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El Grupo de Expertos de la ONU sobre Nicaragua advirtió el martes (12.09.2023) que la persecución a la disidencia en el país centroamericano se ha recrudecido en los últimos seis meses y pidió al Consejo de Derechos Humanos «ampliar las sanciones» y enfocarse contra «instituciones e individuos involucrados en la comisión de crímenes internacionales».

En el segundo informe presentado al Consejo de Derechos Humanos (instancia que acordó su creación), el grupo también señaló que nada ha cambiado con respecto a su hallazgo de que en Nicaragua se está cometiendo desde 2018 el crimen de lesa humanidad de persecución por motivos políticos.

Esta denuncia la hizo inicialmente el pasado marzo, cuando responsabilizó de ello al presidente Daniel Ortega y a su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo. En esa misma investigación se determinó que ambos habían puesto a todo el aparato estatal al servicio de sus fines y de la impunidad que les rodea.

El presidente del Grupo de Expertos de Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) el alemán Jan-Michael Simon, dijo que el ensañamiento del gobierno con las personas que considera opositoras busca obligarlas a exiliarse, como ocurrió el pasado febrero con más 220 excarcelados a los que despojó de su nacionalidad y expulsó del país.

Denunció como un caso flagrante el de la defensora de los derechos humanos Vilma Núñez, que sigue en Nicaragua a pesar de vivir bajo amenazas y despojada de su nacionalidad; o la del obispo católico Rolando Álvarez, quien se negó a ser desterrado de Nicaragua y está detenido arbitrariamente.

A los que están en el extranjero se les niega el retorno y también se les priva de su nacionalidad, con más de 300 casos de este tipo registrados por el GHREN.

Otras violaciones incluyen la eliminación de los registros de nacimiento, la confiscación de bienes, incluidas viviendas, y la cancelación del pago de pensiones, así como amenazas de las autoridades contra familiares en Nicaragua.

El grupo pidió a Ortega que permita que sus miembros entren al país para ampliar sus indagaciones, y que autorice el acceso de organismos neutrales, como la Cruz Roja Internacional, a los centros de detención donde hay opositores reales o percibidos como tales para verificar sus condiciones.

A la comunidad internacional, les pidió que faciliten el acceso de los nicaragüenses sin nacionalidad a los procedimientos de identificación y que, en la medida de lo posible, les facilite la naturalización.

El número de personas opositoras y críticas con el Gobierno de Daniel Ortega que se encuentran en las cárceles de Nicaragua como «presos políticos» subió de 78 a 89, denunció este sábado (09.09.2023) el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas.

En las cárceles de Nicaragua hay «89 personas reconocidas como presas políticas a la fecha: 16 mujeres y 73 hombres (incluyendo 10 presos políticos detenidos previo a 2018)», indicó en un informe esta ONG, cuyos datos son avalados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El número se incrementó en 14,1 % en comparación con el dato anterior, precisó la fuente. Hasta agosto de 2023 ese organismo registraba 78 personas «presas políticas» en Nicaragua.

Entre el 1 y el 31 de agosto de 2023, período que abarca el informe, se registraron 24 «detenciones arbitrarias por posibles motivaciones de persecución política» ─incluidas dirigentes estudiantiles─, de las cuales 5 fueron liberadas y al menos 15 personas continúan en cárcel, anotó la ONG.

Por otro lado, ese mecanismo advirtió de una «nueva modalidad de celebración de juicios, los que se celebran sin el traslado de la persona acusada al Complejo Judicial, realizando las audiencias a través de videos conferencias, sin la posibilidad de comunicación con el abogado defensor de su elección».

Entre las 89 personas opositoras o críticas de Ortega ─que todavía siguen en prisión─ está el sacerdote Rolando José Álvarez Lagos, obispo de la diócesis de Matagalpa y administrador apostólico de la diócesis de Estelí, ambas en el norte de Nicaragua. El cura fue condenado a más de 26 años de prisión por delitos considerados «traición a la patria» tras negarse a ser expulsado a Estados Unidos en febrero de 2023.

También, se encuentran el periodista Víctor Ticay, colaborador del Canal 10 de la televisión local, la opositora Olesia Auxiliadora Muñoz Pavón y el dirigente estudiantil Jasson Salazar.

Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se ha acentuado tras las controvertidas elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, con sus principales contendientes en prisión o en el exilio.

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