ARGENTINA

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Organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos de izquierda en Argentina se reunieron este viernes para convocar para el 20 de diciembre una de las manifestaciones pacíficas «más importantes» del país contra el ajuste económico y el protocolo «antipiquetes» del Gobierno de Javier Milei.

Al menos 50.000 personas, nucleadas en 80 organizaciones, esperan marchar desde el Congreso argentino hasta la Plaza de Mayo, en Buenos Aires, para protestar contra las medidas económicas anunciadas por el ministro de Economía, Luis Caputo, y las disposiciones presentadas por la de Seguridad, Patricia Bullrich, que impedirán el corte de calles y carreteras.

«El plan de ajuste brutal contra los trabajadores, claramente nos obliga a salir a protestar y reclamar que están dejando a miles de familias sin comida, a los jubilados en la indigencia y a los asalariados a punto de perder su trabajo», expresó a EFE el dirigente del Polo Obrero y referente piquetero, Eduardo Belliboni.

En este sentido, Belliboni indicó que escucharon el protocolo presentado por la ministra con mucha preocupación porque consideran que lanzó «amenazas inconstitucionales, ilegales y antidemocráticas».

«No sólo vamos a tomar las medidas necesarias para que se garantice esa movilización democrática y pacífica, sino que vamos a generar acciones legales contra la ministra por las amenazas que ha vertido contra los trabajadores por el derecho a manifestarse», adelantó el dirigente piquetero.

De acuerdo al protocolo presentado por el Ejecutivo argentino, las protestas sólo podrán llevarse a cabo sobre las veredas (aceras) y las fuerzas de seguridad aplicadas al operativo podrán portar armas de fuego, algo que desató la ira de los partidos y movimientos sociales de izquierda, que tacharon la medida como una «provocación».

«Tenemos un derecho constitucional y supranacional, que está aceptado por diversos organismos e instituciones de derechos humanos, como la Corte Interamericana. Son derechos universales y reconocidos desde el siglo pasado, no es algo que estamos inventando ahora», afirmó a EFE Liliana Alaniz, abogada especializada en crímenes de lesa humanidad e integrante del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia.

El nuevo protocolo «antipiquetes» fue presentado bajo un delicado escenario social y económico, ante el que el Poder Ejecutivo lanzó duras medidas de ajuste en un contexto inflacionario del 160,9 % interanual y con una pobreza del 45 %.

«El 20 de diciembre es un día simbólico para la Argentina, fue una gran rebelión popular que tiró abajo un Gobierno muy ajustador contra el pueblo. Esta marcha que se viene tiene un valor muy fuerte porque Milei acaba de anunciar un ajuste de los más grandes en la historia del país», dijo a EFE el diputado de la Ciudad de Buenos Aires por el Frente de Izquierda Gabriel Solano.

El próximo miércoles, se cumplirán 22 años de las violentas protestas de 2001, en medio de una explosiva crisis económica, que terminaron con 39 muertos y la renuncia del fallecido presidente radical Fernando de la Rúa (1999-2001).

Solano remarcó que el derecho a la protesta es troncal en la ciudadanía argentina, ya que permite «defender otros derechos».

«El anuncio de la ministra viola la Constitución Nacional, la única forma que el Gobierno tiene la posibilidad de algo así es mandar al Congreso una ley de Estado de Sitio, pero eso no ocurrió. Lo que está haciendo Bullrich es un acto de intimidación pública», explicó el diputado.

Entre las medidas, el Gobierno sancionará a quienes hagan, organicen, instiguen o sean «cómplices» de cortes; hará un registro de las organizaciones implicadas; se prohíbe protestar con el rostro cubierto o llevar niños a las marchas y se notificará a Migraciones si los participantes son extranjeros con residencial temporal.

«Esta historia de los protocolos no es nueva, ya en el 2016 lo intentaron aplicar y se los tuvieron que guardar porque no los pudieron poner en marcha porque es tan alto el grado de movilización que es imposible de aplicar», recordó a EFE la secretaria general del sindicato docente de la Universidad de Buenos Aires, Iliana Schelotto.

Para garantizar la protesta, las organizaciones buscarán tener una declaración de carácter judicial que impida a las fuerzas policiales actuar sobre la llegada de manifestantes; además, esperan conseguir apoyo de la Confederación General del Trabajo y Central de Trabajadores de la Argentina, principales fuerzas sindicales del territorio.

«No hay plata», dijo Javier Milei en su discurso inaugural frente a la plaza del Congreso ante miles de personas que corearon al unísono: «no-hay-plata», «no-hay-plata». «El ajuste es inevitable», remató el nuevo presidente.

Así comenzó la primera semana del nuevo gobierno de Argentina, que asumió con una herencia de 160% de inflación interanual y que propios y ajenos aseguran que, a corto plazo, solo puede empeorar.

Milei lo había avisado con total literalidad: «A corto plazo la situación empeorará».

