ARGENTINA

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Tres personas sospechosas de integrar una «célula terrorista», fueron detenidas en Ciudad de Buenos Aires y alrededores. La Policía presume que el grupo tenía como objetivo «planificar una eventual acción terrorista».

«Detectives de la Unidad de Investigación Antiterrorista de la Superintendencia de Investigaciones Federales detuvieron a tres hombres mayores de edad, uno de ellos de nacionalidad siria, los cuales podrían pertenecer a una célula terrorista», indicó la Policía Federal Argentina (PFA).

Uno de los sujetos había intentado entrar a Argentina en un avión procedente de Colombia y que fue arrestado cuando arribó al aeroparque de Buenos Aires «Jorge Newbery». Además, otros dos individuos fueron capturados en el microcentro porteño y en la ciudad bonaerense de Avellaneda, presuntamente relacionados con un envío internacional «de una encomienda sospechosa de 35 kilogramos de peso» proveniente de Yemen y que sería recibida en uno de los domicilios de los investigados.

La policía también tiene indicios del ingreso a Argentina de otros tres ciudadanos de origen sirio y libanés, que tras llegar en vuelos comerciales separados se iban a reunir en la capital argentina para «planificar una eventual acción terrorista».

Las detenciones fueron producto de una investigación llevada a cabo por detectives de la PFA, junto con agentes de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal del Ministerio de Seguridad y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, bajo las órdenes del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°1, a cargo de la jueza María Servini.

El portavoz de la Presidencia, Manuel Adorni, destacó «el esfuerzo colaborativo» entre los distintos cuerpos policiales y de investigación que ha dado como fruto la detención de «tres individuos sospechosos de planificar acciones terroristas».

«Queremos felicitar, especialmente a la ministra de seguridad, Patricia Bullrich, y a todas las fuerzas de seguridad involucradas que hicieron un trabajo de inteligencia sumamente profesional; por supuesto, trabajando en conjunto con la Justicia y respondiendo a un pedido expreso del presidente de la nación», subrayó.

Por el momento, las fuerzas de seguridad se mantienen en estado de alerta ante la eventual llegada de otros supuestos terroristas, mientras avanza la investigación judicial con el análisis de los contenidos de los teléfonos celulares incautados a los detenidos.

Estos arrestos coinciden con el desarrollo estos días en Buenos Aires de los XV Juegos Macabeos Panamericanos, donde participan unos 4.200 atletas de la comunidad judía internacional pertenecientes a delegaciones de 22 países.

El Gobierno de Venezuela rechazó que la fiscal de Argentina Cecilia Incardona y el director general de Cooperación Regional e Internacional de la Procuración General de dicho país, Diego Solernó, dictaminaran que es procedente el pedido de decomiso realizado por Estados Unidos del avión venezolano-iraní retenido desde junio de 2022.

El Ejecutivo de Nicolás Maduro expresó, en un comunicado, su rechazo «de manera categórica» a esta decisión sobre el «secuestro de la aeronave», retenida «ilegalmente».

Caracas cuestionó los argumentos de ambos funcionarios argentinos, quienes consideraron un tratado suscrito entre Buenos Aires y Washington en el que ─según el dictamen─ «se comprometieron a brindarse asistencia mutua», lo que incluye la «cooperación en la ejecución de solicitudes de registro, embargo y secuestro».

En octubre de 2022, la Corte del Distrito de Columbia (Estados Unidos) pidió a las autoridades argentinas la confiscación del avión, objeto de investigación por posibles vínculos con el terrorismo internacional.

La aeronave, un Boeing 747 Dreamliner de carga, fue propiedad de la empresa iraní Mahan Air y actualmente pertenece a EMTRASUR, filial de la estatal venezolana CONVIASA, empresas que están sancionadas por el Departamento del Tesoro de EE. UU.

A juicio de Venezuela, la Justicia argentina «pretende desconocer» el «artículo 27 del Convenio sobre Aviación Civil Internacional, que establece la prohibición de paralización o embargo de una aeronave en servicio por cuestiones de patentes». Además, señaló que el tratado entre Argentina y EE. UU. «no puede ser aplicado a un tercer Estado, porque estaría en franca violación a las obligaciones asumidas en convenios multilaterales», que establecen «procedimientos para resolver este tipo de controversias».

Caracas adelantó que «recurrirá a las instancias internacionales que correspondan por este nuevo atropello que, a todas luces, denota parcialidad, discriminación, desconocimiento de las obligaciones internacionales asumidas por el Estado argentino, conducta inamistosa y carente de la más elemental cortesía internacional». Asimismo, exigió la «inmediata devolución de la aeronave».

La justificación del reclamo por la parte estadounidense es que fue una entidad iraní sancionada por el Departamento de Comercio de EE. UU. la que transfirió el avión a un tercero, algo prohibido precisamente a efectos de la sanción.

*Imagen ilustrativa.

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