ARGENTINA

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La Corte Suprema de Argentina ordenó el miércoles que la jueza Ana María Figueroa deje su cargo en la Cámara Federal de Casación Penal, la máxima instancia de la Justicia en este capítulo.

Figueroa es una figura clave en una de las causas por presunta corrupción contra la vicepresidenta, Cristina Fernández, y sus hijos Florencia y Máximo Kirchner.

Figueroa cumplió 75 años el pasado 9 de agosto, alcanzando la edad jubilatoria sin que el Senado argentino estudiara su situación para extender el mandato de presidenta de Casación, una medida que respeta el texto de la Constitución Nacional.

Según la jurisprudencia argentina, la jueza podría haber obtenido una primera prórroga de cinco años para continuar en su cargo, pero la falta de acuerdo en la Cámara Alta impidió esta extensión. La oposición de centro derecha rechazó sesionar sabiendo que el plan de Kirchner, vicepresidenta de la Nación y titular del Senado, pondría en juego la continuidad de Figueroa.

De acuerdo con una resolución judicial a la que tuvo acceso EFE, la Corte Suprema consideró que el órgano legislativo no previó un «plazo de gracia alguno» para situaciones similares a la de Figueroa.

Los miembros del máximo tribunal indicaron que el «nuevo nombramiento» en la Cámara de Casación debió haberse efectuado previo a que la magistrada alcance el límite de edad, porque de lo contrario el «límite etario se tornaría inoperante».

Ahora, y a propósito de esta situación, el tribunal recordó que son ellos quienes tienen la competencia para tomar las decisiones «que sean necesarias para garantizar la investidura de los jueces».

La sesión del Senado en la que debió abordar la continuidad de la jueza Figueroa se iba a celebrar a mediados de julio pasado, pero se vio frustrada por falta de quórum en el Senado.

Actualmente, ni el oficialismo peronista ni la coalición opositora de centroderecha, Juntos por el Cambio, cuentan con la mayoría suficiente en ninguna de las dos Cámaras argentinas, por lo que necesitan acuerdos para poder poner en marcha decisiones de este tipo.

Los tres miembros de la familia Kirchner fueron acusados de supuesto lavado de dinero y asociación ilícita en la causa Hotesur-Los Sauces, que vinculaba a varios empresarios afines a la exmandataria y a los Kirchner en un entramado de falsas contrataciones de habitaciones en los hoteles administrados por la familia en la provincia patagónica de Santa Cruz.

Los hechos investigados tuvieron lugar entre los años 2003 y 2015, coincidiendo con los años de las presidencias de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, donde el voto favorable de Ana María Figueroa en la Cámara de Casación podría haber influido en el sobreseimiento sobre Fernández y sus hijos en este caso.

La oposición celebró el fallo de la Corte por la jueza Figueroa: Juntos por el Cambio defendió la decisión del máximo tribunal de apartar a la magistrada de la Cámara de Casación. Pero creen que Cristina Kirchner busca aprobar otros 74 pliegos judiciales para sumar poder de resistencia en la magistratura si el oficialismo pierde las elecciones presidenciales de octubre próximo como aventuran las principales consultoras de análisis político del país.

La economía argentina es un verdadera caos con media docena de dólares para el intercambio comercial, inflación desbocada superior al ciento por ciento, pobreza que castiga a las mitad de los 45 millones de habitantes del país, una delincuencia que cuenta a favor con leyes benignas y trato considerado con la excusa de respetar los derechos humanos, una bandera principalisima de la izquierda que gobierna.

Los excesos en este terreno, como por ejemplo indemnizaciones millonarias a los terroristas que actuaron en la década del 70 contra gobiernos democráticos, han llevado a los opositores a considerar que mas que derechos humanos se tata de «desechos humanos».

La agria disputa que se abre al considerar este capítulo en los líderes políticos muestra las profundidad de una agrieta social difícil de obturar al menos por ahora, en los días previos a las elecciones generales.

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