Baja consumo de combustibles en Argentina

ARGENTINA

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Foto: Mike Mozart

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El consumo de combustible en Argentina cayó tras las fuertes subidas de precios desde diciembre último, alzas que continuarán en virtud de la política del nuevo Gobierno de Javier Milei para el sector de hidrocarburos.

Según diversas fuentes del sector consultadas por EFE, la demanda de combustible en las gasolineras bajó en enero casi un 10 %, salvo un leve alza de YPF.

El descenso en el consumo ya había comenzado a sentirse en diciembre, con un recorte del 7,8 % respecto a noviembre, según datos del Instituto Argentino de la Energía «General Mosconi».

En un contexto de elevadísima inflación y pérdida del poder de compra de los salarios en Argentina, los consumidores recortaron sus cargas en las gasolineras tras los fuertes saltos de precios registrados en diciembre, enero y a principios de este mes de febrero.

«Lo primero que se ha notado es un cambio en la modalidad de consumo, de las naftas «premium» a las comunes. Y en aquellas petroleras con precios de venta más altos se empieza a ver una bajada más pronunciada en los volúmenes de venta», dice a EFE el presidente de la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines de la Argentina (Cecha), Isabelino Rodríguez.

La nafta «súper» (la más económica en el mercado) se vende actualmente a 744 pesos (87 centavos de dólar/ 79 centavos de euro) por litro en las estaciones de servicio en Buenos Aires de YPF, la mayor productora de hidrocarburos y comercializadora de combustibles de Argentina.

Hasta noviembre de 2023, el valor de la nafta «súper» en la capital había acumulado en el año un alza del 107 %, por debajo de la inflación del 160,9 % acumulada en el año hasta ese mes.

Pero en diciembre hubo un alza mensual del 77,8 % y en enero, una del 26,4 %, producto de la nueva política del Ejecutivo de Milei de liberar los precios reprimidos de la economía y, en el caso de los combustibles, llevarlos a niveles más acordes con los mercados internacionales y más rentables para las empresas del sector.

«La no aprobación de la ley no afecta en lo más mínimo a nuestro programa económico», sentenció el ministro Caputo para intentar llevar calma a los mercados sobre el cumplimiento de la meta fiscal. Sin embargo, diversos analistas consultados por Forbes aseguran que los objetivos se verían comprometidos si no se logra un acuerdo con el Congreso.

Es que, en definitiva, la incertidumbre fiscal no llega solamente por el reciente rechazo del Poder Legislativo, sino por las negociaciones que obligaron a retirar el paquete de medidas que afectaba a la recaudación impositiva y al gasto.

«En términos fiscales, lo que cambia es el retiro del paquete fiscal del Congreso. No hay aumento de retenciones, no se revierte Ganancias y no hay una reforma jubilatoria que iba a generar un ahorro de 0,4 puntos del PBI. Estos tres conceptos implican un no achicamiento del déficit fiscal de 1,3 puntos del PBI», indicó a este medio el consultor económico, Iván Carrino.

A esa cuenta se sumarían otros 1,7 puntos por la caída del capítulo privatizaciones que hubiese generado un ahorro de esa magnitud por la eliminación de transferencias del Tesoro Nacional hacia las empresas públicas, sin contar los ingresos de carácter extraordinario que hubieran ocasionado esas ventas, según los cálculos del economista de Invecq, Santiago Bulat.

Ya desde una postura de apoyo explícito al Gobierno que no pretende ocultar, el director general de Fundación Libertad y Progreso, Agustín Etchebarne, le quita importancia fiscal a la ley y, asegura, como Caputo, que en enero ya se demostró que se puede llegar a un superávit fiscal sin aprobar ninguna normativa nueva.

«Lo cierto es que enero ya dio déficit cero incluyendo el pago de intereses. De modo tal, que el ajuste que está haciendo el Gobierno ya es muy grande. La no suba de impuestos no me preocupa porque yo creo que son negativos para la economía. Sí me preocupa el demorar la apertura de la economía, desregular y eliminar kioscos, entre otras cosas positivas que tenía la ley. Si se demora uno o dos meses no es grave, pero si se demuestra que el Gobierno no puede sacar ninguna ley, eso le da una debilidad enorme», comentó a este medio.

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