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El gobierno conservador de Suecia anunció este viernes que dificultará el acceso de los inmigrantes a las prestaciones sociales, en un intento de disuadirlos de llegar al país escandinavo y de integrar mejor a los que ya se encuentran en él. «Desde 2012, más de 770.000 inmigrantes llegaron a Suecia desde países no pertenecientes a la Unión Europea ni al Espacio Económico Europeo», escribieron el primer ministro Ulf Kristersson y los líderes de los demás partidos de su coalición en un artículo publicado en el diario Dagens Nyheter.

«Debido a una política de integración que casi no plantea exigencias (a los inmigrantes), pero tampoco proporciona incentivos para integrarse en la sociedad, la gran inmigración creó una Suecia dividida», afirman, destacando «la segregación, la exclusión social, el desempleo, los malos resultados escolares y la falta de valores suecos comunes».

El país escandinavo, que cuenta con 10,3 millones de habitantes, tiene «problemas significativos» con los nacidos en el extranjero que están desempleados y dependen únicamente de las prestaciones, especialmente las mujeres. La comisión sobre el tema tiene previsto introducir reformas que obliguen a los inmigrantes a buscar trabajo y aprender sueco.

Los inmigrantes ya no podrán vivir únicamente de las prestaciones y se les exigirá una «actividad» a tiempo completo. El gobierno también planea introducir un tope en las prestaciones, de modo que no puedan recibir múltiples subsidios -por hijos, vivienda, desempleo, enfermedad, permiso parental, etc., lo que hasta ahora hacía más rentable cobrar prestaciones que conseguir un trabajo.

Finalmente, el gobierno dijo que los inmigrantes tendrían que esperar un período aún indeterminado antes de poder solicitar beneficios.

La decisión va de la mano con la fuerte ofensiva lanzada por Kristersson tras el ataque sufrido por hinchas suecos en Bélgica. El miércoles, junto a otras autoridades de la Unión Europea, impulsó la idea de reforzar la seguridad en las fronteras exteriores de la Unión y facilitar las expulsiones de aquellos inmigrantes cuyas solicitudes de asilo no hayan sido aceptadas.

«Si no somos capaces de proteger nuestras fronteras comunes, no seremos capaces de mantener el libre movimiento dentro de Europa», dijo Kristersson.

El Gobierno sueco decidió prolongar los controles fronterizos provisionales para reducir los flujos de solicitantes de asilo. Según explicó el Ejecutivo en un comunicado, las condiciones que llevaron a imponer los controles, necesarios para mantener el orden público y la seguridad interna, siguen todavía vigentes.

Suecia añadió otra medida adicional para reducir aún más los flujos migratorios y exigió a las compañías de transporte realizar un control de identidad de todos los viajeros que lleguen en tren, autobús o transbordador desde Dinamarca, con la amenaza de multas si se incumple esa nueva obligación.

Dinamarca contestó apelando a la misma cláusula del acuerdo de Schengen para restablecer los controles aleatorios en su frontera con Alemania. Suecia recibió el año pasado a 163.000 peticionarios, la cifra per cápita más alta en toda la Unión Europea y el doble que el año anterior, lo que hizo que el Gobierno de socialdemócratas y ecologistas pusiera fin a su tradicionalmente generosa política de asilo.

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