ARGENTINA

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Argentina decretó este lunes la emergencia energética «en los segmentos de generación, transporte y distribución» hasta el 31 de diciembre de 2024, con la intención de intervenir en los entes reguladores e iniciar la adecuación de las tarifas de luz y gas, habitualmente utilizadas por los gobiernos con fines populistas.

«Declárese la emergencia del Sector Energético Nacional en lo que respecta a los segmentos de generación, transporte y distribución de energía eléctrica bajo jurisdicción federal y de transporte y distribución de gas natural», según se publicó en el Boletín Oficial.

El decreto del Ejecutivo instruyó a la Secretaría de Energía, bajo la órbita del Ministerio de Economía, a establecer un programa para acomodar los costos de los servicios en «términos reales a los niveles de ingresos» para cubrir la inversión y garantizar la prestación continua de los servicios.

A tono con las medidas económicas de ajuste fiscal, el Gobierno del liberal Javier Milei dio inicio a la corrección de las tarifas en la electricidad y el gas natural, así como la intervención de los entes reguladores de ambos servicios para reacomodar los precios de luz, gas, agua, transporte, con precios a la población el diez por ciento del costo real.

Además, los interventores designados por el Ministerio deberán revisar las tarifas y hasta que estén definidas podrán «aprobarse adecuaciones transitorias y ajustes periódicos, propendiendo a la continuidad y normal prestación de los servicios públicos involucrados, a cuenta de lo que resulte de la revisión tarifaria».

La decisión del Gobierno se hizo efectiva mientras ocurren cortes en el suministro de energía eléctrica, con cientos de miles de afectados, a raíz del temporal que sacudió este fin de semana la provincia y la Ciudad de Buenos Aires, dejando hasta el momento 14 fallecidos, en un parque eléctrico sin modernización por falta de inversiones debido a la política de «tarifas baratas».

«Resulta imperioso encauzar la prestación de los mencionados servicios públicos bajo la plena vigencia de los marcos regulatorios respectivos (…) de no adoptarse medidas urgentes, se profundizará la deficiente calidad de servicio descrita en perjuicio de los usuarios», indicó el documento.

Por último, la Secretaría de Energía invitó a las administraciones de las provincias de Argentina a coordinar las acciones de emergencia necesarias para asegurar la prestación de los servicios de distribución de electricidad que correspondan a su jurisdicción.

Dos provincias de Argentina anunciaron el viernes medidas como congelar gastos o diferir el pago de salarios ante el impacto del plan de ajuste fiscal anunciado por el nuevo Gobierno de Javier Milei modificando un sistema donde gastaban sin atender el presupuesto solicitando luego ayuda del gobierno nacional.

El gobernador de Santiago del Estero (centro-norte), Gerardo Zamora (radical aliado al kirchnerismo), anunció este viernes medidas «preventivas» de «emergencia económica» y control del gasto público, incluyendo la congelación por seis meses de ciertos gastos y contrataciones.

Alegó que estas medidas se toman ante la difícil situación económica que vive Argentina y el plan de «shock» fiscal anunciado el pasado martes por el Ejecutivo de Milei y que, entre otras medidas, incluye un recorte de las transferencias a las provincias por parte del Estado nacional.

Por su parte, el gobernador de San Luis (centro), Claudio Poggi (Juntos por el Cambio, centroderecha), anunció este viernes que desdoblará y diferirá el pago de salarios a trabajadores estatales.

«Por primera vez en 40 años no podremos pagar los sueldos de diciembre y enero a fin de mes. Deberemos desdoblar en dos cuotas su pago», afirmó el mandatario provincial, quien apoyó la candidatura a presidente de Milei.

Días atrás, también las provincias de San Juan (noroeste) y Córdoba (centro) habrían anunciado recortes de gasto público, mientras otras han lanzado advertencias sobre las dificultades que afrontan en la administración y algunas, incluso, no descartan la posibilidad de emitir «cuasimonedas» (bonos emitidos por las provincias que circulan como moneda de pago) como ya ocurrió en Argentina tras el estallido de la crisis de 2001.

En este contexto, está previsto que los gobernadores se reúnan con Milei, quien asumió la presidencia el pasado domingo.

El Gobierno argentino advirtió que las fuerzas de seguridad no permitirán a partir de ahora ni cortes de calles y carreteras ni bloqueos a empresas como forma de protesta social o sindical.

«Las calles no se toman. Vamos a ordenar el país para que la gente viva en paz», aseveró en rueda de prensa la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, al presentar el nuevo protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación.

Bullrich aseguró que habrá sanciones severas para quienes hagan cortes, los organicen, instiguen o sean «cómplices» de estos.

El nuevo protocolo se presenta en un delicado escenario social y económico en Argentina, donde cerca del 45 % de la población es pobre y donde el Ejecutivo de Javier Milei, líder de la formación de derecha La Libertad Avanza y que asumió la Presidencia el 10 de diciembre, acaba de lanzar duras medidas de ajuste en un contexto de inflación del 160,9 % interanual.

Con este telón de fondo, organizaciones sociales han convocado a movilizaciones para el 20 de diciembre, aniversario de las violentas protestas de 2001, que se dieron durante una explosiva crisis económica y que terminaron con la renuncia del entonces presidente, el radical Fernando de la Rúa (1999-2001).

«Sin orden no hay libertad. Y, sin libertad, no hay progreso», afirmó Bullrich, quien advirtió que «quien las hace, las paga» y que sólo se permitirán protestas «sobre la vereda (acera)».

La ministra explicó que las cuatro fuerzas de seguridad federales y el Servicio Penitenciario Federal intervendrán frente a cortes, piquetes o bloqueos, sean parciales o totales, sin importar que los manifestantes dejen o no vías alternativas para el tránsito, y los efectivos actuarán hasta dejar totalmente asegurada la libre circulación.

«Para llevar a cabo estas medidas las fuerzas emplearán la mínima fuerza necesaria y suficiente y será graduada en proporción a la resistencia», afirmó.

Los organizadores de las protestas con cortes deberán afrontar los costos de los operativos de seguridad.

No se permitirá ir con el rostro tapado ni llevar niños a las movilizaciones, y se dará aviso a la Justicia en caso de «daño ambiental» si se queman neumáticos.

Además, la cartera trasladará información a la Dirección Nacional de Migraciones para el caso de manifestantes extranjeros con residencia provisional.

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