ARGENTINA

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Desde que el 19 de noviembre Javier Milei, el candidato por La Libertad Avanza, con acompañamiento de un sector de Juntos por el Cambio ganó el balotaje electoral y se consagró en el nuevo presidente argentino, se empezó a especular con una catarata de cambios en políticas económicas, muchas de las cuales fueron dadas a conocer recientemente por el flamante ministro de Economía Luis «Toto» Caputo, el martes 12 de diciembre.

Durante esa semana, previo al DNU que anunció Milei este miércoles por la noche en cadena nacional, el Centro de Opinión Pública de la Universidad de Belgrano (Copub) realizó un sondeo de opinión sobre las expectativas en el inicio del nuevo Gobierno.

Qué expectativas económicas y qué estados de ánimo predominan de cara a las próximas fiestas de fin de año y el inicio del verano; qué estrategias son las más utilizadas en el día a día para convivir con la elevada inflación y cuáles son las mayores preocupaciones económicas actuales para la ciudadanía son algunas de las consultas realizadas en el sondeo.

Entre los hallazgos, se encuentra que poco más de la mitad de las personas consultadas modificó sus decisiones vacacionales a partir de las medidas anunciadas por el nuevo Gobierno.

Según el relevamiento, que fue realizado entre el 13 y el 15 de diciembre sobre una muestra de 450 casos en la Ciudad de Buenos Aires, solo el 21% de las personas encuestadas cree que la economía estará mejor dentro de tres meses. Tres de cada diez consideran que estará peor, mientras que el 33% dice que estará igual.

El reciente Decreto de Necesidad y Urgencia N° 70/2023 – Bases para la Reconstrucción de la Economía Argentina («DNU») dictado por el Poder Ejecutivo Nacional ─que tiene jerarquía equivalente a las leyes─ marca el inicio de un proceso de profunda desregulación de la economía argentina.

Además de declarar la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, sanitaria y social hasta el 31 de diciembre de 2025, el DNU derogó numerosas leyes de intervención estatal en la economía, como la de Góndolas, Abastecimiento, Observatorio de Precios, Alquileres, Compre Argentino y de Sociedades del Estado con el objetivo de liberalizar el comercio, los servicios y la industria, y eliminar restricciones a la oferta de bienes y servicios que distorsionen los precios de mercado.

La salud no resultó exenta del proceso de desregulación. Por el contrario, la modificación del marco regulatorio en materia de entidades de medicina prepaga y del régimen de las obras sociales, así como la desregulación del mercado de venta de medicamentos, constituyen pilares esenciales de este nuevo proceso de flexibilización.

La implementación de este nuevo marco regulatorio permitirá, según los fundamentos del DNU, incrementar la competitividad del sistema y reducir con ello el precio de los productos comercializados, por un lado, y modernizar y agilizar la implementación de expendio de recetas y productos médicos, por el otro. Se prevé así un cambio radical en el sistema de salud, signado por la libre competencia por precio y por servicio.

La crisis del sistema de salud, que ha sido denunciada por distintos actores del sector sanitario, desde profesionales de la salud y prestadores de servicios hasta los propios afiliados de las entidades de medicina prepaga y obras sociales, sienta las bases para este nuevo sistema de flexibilización, cuyo eje primordial es aumentar la competitividad del sistema, con particular énfasis en liberar las restricciones de precios y reducir los costos de las prestaciones . Asimismo, el DNU contiene modificaciones en el marco regulatorio de la venta de medicamentos, en el sistema de trazabilidad y verificación de productos médicos, así como el fomento de los sistemas de recetas electrónicas, a fin de dotar de agilidad a la industria e incrementar la competitividad.

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