ARGENTINA

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En medio de la campaña electoral hacia el balotaje (segunda vuelta) del 19 de noviembre, la justicia de Argentina ha revelado la existencia de una red de espionaje ilegal con investigaciones sobre los Poderes Ejecutivo y Judicial, periodistas y empresarios destacados, presuntamente financiado por funcionarios kirchneristas.

La prensa independiente acusa a Cristina Kichner de ser responsable directa de la organización ilegal teniendo en cuenta que los hechos revelados y conocidos ahora ocurrieron ─la mayoría─ en los dos gobiernos de la actual vicepresidenta (2007-11 / 2011-15).

El fiscal federal Gerardo Pollicita firmó un dictamen en el que se expuso la existencia de miles de «objetivos» espiados de forma ilegal, con víctimas que abarcan desde el presidente, Alberto Fernández, y parte de su gabinete a opositores como el líder de La Libertad Avanza (derecha liberal).

La revelación del fiscal se desprende de otra causa judicial por espionaje y suplantación de identidad a magistrados de la Corte Suprema de Justicia argentina en abril de este año, en la que el principal imputado es el exoficial de inteligencia de la Policía Federal Argentina Ariel Zanchetta, detenido en junio pasado.

En esa causa también se encuentran imputadas dos personas de la provincia de Misiones (noroeste), que habrían vulnerado las comunicaciones telefónicas y electrónicas de los jueces mediante datos personales recogidos ─presuntamente de forma ilegal─ por una empresa llamada Sudamericana Data Group.

Según el informe del fiscal, los responsables de esa base de datos apuntaron que las búsquedas de información personal sobre los jueces fueron pagadas por Zanchetta, a quien la justicia encontró, tras un registro, 1.196 informes repartidos entre computadoras y teléfonos celulares que tenía en su poder.

De las pericias informáticas, que llevó a cabo la Dirección de Asistencia Judicial en delitos complejos y crimen organizado (Dajudeco) del Ministerio Público Fiscal, se desprenden conversaciones de Zanchetta y el diputado nacional de Unión por la Patria, Rodolfo Tailhade, en las que el acusado ofrece «chats» entre un funcionario capitalino y un asesor del presidente de la Suprema Corte.

Tailhade es el cerebro de los diputados que promueven el juicio político a los miembros de la Corte Suprema de Justicia que para Cristina Kirchner tienen mala predisposición con ella en las causas judiciales donde esta involucrada.

Cristina Kirchner recibió una sentencia de seis años y medio de prisión por corrupción que está apelada en la instancia superior y eventualmente llegará hasta la Corte.

Por otro lado, Zanchetta también recibía pedidos de espionaje por parte de un vocero kirchnerista, que se desempeña como responsable de comunicación de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y hombre cercano al legislador Máximo Kirchner, hijo de la vicepresidenta Cristina Fernández, y líder de La Cámpora, un grupo de jóvenes radicalizados que enfrentan cuando pueden a Estados Unidos y el FMI.

Estos informes recopilaban datos personales, patrimoniales, nombres de familiares de las personas investigadas y hasta seguimientos de cada uno de sus movimientos.

El caso continúa bajo investigación judicial a la espera de más pruebas, que todavía no se han dado a conocer, medidas que podrían llevar a otros allanamientos y el pedido del fiscal para volver a indagar a Zanchetta, ya que hasta ahora está procesado por espiar a los jueces de la Corte.

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