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En un comunicado difundido por la Agencia Nacional de Noticias (ANN), el regulador EDL explicó que la compañía Primesouth ha decidido suspender sus trabajos en las plantas eléctricas de Zahrani (sur) y Deir Amar (norte) después que el Banco Central del Líbano fracasase a la hora de transferirle pagos pendientes en dólares.

La empresa, subcontratada para operar ambas centrales ya ha iniciado el proceso de cese de actividades, «por lo que la red eléctrica quedará completamente desconectada y no se suministrará corriente a los suscriptores, incluyendo la infraestructura básica del país», dijo EDL.

El endeble sector eléctrico del Líbano colapsó del todo en el verano de 2021 y desde entonces el suministro público es muy limitado, por lo que la población debe contratar los servicios de costosos generadores privados que solamente funcionan en horarios restringidos.

Antes del verano, Irak aceptó incrementar la cantidad de fuelóleo que provee al Líbano para que EDL pudiera aumentar su suministro a la población libanesa, hasta entonces de tan solo un par de horas diarias en el mejor de los casos y en base a un plan de horarios y ubicaciones aleatorio.

En el último par de meses, la electricidad estatal había estado llegando a los hogares casi diariamente y en intervalos menores, llegando a alcanzar a veces las seis horas de suministro.

El pasado marzo, Human Rights Watch acusó a las autoridades libanesas de un prolongado mal manejo de EDL y achacó el colapso del sector a tres décadas de «políticas insostenibles e importantes negligencias», resultado de la presunta corrupción y los intereses personales de la elite.

En un extenso informe sobre la materia, la ONG defendió que la luz es «clave» para prácticamente cualquier actividad desarrollada en el día a día en las sociedades modernas, por lo que se incluye en el derecho a unas condiciones de vida adecuadas amparado por las leyes internacionales.

El presidente de Líbano, Michel Aoun, dejo el palacio presidencial antes que expire su mandato sin que haya un sucesor designado, lo que agravó el bloqueo político del país, en pleno hundimiento económico.

Antes de su salida, el presidente firmó un decreto que elimina la posibilidad de que el primer ministro dimisionario dirija el país de forma interina.

La decisión del jefe de Estado, cristiano maronita según el reparto de poder vigente en este pequeño estado multiconfesional, llega después de que el primer ministro Najib Mikati, musulmán sunita, lleve meses tratando de formar gobierno sin éxito por divergencias con el partido de Aoun.

Mikati dimitió tras las legislativas de primavera y fue elegido de nuevo por los diputados para formar gobierno.

No obstante, el gesto de Aoun, aunque «sin precedentes» desde que Líbano adoptó su Constitución en 1926, es simbólico, ya que «la ley estipula que un gobierno dimisionario seguirá (dirigiendo) hasta que se forme un nuevo gabinete», explicó el profesor y experto en Constitucionalismo Wissam Laham.

El mandato de seis años de Michel Aoun concluye sin que los diputados lograran ponerse de acuerdo sobre su relevo.

El parlamento se ha reunido, en vano, cuatro veces en el último mes, para elegir un presidente, pero ni el campo de los musulmanes chiítas Hezbolá ─el poderoso movimiento armado que domina la vida política en el Líbano─ ni el de sus oponentes tienen una mayoría clara para imponer un candidato.

El mandato de Aoun ha estado marcado por el derrumbe económico, un levantamiento popular en 2019 y la explosión en el puerto de Beirut, que arrasó la capital en el verano de 2020.

Desde 2019, el país vive sumido en una grave crisis financiera. Su moneda ha perdido más del 95% de su valor y más del 80% de los habitantes viven por debajo del umbral de la pobreza, según la ONU.

La entrada en el sexto mes sin presidente de la República pesa sobre la realidad de Líbano, a la luz de las repercusiones de las crisis interconectadas desde los puntos de vista financiero, bancario, judicial, social y político.

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