Y antes de que se cumplieran 48 horas de gestión, su ministro de Economía, Luis Caputo, lo subrayó. El déficit es «el origen de los problemas económicos». «¿Qué es el déficit? Cuando se gasta más de lo que el país recauda», dijo y, en un mensaje grabado anunció un paquete de diez medidas que golpean a más de un sector.

Devaluación de la moneda, reducción parcial de subsidios al transporte de pasajeros y la energía, cierre de ministerios y secretarías, suspensión de obras públicas con sus consecuentes despidos, incremento de impuestos a las importaciones y exportaciones, y el retorno al cobro de impuesto a las ganancias para un sector de asalariados que había sido exceptuado por el anterior gobierno, son solo algunos de los lineamientos.

Acto seguido, los poderosos sindicatos emitieron comunicados en repudio a los anuncios. «No es la «casta». El ajuste lo paga el pueblo», publicó la Confederación General del Trabajo (CGT), y la Asociación Bancaria redobló la acusación. «Salvajes», se tituló el mensaje que publicó en la red social X, antes Twitter.

La Federación Agraria Argentina también se pronunció. «En campaña dijo otra cosa», reclamó el presidente de la entidad, Carlos Achetoni, en un programa radial. Luego, fueron convocados por el gobierno para una reunión en la que no hubo marcha atrás a las medidas, aunque la conflictividad no escaló.

Los que sí escalaron fueron los precios en supermercados, con aumentos que en algunos productos superan el 180%, según una lista de proveedores mayoristas que revisó CNN; en combustibles que subieron en algunos casos un 37%, así como en carnicerías, panaderías, plataformas de streaming con suscripción en dólar, etc.

«Efectivamente para alcanzar la estabilización de la economía se necesitan medidas entre las que esté presente la consolidación fiscal (…) la duda que nos queda y la crítica es la magnitud, es de una dimensión bastante mayor de la que parecía necesaria, tanto en términos fiscales como cambiarios», dice a CNN Guido Zack, director de Economía del centro de investigación Fundar.

Dos días más tarde, tocaron los anuncios en materia de seguridad. Patricia Bullrich, excandidata presidencial por uno de los partidos que se enfrentó con Milei en la primera vuelta electoral, ahora ministra del nuevo Gobierno, presentó su protocolo para combatir las protestas con cortes de calle.

«El que las hace las paga», dijo parafraseando al presidente y anunció una serie de pasos a seguir que apuntan a sancionar cualquier tipo de protesta que bloquee la libre circulación.

Rápidamente, agrupaciones de izquierda cruzaron a Bullrich en redes. «Es absolutamente inconstitucional. La que se ubica en el terreno de la ilegalidad es ella. El derecho a la protesta es el primero de los derechos», escribió Myriam Bregman, dirigente del Frente de Izquierda de los Trabajadores y excandidata a vicepresidenta.

Milei no dio declaraciones en sus primeros cuatro días en la presidencia. Tampoco la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, quien está a cargo de la cartera que vela por la contención social. El líder de La Libertad Avanza dijo en más de una oportunidad que ella iba a ser «la única con la billetera abierta», en relación a gastos para políticas sociales.

Las medidas que Milei prometió y aún no tomó ¿Decepcionó a sus votantes?

«Es como una mezcla de pragmatismo con conciencia de límites y restricciones, y una pérdida de la inconsciencia de la campaña electoral», dice el analista político, Facundo Nejamkis, a CNN al comparar la primera semana de la presidencia de Milei con sus propuestas originales.

«Milei trabajó sobre la conciencia y la cultura política de un montón de electores que yo no subestimaría de entrada y diría que todos ellos creían que nada del ajuste iban a tener que pagar», agrega. «Lo que está por verse es cuál es el nivel de resistencia que tienen los votantes en el país en relación a un programa que a todas luces cuando se aplica tiene mucho más de ajuste sobre la población en general que sobre la casta en particular», reflexiona el también director de la consultora Opina Argentina.

Más tarde, en una entrevista televisiva a LN+, el ministro Caputo dijo que tanto la dolarización como el cierre del Banco Central, ejes centrales de la campaña electoral de Milei, seguían en los planes de gobierno.

Como cada día, el viernes el vocero presidencial, Manuel Adorni, dio su conferencia matutina a periodistas y anunció algunos recortes en la administración pública, incluyendo la reducción de choferes y la flota de automóviles así como la venta de dos aviones pertenecientes a la petrolera YPF.

Adorni anticipó que probablemente la semana que viene se comiencen a «delinear los primeros trazos de las reformas estructurales» luego de las medidas de emergencia ya anunciadas

Finalmente el viernes, Milei apareció en Instagram y dijo que «todo el esfuerzo que recae en el sector privado es transitorio». «Hoy mi máxima prioridad es terminar con la hiperinflación (…) Estamos totalmente abocados en terminar con la inflación, en evitar la hiperinflación. De ahí que hicimos un programa hiperortodoxo con un fuerte ajuste fiscal para llevar el déficit financiero a cero», afirmó.

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