Crisis y violencia en Ecuador, Noboa en jaque

INTERNACIONAL

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Presidente de Ecuador, Daniel Noboa / Foto: Presidencia de la República del Ecuador

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Encapuchados armados ingresaron este martes en el canal de televisión TC, en la ciudad de Guayaquil en el suroeste de Ecuador, y sometieron a su personal durante una transmisión en vivo.

En las imágenes en vivo se observaba a varios encapuchados con armas que mantenían en el piso a trabajadores del canal a quienes exigían que pidan en directo a la Policía que se retire del lugar.

Un grupo de hombres encapuchados, armados con fusiles y granadas, irrumpió este martes en un estudio del canal de la televisión pública TC en Guayaquil, en medio de una nueva arremetida del narco que sacude a Ecuador desde hace dos días.

«No disparen por favor, no disparen», se escucha decir a una mujer en las imágenes televisadas, mientras otras personas sentadas en el piso se cubren el rostro. El lunes, el gobierno ecuatoriano ordenó un estado de excepción de 60 días para responder a una ola de violencia con policías secuestrados, fuga de presos y ataques con explosivos.

La Policía de Ecuador confirmó que desplegó «unidades especializadas» a las afueras del canal de televisión TC, en la ciudad de Guayaquil, luego de que hombres armados sometieran al personal del medio durante una transmisión en vivo.

«Ante el ingreso de delincuentes a las instalaciones de un medio de comunicación en #GYE, nuestras unidades especializadas se encuentran desplegadas en el lugar para atender esta emergencia», informó la Policía en un su cuenta de X.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, reconoció existencia legal de un «conflicto armado interno» y ordenó a las Fuerzas Armadas ejecutar acciones militares. La Policía liberó canal de TV tras captura de 13 asaltantes.

Las medidas militares deben desarrollarse «bajo el derecho internacional humanitario y respetando los derechos humanos», agrega el presidente de Ecuador, Daniel Noboa.

La Corte Nacional de Justicia (CNJ) de Ecuador deploró este martes la «ofensiva del crimen organizado» en el país, luego de que en las últimas hora se registraran motines carcelarios, incendio de autos en las calles, atentados con explosivos y hasta el ingreso de encapuchados armados en un canal de televisión, hecho que se transmitió en vivo.

La CNJ, en un comunicado, dijo que «repudia severamente la ofensiva del crimen organizado contra la vida, libertad e integridad» de los ciudadanos y de la propiedad privada por parte de bandas delictivas. Asimismo, el pleno del supremo tribunal de administración de justicia deploró los ataques y amenazas que han surgido en contra del presidente de la CNJ, Iván Saquicela, y de la fiscal general del Estado, Diana Salazar.

«Esos hechos ponen de manifiesto la reacción violenta de las estructuras de corrupción y delincuencia frente al accionar del sistema de justicia», agregó la Corte.

Tras remarcar que la función judicial no ha sido amedrentada por la acción violenta del crimen organizado, el máximo tribunal llamó a jueces y demás operadores de justicia a aplicar decisiones que «coadyuven a la lucha contra el actuar de los grupos criminales y se evite la impunidad».

También expresó su respaldo al Gobierno del presidente Daniel Noboa por aplicar acciones encaminadas a superar la crisis de inseguridad que se abate sobre el país y también a las fuerzas del orden (policías y militares) por buscar preservar la seguridad ciudadana.

«Solicitamos de manera urgente a las autoridades de la Función Ejecutiva proporcionar el suficiente resguardo policial y militar a la Corte Nacional de Justicia y a los complejos judiciales del país», agregó la Corte en su escrito.

Finalmente, hizo un llamamiento a la unidad a todas las instituciones del Estado a enfrentar la ola de violencia en el país con «acciones conjuntas y articuladas».

Este martes, Ecuador soportó una jornada de terror por el accionar de grupos de delincuencia organizada (GDO), que se desató luego de que el presidente Noboa decretara el lunes un estado de excepción, que incluyó un toque de queda de seis horas durante la madrugada, como medida para atajar el avance de las acciones violentas en el país.

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