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El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, cree que la doctrina de seguridad de su homólogo de Argentina, Javier Milei, tiene como objetivo «someter al pueblo a paquetes neoliberales», en alusión al protocolo de orden público que prohíbe los cortes de vías en las manifestaciones.

«En la Argentina de Javier Milei (…) la doctrina de seguridad es una doctrina traída de los manuales represivos de Israel, de Estados Unidos, para reprimir y acabar al pueblo, para someter al pueblo a los paquetes neoliberales, para entregar la soberanía de los países y acallar la voz de los pueblos», dijo el mandatario, en declaraciones que fueron retransmitidas este viernes por medios oficialistas.

El líder chavista comparó el modelo de seguridad de su país, «hecho por venezolanos», con el de Argentina, donde, dijo, «le dictan desde Washington en inglés» la forma de gestionar estos asuntos.

Las denuncia sobre violación a los derechos humanos en Venezuela por opositores ─la mayoría encarcelados─ como por organizaciones internacionales, nunca fueron atendidas por Maduro.

Maduro hizo este comentario luego de la primera manifestación en Buenos Aires en contra de las políticas de Milei, quien asumió el poder el pasado 10 de diciembre, en la que participaron unas 3.000 personas, según las autoridades.

El Gobierno argentino minimizó el impacto de esta primera protesta callejera contra el plan de ajuste económico y consideró exitosa la aplicación del nuevo protocolo de seguridad para evitar el colapso de las calles y carreteras por la acción de los piquetes.

Según la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, solo hubo «incidentes mínimos», entre ellos dos manifestantes detenidos y un agente de la Policía herido en el transcurso de las protestas en la capital.

El ascenso del liberal al poder significó una fractura ideológica en las relaciones entre Caracas y Buenos Aires, que vivieron tensiones durante la Presidencia de Macri, las cuales volvieron a normalizarse durante el actual mandato de Alberto Fernández.

Milei rechazó desde el comienzo de su gobierno la línea ideológica del kirchnerismo que hizo del triangulo Cuba-Nicaragua-Venezuela la sociedad política sobresaliente en las relaciones exteriores argentina provocando la furia de las organizaciones de izquierda que tienen mucho poder en el país.

Maduro ve a Milei como un representante de «la derecha neonazi» y ha alertado de una «tremenda amenaza» para la región, puesto que ─según el líder chavista─ el argentino pretende impulsar «un proyecto colonial en toda América Latina y el Caribe» que incluye la instauración de un «Estado represivo, paramilitar y parapolicial».

El Gobierno de Milei denunció a organizaciones sociales por la supuesta comisión de «extorsión» y «defraudación» al Estado en el manejo de planes de asistencia estatal y demanda a 14 agrupaciones que paguen unos 75.000 dólares por los costos del operativo de seguridad del miércoles pasado, día de la primera movilización contra el nuevo Ejecutivo, confirmaron fuentes oficiales.

«Hemos realizado la denuncia en los tribunales federales por los delitos de extorsión y defraudación al Estado por el manejo de planes sociales», anunció este viernes el portavoz de la Presidencia, Manuel Adorni, en su conferencia de prensa matinal en la Casa Rosada (sede del Gobierno).

Según Adorni, las autoridades han identificado y denunciado a 32 personas pertenecientes a diferentes organizaciones sociales convocantes de la marcha contra el plan de choque económico del Gobierno. La causa ya está siendo tramitada en el juzgado federal N.º 7 en lo Criminal y Correccional y está a cargo del juez Sebastián Casanello y del fiscal federal Gerardo Pollicita.

El caso surgió después de que el Gobierno habilitara días atrás una línea telefónica para tramitar denuncias de amenazas de dirigentes sociales contra beneficiarios de planes de asistencia, quienes supuestamente fueron obligados a participar en la protesta bajo la amenaza de no cobrar las ayudas si ni lo hacían.

La línea recibió 15.900 llamadas, de las cuales 1.100 «encuadraban con esa tipología» de delito, según las autoridades.

Además, serán cargados a las organizaciones sociales los costos del operativo de seguridad desplegado para controlar la protesta del miércoles, durante la cual unas 3.000 personas marcharon por el centro de la capital argentina para mostrar su rechazo a las políticas de ajuste y recorte del gasto público del Gobierno de Milei.

De acuerdo a un informe del Ministerio de Seguridad, se emplazará a 14 organizaciones sociales a pagar 60.000.000 de pesos (unos 74.557 dólares) por el dispositivo desplegado. La cifra a cobrar corresponde al consumo de combustible y el «promedio de horas/hombre» empleadas en el operativo, en el que intervinieron efectivos de la Policía federal y Gendarmería.

«Esta será la factura que le pasaremos a las organizaciones sociales. Vamos a intimarlas para que se hagan cargo de este gasto que no le corresponde a la ciudadanía», anunció Adorni.

Preguntado sobre la eventual convocatoria de un paro general por parte de la Confederación General del Trabajo (CGT, sindicato peronista), el portavoz de la Presidencia puntualizó que para el Gobierno no es un «hecho cierto» que pueda existir un paro general de los principales sindicatos del país. El Ejecutivo mantiene abiertos «los canales de diálogo de manera permanente», precisó.

Tras conocerse en la noche del pasado miércoles el decreto de urgente necesidad (DNU) con el que el presidente Milei pretende sentar las bases para la reconstrucción de la economía argentina mediante la desregulación económica y la reversión del déficit fiscal, arrecian las voces de rechazo hacia el plan de estabilización, ya que las centrales obreras consideran que las medidas del Ejecutivo recortan derechos sociales y laborales.

La peronista Central General de Trabajadores (CGT), que hasta ahora se ha mantenido al margen de las movilizaciones, ha convocado una marcha para el miércoles 27 de diciembre en la que exigirá la derogación del decreto, que ha sido publicado en el boletín oficial, pero sin fecha de entrada en vigencia.

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