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Las autoridades de Perú mantendrán la orden de impedimento de ingreso al país del expresidente boliviano Evo Morales, después de que un tribunal revocó una resolución previa que había admitido un recurso de habeas corpus y anulado la alerta migratoria emitida contra el exgobernante, se informó el jueves.

La Segunda Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró «improcedente por sustracción de la materia» el habeas corpus presentado por un abogado en favor de Morales, tras considerar que la situación jurídica y libertad del exmandatario «en la actualidad se encuentran sin ninguna afectación» y «no ha mostrado si quiera algún indicio o intento de querer ingresar al Perú».

Fuentes de la Superintendencia de Migraciones confirmaron la decisión y señalaron que este fallo «resalta la soberanía del Estado peruano para regular el ingreso de extranjeros a su territorio», y «reconoce que la presencia de Evo Morales podría afectar la seguridad interna del país».

El Ministerio del Interior de Perú informó el 9 de enero de 2023 que, a través de Migraciones, había dispuesto «el registro del impedimento del ingreso al país de Evo Morales y de otros ocho ciudadanos bolivianos».

La medida se tomó en medio de la ola de protestas contra el gobierno de Dina Boluarte y la clase política peruana, que dejaron decenas de muertos, y tras señalar que se había detectado ingresos de ciudadanos bolivianos para «efectuar actividades de índole política proselitista», que se consideró que afectaban la legislación migratoria, la seguridad nacional y el orden interno.

En noviembre pasado, el Quinto Juzgado Constitucional de Lima declaró fundado en parte el habeas corpus presentado en favor de Morales, por lo que ordenó declarar la nulidad de la alerta migratoria y que se emita un dispositivo que regule estas disposiciones «con respecto de los principios y valores constitucionales y democráticos».

Sin embargo, tras una apelación de las autoridades, la Segunda Sala Constitucional concluyó que «el actuar de Migraciones no ha sido arbitrario» y que la decisión que tomó «se encuentra plenamente justificada» porque existió un informe de inteligencia en el que se calificó a Morales «como una persona peligrosa para la seguridad del Estado».

Por los fundamentos expuestos, el tribunal revocó la resolución del 17 de noviembre de 2023 y declaró «improcedente la demanda» presentada contra la Superintendencia de Migraciones.

El expresidente de Bolivia, Evo Morales, calificó de «ilegal e inconstitucional» la decisión de la Fiscalía de su país de acusarle formalmente por supuestos delitos de terrorismo y pedir su detención preventiva.

«De manera ilegal e inconstitucional, la Fiscalía de La Paz pretende imputarme por terrorismo con un audio alterado y sin ser notificado», dijo Morales a través de su perfil en la red social Twitter.

El exgobernante y líder cocalero, que reside en Argentina desde diciembre pasado, sostuvo que la decisión de la Fiscalía es «una prueba más de la sistemática persecución política del gobierno de facto» en su país.

«Pronto volverá la democracia y el Estado de derecho a Bolivia», añadió.

La Fiscalía General de Bolivia imputó al exmandatario (2006-2019) por supuestos delitos de terrorismo y su financiamiento, y solicitó nuevamente su detención preventiva.

El exjefe de Estado es investigado en el denominado «Caso Audio», por una grabación telefónica en la que una voz que se atribuye a Morales insta a bloquear ciudades durante el conflicto político y social que atravesó Bolivia entre octubre y noviembre de 2019.

La imputación formal es por «los delitos de Terrorismo y Financiamiento al Terrorismo, por presuntamente haber coordinado» con el dirigente cocalero Faustino Yucra, por teléfono, «el bloqueo de alimentos y cerco a las ciudades capitales (cabeceras de regiones bolivianas) durante los conflictos de 2019», informó la Fiscalía en un comunicado.

«De acuerdo con las investigaciones, se evidenció que el exjefe de Estado y el coimputado Faustino Y.Y. mantuvieron comunicación mediante llamadas telefónicas el 14 de noviembre de 2019, desde la ciudad de México», donde entonces estaba Morales, hasta El Torno, en Bolivia, según un comunicado de la Fiscalía.

Según la acusación, en esa conversación Morales habría instruido a Yucra a cometer actos ilícitos durante los hechos violentos registrados en el país a partir del 10 de noviembre de 2019, cuando el entonces mandatario anunció su renuncia denunciando que era forzado por un golpe de Estado.

Yucra fue enviado bajo prisión preventiva a un penal de la ciudad boliviana de Santa Cruz tras ser detenido en abril por acusaciones de terrorismo y sedición dentro de este mismo proceso judicial.

Morales, que solicitó refugio en Argentina, enfrenta varios procesos por distintas acusaciones en Bolivia, tras denuncias entre otros del propio gobierno interino boliviano por las que la Fiscalía ya emitió pedidos a Interpol para detenerle.

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