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La Corte Suprema de Brasil aprobó el miércoles una tesis jurídica que permite responsabilizar legalmente a medios de comunicación por la publicación de entrevistas con personas que atribuyan falsamente crímenes a terceros.

La tesis ─que deberá ser utilizada como referencia por tribunales de instancias inferiores─ establece que los medios de comunicación podrán ser hechos responsables por informaciones «injuriosas» y «mentirosas» bajo dos escenarios.

El primero es que en el momento de la publicación hubiera «indicios concretos» de que las acusaciones vertidas por la persona entrevistada eran falsas. El segundo escenario es si el medio «dejó de observar el deber de cuidado en la verificación de la veracidad de los hechos y en la divulgación de la existencia de tales indicios».

La entidad afirmó en un comunicado que «la Constitución prohíbe la censura previa, pero la libertad de prensa y el derecho a la información no son absolutos».

El caso viene de una denuncia de 1995 contra el Diario de Pernambuco por haber publicado una entrevista en la que un comisario de Policía acusaba, sin pruebas, a un político de haber participado en un atentado con bomba en el aeropuerto de São Paulo durante la dictadura militar.

El Diario de Pernambuco se amparó en la libertad de prensa, pero terminó condenado a pagar una indemnización al demandante, decisión que fue recientemente confirmada por el máximo tribunal.

Varias asociaciones de periodistas, entre ellas Reporteros sin Fronteras, firmaron una carta esta semana en la que alertaban de una «permanente amenaza de procesos judiciales» y de la posibilidad de autocensura en caso de que la Corte aprobase la tesis.

«Imputar una responsabilidad que no cabe a los medios puede forzarlos, por ejemplo, a tener que hacer un control previo de las respuestas de los entrevistados o a dejar de entrevistar», aseguraron los gremios firmantes. La carta citaba, además, que en los últimos 10 años se han registrado 6.000 denuncias que tenían como objetivo el «cercenamiento de contenido periodístico».

La organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) denunció que la prensa en la Amazonía de Brasil lleva «una diana a sus espaldas», víctima de amenazas, presiones y agresiones para evitar la cobertura de los problemas medioambientales en esta región.

En un primer informe sobre los retos periodísticos en la zona, RSF recopila hasta 66 casos de ataques a la libertad de prensa entre el 30 de junio de 2022 y el 30 de junio de 2023 en los nueve estados de la Amazonía brasileña.

«Quienes acaparan la tierra y los recursos naturales buscan silenciar cualquier voz que denuncie abusos y vulneraciones de los derechos humanos y de la legislación medioambiental», denunció la oenegé en un comunicado. «Amenazas, presiones, agresiones… Los profesionales de la información de la región llevan una diana a sus espaldas», agregó.

Las dificultades mediáticas en esta región, clave en la lucha contra el cambio climático, se hicieron patentes con el asesinato del periodista británico Dom Phillips y el indigenista brasileño Bruno Pereira. Ambos desaparecieron el 5 de junio de 2022 en el Valle de Yavarí, una remota reserva indígena en el norte de Brasil ─cercana a Colombia y Perú─ donde operan narcotraficantes, mineros ilegales de oro y cazadores furtivos.

La Policía atribuyó el crimen a pescadores con presuntos vínculos con una red de narcotráfico, que confesaron que dispararon a los dos hombres, descuartizaron sus cuerpos y los escondieron en la selva, donde fueron hallados diez días después.

El crimen «evidenció el desafío que supone garantizar la seguridad de los periodistas que siguen amenazados en la región», afirmó RSF.

Según la organización, de los 66 ataques recabados en un año, 16 están directamente relacionados con reportajes sobre la industria agrícola, la explotación minera, los pueblos indígenas y las violaciones de derechos humanos.

También, señaló que un tercio de los ataques se produjeron antes de las elecciones presidenciales de octubre de 2022, en las que Luiz Inácio Lula da Silva derrotó a Jair Bolsonaro, bajo cuyo mandato se disparó la deforestación de la Amazonía.

RSF advirtió que estas amenazas, sumadas a las presiones políticas y económicas, «puede conducir a la autocensura» de periodistas en el terreno, por lo que pide desarrollar políticas de prevención y protección para quienes ejercen la profesión.

«La defensa del periodismo libre, plural, independiente y local en Amazonía debe ser parte integrante de las medidas para abordar la emergencia climática», declaró su director para América Latina, Artur Romeu.

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