ARGENTINA

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El gobierno argentino publicó un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) a mediados de esta semana que, en pocas palabras, busca transformar la economía del país.

El decreto consta de más de 360 artículos que derogan o modifican decenas de leyes de una amplia variedad de temas, que va desde alquileres hasta exportaciones e importaciones, pasando por salud y privatización de empresas estatales.

«El problema no es el chef, sino la receta. Las ideas que han fracasado en la Argentina, lo han hecho en el resto del mundo», dijo Milei, rodeado por sus ministros. Según el presidente, el paquete de medidas ayudará a acabar con la «peor crisis inflacionaria en 40 años en el país».

También, servirá para frenar la «injerencia del Estado en la vida de los ciudadanos. De esa creencia de que los políticos son seres superiores se desprende un andamiaje institucional que hace que nadie pueda trabajar, estudiar o circular sin el permiso de ellos».

Tan pronto terminó la alocución del mandatario de ideología de derecha, hubo manifestaciones en la Ciudad de Buenos Aires y en varios estados argentinos. Pero también hubo voces que respaldaron la medida, calificándola de necesaria para frenar, entre otras, la alta inflación en Argentina, que, a noviembre de 2023, es del 160,9 %.

Juan Ramón Rallo, economista liberal español, celebró el decreto. «Estamos ante un paquete muy amplio de liberalización que aún no somos capaces de entender en toda su entidad. Pero a partir de los anuncios, es imprescindible para liberar el potencial productivo de la riqueza argentina», afirmó Rallo, decano de la Universidad de la Hespérides (España).

Algunas de las leyes que deroga el decreto de Javier Milei son la de alquileres y la de góndolas. La primera, plantea una vigencia mínima de un contrato de arrendamiento en 3 años, que estos no se pacten en dólares y que se actualice el precio del alquiler cada seis meses según la inflación.

La segunda, plantea que ninguna marca ocupe más del 30 % del espacio de un estante de supermercado, que haya 5 proveedores distintos de un producto y que estos se organicen de menor a mayor precio.

Sobre la ley de alquileres, Rallo planteó que «esta ha llevado a un hundimiento de la oferta de vivienda en Argentina. Su derogación posibilita que aumente». Y sobre la de góndolas, el doctor en Economía aseguró que ha llevado a un «encarecimiento de los costos operativos de los supermercados». Es decir, derogarlas favorece a estas empresas.

No obstante, también ha habido críticas. Uno de los puntos centrales, con dos artículos, del decreto de Javier Milei es la privatización de empresas estatales. Para ello, el DNU deroga la normativa que impide la privatización de empresas públicas y a su vez, ordena la transformación de empresas del Estado en sociedades anónimas. Es decir, en palabras de Rallo, «que su capital social esté dividido en acciones para vender o repartir esas acciones».

Esa y otras decisiones del decreto de Javier Milei han generado dudas respecto a si, con este, el presidente está usurpando responsabilidades propias del Congreso.

«El DNU de Milei es abiertamente inconstitucional porque se atribuye la suma del poder público. No es técnicamente un golpe de Estado, pero sí es un atentado contra el orden institucional y democrático», señaló el abogado constitucionalista argentino Gustavo Gerreyra.

Aun así, Manuel Adorni, vocero de Milei, defendió el decreto asegurando que apunta a que el Estado no intervenga en las decisiones de las personas.

«Creemos que no hay motivo para que un político o el Estado interfiera en las decisiones que las personas relazan día a día. Tanto qué comprar, a dónde ir o en qué invertir, son elecciones que cada uno debe llevar a cabo por sí mismo. Todas las desregulaciones realizadas van por ese camino», dijo Adorni citado por Forbes Argentina.

Con el Decreto de Necesidad y Urgencia, Javier Milei apunta a derogar una serie de leyes, con el fin de «destrabar ese andamiaje jurídico opresor que ha destruido al país. Ataca al déficit, que es la causa de nuestros problemas».

Aunque son más de 300 medidas, Milei presentó una lista de la décima parte de las medidas para explicar parte de las implicaciones del decreto. Entre estas están, por ejemplo, el inicio del proceso para privatizar empresas públicas.

*Imagen ilustrativa.

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