OPINIÓN

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En este documento desarrollamos una propuesta con distintas reformas en el mercado
energético argentino ─y más específicamente en los sectores de electricidad y gas natural─ a ser puestas en práctica por la próxima administración política a partir de diciembre 2023.

Naturalmente, la coyuntura actual dado el devenir del funcionamiento de estos mercados
durante las últimas 2 décadas ─en cuanto a sus instituciones, reglas, decisiones y
resultados─, junto a la situación extrema en materia económica y social del país más
generalmente (dada la situación fiscal, de inflación, pobreza, etc.), imponen varias
consideraciones sobre la naturaleza de la propuesta.

Las reformas en el área de la energía llevadas a cabo a principios de los años 1990, por
medio de las cuales se introdujeron criterios adecuados para una importante modernización y mejoras sustentables en la calidad y cobertura de estos servicios, sufrieron fuertes retrocesos con la caída de la Convertibilidad y la contrareforma de las administraciones de Néstor y Cristina Kirchner post-2003.

Se abandonaron y revirtieron principios básicos respecto de: i) focalización de la regulación en los segmentos monopólicos (transporte y distribución –T&D), además orientada a permitir la recuperación de costos eficientes; ii) eliminación de subsidios cruzados y aplicación de precios costo-reflectivos; iii) promoción (progresiva) de la competencia (tanto en generación / producción upstream como en la comercialización). La intervención en los precios mayoristas, abandonando la «ley de un único precio» y reintroduciendo empresas públicas o al propio Estado Nacional en la comercialización mayorista, por un lado, y las distorsiones de los cuadros tarifarios (en cuanto a niveles y estructura –precios y tarifas múltiples según distintos consumos e ingresos de los usuarios residenciales) por otro lado, llevaron a fuertes distorsiones en la demanda (artificialmente alentada) y a la oferta (desalentada), con un marcado deterioro en la calidad de los servicios, crecientes subsidios fiscales, etc.

Por otra parte, tomando como punto de referencia la situación de 2001 ─a partir de la cual
se produjo de forma paulatina y con algunas contramarchas el cuadro anterior─ también han sido muy destacables los cambios tecnológicos en el sector eléctrico a nivel mundial (desde la proliferación de medidores inteligentes que permiten incorporar señales de precios que reflejen los costos de la energía en cada momento y son transmitidas a los consumidores finales en tiempo real, hasta los instrumentos inteligentes para programar los consumos de cada hogar en respuesta a dichas señales de precios, el desarrollo de recursos energéticos distribuidos –DER– que permiten descentralizar la generación de electricidad y su almacenamiento, y refuerzan la importancia de que las señales de precios sean correctas para inducir inversiones eficientes, la creciente relevancia de la cuestión ambiental (respecto de la reducción de emisiones de dióxido de carbono para cumplir con el Acuerdo de París COP21 para el año 2050), el desorden macroeconómico y el mayúsculo deterioro social.

Ante tal situación, obviamente compleja por la multiplicidad de correcciones que deben
llevarse a cabo en un contexto obviamente crítico, entendemos conveniente distinguir dos
niveles de propuestas: i) las que resultan impostergables y vienen a corregir las distorsiones más profundas en la organización eficiente de estos sectores que han sido aplicadas durante los últimos 20 años (en conjunto, la «normalización»), y ii) las que incorporan sobre dichas correcciones las reformas que tomen en cuenta los cambios tecnológicos, de objetivos ambientales y de realidad socio-económica de los usuarios, que restablezcan plenamente una organización eficiente para maximizar el bienestar general por medio de servicios energéticos provistos de forma descentralizada con la mayor calidad y al menor costo posibles.

Naturalmente, los niveles de propuestas i) y ii) deben ser consistentes entre sí, y la anticipación temprana de los rasgos salientes de las reformas en ii) será fundamental para preparar el sistema en dicha dirección, razón por la cual el anuncio de las reformas de largo plazo debe preceder al de las reformas inmediatas de transición.

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