evento de incumplimiento en pagos de deuda en 2024 o 2025», según la declaración del vicepresidente y responsable senior de Crédito de Moody’s, Jaime Reusche, difundida este viernes.

Argentina y el FMI llegaron a un acuerdo tras diez semanas de intensas negociaciones que implicó reunir la quinta y sexta revisión de las metas trimestrales ─de reservas, fiscales y de financiamiento monetario que el país no cumplió─ de la refinanciación hecha en 2022 del programa por 45 mil millones de dólares pactado en 2018.

Con este nuevo acuerdo, que tendrá ahora que ser ratificado por el Directorio Ejecutivo del Fondo en la segunda mitad de agosto, Argentina recibirá un desembolso de 7.500 millones de dólares tras las elecciones primarias del 13 de agosto, y la próxima revisión tendrá lugar en noviembre, después de los comicios generales del 22 de octubre.

A la espera de la reunión del directorio del FMI, el Ejecutivo deberá aplicar una secuencia de políticas o acciones adicionales para cumplir la meta revisada a la baja de reservas de 1.000 millones de dólares a fines de 2023 (desde 8.000 millones), la fiscal que se mantuvo en 1,9 % de PIB de déficit primario y evitar el financiamiento al Tesoro del Banco Central.

Para Moody´s, este acuerdo «se da en el marco de una fuerte presión sobre las condiciones económicas del país y le dará algo de alivio a las finanzas externas» cuando llegue el desembolso del FMI luego de las primarias.

Hasta ese desembolso, la calificadora entiende que el gobierno argentino «deberá recurrir a las escasas divisas de las que dispone el Banco Central para hacer los repagos al FMI que corresponden a fin del mes de julio», un vencimiento que fuentes familiarizadas con las negociaciones han dicho que Argentina buscará cancelar con financiamiento de otros multilaterales con el aval del Fondo.

Moody´s recordó que el FMI «resalta que viarias de las metas cuantitativas del programa no fueron logradas y tendrá que dar exenciones mientras que se flexibilizan las metas del programa para fin de año».

Reusche opinó que «si bien esto le otorga un margen de maniobra al gobierno previo a las elecciones generales, cumplir con las nuevas metas fiscales y de acumulación de reservas será muy retador» y previó que «las condiciones macroeconómicas tenderán a continuar deteriorándose hasta fin de año».

Argentina se juega entre este jueves y el viernes miles de millones de dólares en un tribunal de Nueva York, donde se dirime una compensación que tendrá que pagar por la expropiación de YPF en 2012 y que podría llegar a unos 16.000 millones de dólares.

Este viernes concluirá un proceso de tres días organizado por la jueza federal Loretta Preska para definir los daños económicos que el Estado argentino debe pagar a la firma Burford Capital y al fondo estadounidense Eton Park.

El pasado marzo, Preska ya falló contra Argentina en este caso, pero dejó pendiente determinar el monto que deberá pagar.

Los demandantes reclaman alrededor de 16.000 millones de dólares, mientras que ─según documentos judiciales─ Argentina admite que, incluso si se impone su criterio en este proceso, tendría que abonar casi 5.000 millones.

Así, en el memorando que presentó previo al inicio del juicio, el Estado argentino destaca que están en juego «más de 11.000 millones de dólares».

Para determinar el monto final hay dos factores clave: primero, definir la fecha exacta en la que Argentina se hizo con el control de YPF y, segundo, los intereses a pagar.

En el primer caso, los demandantes consideran que eso ocurrió el 16 de abril de 2012, mientras que el país dice que, como muy pronto, se dio el 7 de mayo de ese año, cuando entró en vigor una ley que le permitió expropiar a la española Repsol el 51 % de las acciones en YPF.

En el segundo, la demanda reclama una tasa de interés de entre el 6 % y el 8 % y Argentina pide que no se exija el pago de interés o que se aplique un tipo mucho más bajo.

Por ahora, se desconoce cuándo la jueza puede dictar sentencia, pero lo habitual es que en este tipo de casos esa decisión no sea inmediata y se demore al menos un tiempo tras haber escuchado a las partes.

El caso se inició en 2015, cuando Burford Capital, una firma que financia litigios, impulsó la demanda tras adquirir los derechos de litigio de dos sociedades constituidas en España: Petersen Energía Inversora y Petersen Energía.

Esas dos sociedades, que entraron en concurso judicial, antiguamente habían pertenecido al grupo argentino Petersen, conglomerado que tenía una participación accionarial del 25 % en YPF al momento de la nacionalización y que no ha participado en esta demanda en Nueva York.

Al caso se sumó en 2016 como demandante Eton Park, fondo estadounidense que tenía el 2,9 % de YPF.

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