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El Ejecutivo comunitario tomó esta decisión tras un «análisis profundo» y «varios intercambios» con las autoridades húngaras que tenían por objetivo descongelar parte de los casi 22.000 millones que Budapest tiene asignados dentro de la Política de Cohesión por incumplimientos de la Carta Europea de Derechos Fundamentales.

Este movimiento coincide en el tiempo con la amenaza de Orbán de vetar la apertura de las negociaciones de adhesión con Ucrania en la cumbre de líderes del bloque de este jueves y de este viernes, en la que el político húngaro también amaga con bloquear el nuevo paquete de ayuda a Kiev de 50.000 millones.

El Ejecutivo comunitario, sin embargo, ha negado en varias ocasiones que ambos hechos estén relacionados y que los fondos europeos se fuesen a desbloquear para que el ultranacionalista húngaro diese su visto bueno a estas dos cuestiones.

En concreto, Bruselas exigía a Hungría medidas para reforzar el Consejo Nacional del Poder Judicial, mejorar la independencia judicial del Tribunal Supremo, eliminar obstáculos para que los tribunales húngaros remitan preguntas al Tribunal de Justicia de la UE y reformar el sistema de revisión de las sentencias del Tribunal Constitucional.

Las autoridades comunitarias han avalado los cambios introducidos para satisfacer estas demandas pero han avanzado que «vigilarán detenida y continuamente a través principalmente de auditorías y diálogo activo con partes interesadas» la aplicación de las medidas adoptadas por Hungría sobre su sistema judicial. «Si en algún momento en el tiempo la Comisión considera que las condiciones horizontales ya no se cumplen puede decidir bloquear la financiación» de nuevo, advierte el Ejecutivo comunitario, recordando que estas deben respetarse hasta 2027.

Hungría, sin embargo, no recibirá directamente los 10.200 millones liberados puesto que los fondos regionales sólo son reembolsados una vez que el país demuestra que ha ejecutado el gasto pertinente al que van dirigidos. Durante este tiempo Budapest ha acumulado 500 millones en facturas, con lo que esta cantidad sí podría entregarse en un primer momento.

En todo caso, siguen congelados los otros 11.700 millones en fondos regionales, vinculados a cuestiones como la libertad académica, la ley sobre protección de la infancia ─que la Comisión considera dirigida contra el colectivo LGTBI y ha llevado a los tribunales─ y las restricciones del acceso al asilo.

Además, Bruselas tampoco ve avances suficientes para liberar los otros 6.300 millones de estos fondos de Cohesión están congelados por partida doble a través del mecanismo de condicionalidad del Estado de derecho que busca proteger los intereses financierios de la Unión.

Para cerrar este procedimiento paralelo, la Comisión exige a las autoridades húngaras, además de completar la reforma para garantizar la independencia de sus jueces, otras medidas para combatir la corrupción y los conflictos de intereses y garantizar la transparencia en licitaciones de contratación pública.

A todo esto se suman los fondos que Hungría tiene disponibles en virtud de su plan nacional de recuperación (10.400 millones) puesto que para recibirlos debe cumplir, no solo con las cuatro condiciones ligadas a la independ

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) determinó este jueves (18.06. 2020) que la polémica ley húngara que impone obligaciones adicionales a las organizaciones no gubernamentales (ONG) que reciben financiamiento desde el extranjero es contraria a la normativa comunitaria, ya que supone una restricción «discriminatoria e injustificada».

A juicio del alto tribunal, la ley no respeta la libertad de circulación de capitales, el derecho a la vida privada y la libertad de asociación. Fue la Comisión Europea (CE) la que presentó la denuncia contra Hungría, luego de que ese país aprobara en 2017 una ley que aumentaba el control gubernamental sobre el trabajo de las ONG, muy críticas con las políticas del Gobierno nacionalista del primer ministro Viktor Orbán.

La normativa obliga a las ONG que reciben más de 23.000 euros desde el exterior a proporcionar en abierto una lista de donantes cuya ayuda supere los 1.400 euros, así como a definirse como una «organización financiada desde el extranjero». La Comisión Europea había advertido que estos obstáculos «podrían disuadir a la gente de hacer donaciones desde el extranjero a organizaciones de la sociedad civil en Hungría».

«Al imponer obligaciones de registro, de declaración y de publicidad a ciertas categorías de organizaciones de la sociedad civil que reciben ayuda del extranjero por encima de un determinado importe, y al contemplar la posibilidad de sanciones a las organizaciones que incumplan dichas obligaciones, Hungría ha establecido restricciones discriminatorias e injustificadas», señala el tribunal.

Para la justicia comunitaria, el objetivo de aumentar la transparencia de la financiación de las asociaciones «puede considerarse una razón imperiosa de interés general», pero apunta a que en este caso Budapest no ha demostrado por qué ese objetivo justificaría las medidas que plantea la legislación.

Según sus detractores, esta ley apunta al financiero estadounidense de origen húngaro George Soros, quien en 1984 creó la fundación Open Society Foundations (OSF) y bestia negra del primer ministro húngaro. Esta discrepancia se suma a otros numerosos desencuentros que ha tenido el gobierno de Orbán con las instituciones de la Unión Europea.

A todo esto se suman los fondos que Hungría tiene disponibles en virtud de su plan nacional de recuperación (10.400 millones) puesto que para recibirlos debe cumplir, no solo con las cuatro condiciones ligadas a la independencia judicial, sino también con otros 23 hitos y objetivos relativos al Estado de Derecho.

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