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Una treintena de familiares de los manifestantes presos en Cuba pidió el viernes al parlamento de su país aprobar una Ley de Amnistía que facilite su liberación.

De acuerdo con cifras oficiales, unos 500 cubanos fueron condenados hasta por 25 años por participar en las históricas manifestaciones del 11 y 12 de julio de 2021, aunque organizaciones de derechos humanos y la embajada de Estados Unidos en la isla contabilizan hasta mil.

Wilber Aguilera Bravo, padre de un joven condenado a 12 años de cárcel, entregó este viernes una carta en el parlamento para pedir a este órgano que «inicie los procedimientos correspondientes en la Asamblea Nacional para la redacción y debate, a fin de que sea aprobada una Ley de Amnistía».

Esto significa, el reconocimiento de que no hubo delito en manifestar la voluntad de cambio democrático que expresaron los ciudadanos en manifestaciones ocurridas antes, durante y después del 11 de julio de 2021, indica la carta pública.

Los firmantes destacan que «sufren persecución y acoso» de la seguridad del Estado y de la policía «como castigo por abogar» por sus hijos, padres y hermanos.

En varias ocasiones han denunciado que son impedidos de salir de sus casas con vigilancia policial y detenciones temporales.

«Se nos impide el derecho a la asociación y reunión pacífica, así como el derecho a la libertad de expresión» con «detenciones arbitrarias, interrogatorios, procedimientos de instrucción penal, cartas de advertencia, métodos de vigilancia sistemática y violaciones a la libertad de movimiento», añade la carta dirigida a Ana María Mari Machado, vicepresidenta de la Asamblea Nacional del Poder Popular.

Agregaron que continuarán «defendiendo a quienes no debieron estar un solo día en prisión».

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos envió una carta al ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, fechada el 5 de enero y a la cual la AFP tuvo acceso, para reiterar al gobierno que tiene varias vías legales para excarcelar a los prisioneros políticos, incluida la amnistía.

Además, puede recurrir al indulto, la licencia extrapenal, la libertad condicional y la sustitución de cárcel por sanciones alternativas, dijo en un documento enviado a AFP el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, con sede en Madrid.

Estados Unidos, la Iglesia católica y la Unión Europea han pedido la liberación de los manifestantes presos.

Según organizaciones no gubernamentales, en Cuba hay hoy más de 1.000 presos políticos, 700 de los cuales participaron en las protestas del 11 de julio de 2021. Esto significa que el número de presos políticos se disparó tras las protestas de julio de 2021. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las cifras exactas pueden ser difíciles de determinar, debido a la falta de transparencia en el sistema judicial y penitenciario de la isla.

Según el último informe mensual de la organización Prisoners Defenders publicado a principios de mayo, al menos 1.048 prisioneros políticos permanecen en las cárceles cubanas en el mes de abril. La organización, con sede en Madrid, registra además, entre ellos, a 31 niños y 4 niñas, 35 menores en total, que aún cumplen sentencia (32 de ellos) o están siendo procesados penalmente (3 de ellos).

En Cuba, las condenas por razones políticas se basan generalmente en leyes y regulaciones que se consideran restrictivas para la libertad de expresión, asociación y reunión. Estas leyes y regulaciones incluyen la Ley de Protección de la Independencia Nacional y la Economía de Cuba, la antigua Ley de Peligrosidad Predelictiva y otras disposiciones legales que pueden ser utilizadas para procesar y condenar a personas por actividades políticas consideradas subversivas por el Gobierno.

La Ley de Protección de la Independencia Nacional y la Economía de Cuba, también conocida como «Ley Mordaza», ha sido objeto de críticas por parte de organizaciones de derechos humanos debido a su amplitud y vaguedad. Se utiliza para criminalizar actividades que el Gobierno considera perjudiciales para la independencia y la economía del país, incluyendo la difusión de información contraria al Gobierno, la organización de protestas o actividades políticas no autorizadas, y la colaboración con medios de comunicación independientes del Estado.

Según Prisoners Defenders, en las prisiones cubanas hay más de 11.000 ciudadanos sentenciados por «peligrosidad social predelictiva», es decir, sin delito alguno cometido, con penas medias de 2 años y 10 meses. El Código Penal que les condenó, vigente hasta diciembre pasado, contemplaba que eran personas con tendencia a cometer eventualmente delitos en el futuro, por su conducta «en contradicción manifiesta con las normas de la moral socialista».

Según afirma la organización Prisioners Defenders en su informe sobre la tortura en Cuba, publicado este martes, 30 de mayo, todos los presos políticos son torturados. A esta conclusión llega la organización tras extraer conclusiones de los casos y experiencias de 181 prisioneros políticos, a quienes se entrevistó mediante formularios, si estaban en situación de contestarlos, así como de los testimonios de sus familias.

Los investigadores hallaron 15 patrones de tortura que se repiten en un porcentaje elevado de casos, como la privación de la atención médica, la desorientación intencionada, los trabajos forzados, el confinamiento prolongado, las agresiones físicas y la privación de líquidos, alimentos, sueño o comunicación con la familia, abogados defensores y allegados, entre otros.

Otras organizaciones y defensores de derechos humanos en Cuba llegan a conclusiones similares. La Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN), una organización independiente que monitorea los derechos humanos en Cuba, ha documentado casos de tortura y malos tratos en sus informes anuales.

Amnistía Internacional también ha informado sobre denuncias de tortura y malos tratos en Cuba, incluyendo golpizas, palizas, intimidación, humillaciones, confinamiento solitario y otros métodos de tortura física y psicológica. Estas denuncias señalan que tanto presos políticos como disidentes y activistas han sido y siguen siendo sometidos a tortura sistemática en Cuba.

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