ARGENTINA

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El caso se remonta a 2012, durante el ultimo mandato de Cristina Kirchner, cuando su gobierno nacionalizó la petrolera YPF, controlada por el grupo español Repsol.

Una jueza federal de Nueva York falló este viernes a favor del fondo Burford Capital en su litigio con el gobierno argentino por la expropiación de YPF y obliga al país a pagar el mayor monto posible, 16.000 millones de dólares.

Loretta Preska especifica en su fallo que «la república (argentina) ejerció un control indirecto sobre el número requerido de acciones de Repsol el 16 de abril de 2021 y en consecuencia desencadenando esa licitación».

«Los intereses previos de 8 % son apropiados y deben constar desde el 3 de mayo de 2012», agrega.

Mientras que la acusación reclamaba 16.000 millones de dólares, Argentina estimaba que le correspondería abonar cerca de 5.000 millones de dólares, aunque el gobierno del país sudamericano había dicho que pensaba recurrir cualquier decisión al respecto.

El caso se remonta a 2012 durante el ultimo mandato de Cristina Kirchner, cuando bajo el liderazgo del exviceministro de Economía y actual gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, Argentina nacionalizó la petrolera YPF, controlada por el grupo español Repsol. Dos años más tarde, la empresa fue indemnizada con 5.000 millones de dólares para zanjar el litigio.

Kicillof es un político joven ligado al marxismo mas radical, que fue convocado por la entonces presidenta Kirchner que tomaba como socios a los gobiernos de Cuba y Venezuela.

En aquel momento España y la UE cerraron filas contra una posible nacionalización de la petrolera argentina YPF, participada mayoritariamente por Repsol, pese a que el Gobierno de Cristina Kirchner aún no se había pronunciado oficialmente.

Después de versiones de prensa hablaran de la existencia de un proyecto de ley para «expropiar» el 50,11 por ciento de las acciones de YPF, el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, convocó al embajador argentino, Carlos Bettini, y le advirtió de que «cualquier agresión» que viole el principio de seguridad jurídica a Repsol será considerada una agresión contra España.

«YPF es importante para Repsol y Repsol es importante para España», afirmó García-Margallo tras reunirse con el enviado argentino en Madrid durante 45 minutos.

El canciller español hizo un llamamiento al diálogo y la negociación, y dijo que la ruptura de las relaciones con Argentina es «el peor de los escenarios» que se puede imaginar si no se soluciona el conflicto en torno a YPF, antigua empresa estatal argentina participada en casi un 57,43 por ciento por Repsol.

«Es hora del diálogo, la negociación, la llamada al sentido común y al buen acuerdo entre dos Gobiernos de dos países que han sido tradicionalmente importantes», afirmó García-Margallo, quien no quiso precisar qué medidas podría adoptar España si la negociación fallase.

García-Margallo afirmó que España ha pedido el apoyo a sus socios y que, además de con la Unión Europea (UE), ha hablado con la administración estadounidense y México, que ejerce la presidencia del G20. Además, anunció que remitirá una carta al Gobierno colombiano, para que introduzca el tema en la agenda de la Cumbre de las Américas.

«El Gobierno tomará las decisiones que corresponda. Las medidas no se anuncian, se adoptan. Espero que este Gobierno no tenga que adoptarlas pero, indudablemente, si tiene que hacerlo lo hará», afirmó por su parte la vicepresidenta española, Soraya Sáenz de Santamaría, asegurando que Madrid no tiene constancia de que el Gobierno de Kirchner haya adoptado decisión alguna sobre YPF.

El secretario de Estado español para la UE, Iñigo Méndez de Vigo, consideró que Argentina se podría convertir «en un apestado internacional» si rompe «las reglas de juego». Incluso, amenazó con que «no habrá avances» en las negociaciones para la firma de un acuerdo de asociación entre la UE y el Mercosur.

Desde Bruselas, la Comisión Europea expresó su «preocupación» por una posible nacionalización de YPF e instó a Argentina a cumplir sus compromisos internacionales sobre la protección de las inversiones extranjeras. «Por supuesto, estamos del lado de España en este asunto», comentó Olivier Bailly, uno de los portavoces de la Comisión, quien aseguró que la delegación de la UE en Buenos Aires ya se puso en contacto con el Gobierno argentino para trasladar las preocupaciones europeas.

No obstante, Bailly precisó que la situación actual es fundamentalmente «un problema bilateral» entre Argentina y España, y aseguró que la UE sigue comprometida con la conclusión del acuerdo con el Mercosur.

Las tensiones en torno a YPF han venido incrementándose en los últimos meses, en vista de que desde fines de febrero seis provincias argentinas retiraron a la empresa las áreas de explotación que tenía en concesión. La presidenta argentina reclama mayores inversiones a YPF y cuestiona el envío de ganancias al exterior, además del costo para el Estado de importar crudo para abastecer el mercado local.

No obstante, funcionarios argentinos negaron el jueves la existencia de un proyecto de ley para la «expropiación» de las acciones de YPF, al tiempo que Kirchner no se pronunció al respecto en unas declaraciones televisivas efectuadas antes de una reunión con gobernadores provinciales para hablar de la situación de la empresa.

Repsol, cuyo presidente Antonio Brufau mantuvo reuniones con el gobierno argentino en Buenos Aires, se limitó a publicar un breve comunicado en el que afirmaba que no haber recibido «notificación alguna» de las autoridades argentinas sobre YPF.

En España, el opositor Partido Socialista (PSOE) aseguró que apoyan las gestiones del Gobierno de Mariano Rajoy, del conservador Partido Popular (PP). La vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, apeló a la responsabilidad y la sensibilidad de Kirchner y consideró que Repsol «es una empresa muy importante».

Al mismo tiempo, Valenciano se refirió a Argentina como un país «serio y amigo», y recordó que Repsol-YPF se mantuvo allí en épocas muy críticas y con una gran crisis económica.

Cristina Kirchner fue condenada por corrupción en un tribunal federal de Buenos aires a seis años de prisión, en una sentencia que también recae sobre los hijos de la expresidenta.

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