ARGENTINA

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El Gobierno de Javier Milei envió este miércoles al Congreso de la Nación un proyecto de ley para declarar la emergencia económica y desregular otros ámbitos en Argentina hasta finales de 2025.

La iniciativa implica la delegación de funciones al Ejecutivo en virtud de la declaración de «emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social hasta el 31 de diciembre de 2025», indica el proyecto.

El denominado proyecto de ley de «bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos» declara la emergencia pública hasta el 31 de diciembre de 2025, plazo que podrá ser prorrogado por el Ejecutivo por otros dos años, es decir, hasta el final del mandato de Milei, quien asumió la presidencia el pasado 10 de diciembre.

El Ejecutivo alega que este proyecto se promueve «con el espíritu de restituir el orden económico y social basado en la doctrina liberal plasmada en la Constitución Nacional de 1853».

Milei, cuya formación liberal La Libertad Avanza tiene una representación muy minoritaria en el Parlamento, ya había firmado la semana pasada un decreto de necesidad y urgencia de desregulación de la economía, incluyendo la derogación de varias leyes, que ha desatado protestas y es objeto de reclamaciones ante la Justicia.

Milei obtuvo un amplio triunfo en las elecciones presidenciales de octubre pasado donde un 56 % de la población aprobó su plan de «ajuste de la economía».

El proyecto de ley presentado este miércoles incluye, entre otros puntos, una reforma de la normativa electoral, cambios en el Código Penal para controlar las manifestaciones callejeras y facultades al Ejecutivo para privatizar empresas públicas.

Casi una semana después de firmar el decreto de necesidad y urgencia (DNU) con el que el nuevo Gobierno de Argentina pretende acometer la práctica desregulación económica del país, el presidente Javier Milei y su gabinete se enfrentan a una cascada de demandas judiciales en contra de la medida.

La primera en conocerse se presentó al día siguiente de que Milei anunció en una cadena nacional de radio y televisión la batería de más de 300 reformas de leyes y normas que contiene el decreto, que tendrá que aprobarse en el Congreso de la Nación, donde la derecha oficialista carece de apoyo parlamentario suficiente.

Varias organizaciones sociales y sindicales plantearon la nulidad del decreto 70/2023 al considerar que no existe la emergencia aducida por el Ejecutivo a la hora de tomar estas severas medidas económicas.

Desde entonces, el goteo de demandas y peticiones de inconstitucionalidad al decreto de Milei ha ido incrementándose.

Algunos de los denunciantes, como el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez, aseguran que el presidente está intentando «sustituir la función legislativa del Congreso y violar la división de poderes».

En el mismo sentido se han pronunciado otros denunciantes, que han acusado al Gobierno de «pretender avanzar con una estrategia de demolición sobre la sociedad argentina» y han solicitado que se suspendan los efectos del DNU por ser «inconstitucional y antidemocrático».

Por su parte, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, consideró que el decreto de desregulación económica es «completamente legítimo».

«¿Que puede llegar a haber reparos de los destructivos de siempre o de sectores que consideran de alguna manera que se les acabó el privilegio? No tengo dudas», reconoció Cúneo en una entrevista con el diario Clarín.

El ministro aseguró que la Justicia será quien tendrá que «analizar en forma imparcial» el DNU y reiteró que él «no le tiene miedo a la ilegalidad».

De momento, los recursos presentados contra el decreto empezarán a tramitarse en el Fuero Contencioso Administrativo, aunque el decreto podría enfrentarse a demandas en otros tribunales del país.

En boca de todos está el rol de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el máximo tribunal de Argentina, que eventualmente podría fallar en contra del decreto.

Hasta ahora, la Corte Suprema se ha pronunciado en dos ocasiones acerca de los decretos de necesidad y urgencia, refiriéndose en particular a la necesidad de que éstos sean validados por el Congreso de la Nación y de que el Gobierno los emplee con carácter «excepcional».

Mientras tanto, el Ejecutivo continúa buscando aliados en la Cámara de Diputados (que junto con el Senado conforma el Congreso de la Nación) para conseguir tramitar políticamente el controvertido DNU, principalmente entre los diputados de la coalición centroderechista Juntos por el Cambio, cuya excandidata presidencial, Patricia Bulrich, es ahora la ministra de Seguridad del Gobierno de Milei.

En las calles, varias organizaciones sociales como la Confederación General del Trabajo (CGT) ─la mayoritaria entre los trabajadores argentinos y de orientación peronista─ ya han convocado diversas movilizaciones esta semana contra el decreto de Milei, que fue recibido el miércoles pasado con sonoros «cacerolazos» en las calles de Buenos Aires y de otras ciudades del país.

Nunca se pronunciaron durante los 16 años de gobiernos kirchneristas a pesar de la enorme debacle económica y social que provocaron.

Sancionado el miércoles pasado por el mandatario liberal, aún no está claro cuando entrará en vigencia esta reforma total de la maltrecha economía argentina, que propone ─entre otras muchas medidas─ la privatización de más de sesenta empresas públicas, la derogación de leyes como la de alquileres o autorizar la conversión de los clubes de fútbol en sociedades anónimas deportivas.

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