ARGENTINA

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El Gobierno argentino fijará el nuevo salario mínimo obligatorio, al elevarlo un 30 % durante febrero y marzo, ante la «falta de acuerdo entre las partes», condicionado por la aceleración inflacionaria del país y aumentos en la canasta básica alimentaria, según informaron este martes fuentes oficiales.

La suma es rechazada de plano por la central sindical CGT que reclama una recomposición salarial del 80 % dijeron fuentes gremiales que no descartaron la posibilidad de un paro general de actividades para respaldar el reclamo.

«No se ha logrado que las partes se pongan de acuerdo, el Gobierno debe fijar un salario mínimo y quedó fijado para el mes de febrero en 180.000 pesos (210 dólares / 198 euros) y para el mes de marzo en 202.800 pesos (236 dólares / 223 euros)», anunció el portavoz presidencial, Manuel Adorni, en su habitual rueda de prensa en la sede del Ejecutivo.

El mismo presidente Javier Milei no se mostró conforme con la solución inicial, rechazando la idea de fijar precios mínimos, «no me gusta» advirtió cuando explicó que se trata de un acuerdo entre privados y empresas.

El alza del 30 % se aplicará en dos tramos: un 15 % este mes y otro 15 % el próximo.

Desde diciembre pasado, el salario mínimo vital y móvil (SMVM) alcanza los 156.000 pesos (182 dólares), en un contexto inflacionario del 254,2 % interanual, 20,6 % mensual y costos de la canasta básica con un crecimiento interanual del 258,2 %.

El SMVM se fija en negociaciones entre cámaras empresariales, sindicatos y un representante del Ejecutivo, en tanto el Poder Ejecutivo está encargado de decidir las cuantías si no hay consenso, según lo establecido en la Constitución Nacional, así como una suma inicial a los contratos laborales.

Se trata de la primera subida dispuesta por el Ejecutivo de Javier Milei desde que asumió la presidencia, el 10 de diciembre pasado.

De acuerdo con la Confederación General del Trabajo (CGT), la mayor central gremial del país, las negociaciones quedaron estancadas, ya que los sindicatos pretendían un incremento del 85 %, a unos 337 dólares.

El Gobierno se vio forzado a definir el nuevo valor por decreto, una decisión que no es del agrado de Milei, con un aumento que ha quedado por debajo de la inflación, ya que en diciembre fue del 25,5 % mensual y en enero, 20,6 % mensual.

«Eso de fijar precios mínimos no nos gusta, es una cuestión que deben abordar los trabajadores con sus empleadores», había asegurado Milei durante una entrevista en Radio Rivadavia.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, adelantó que el Gobierno evalúa declarar la educación como un servicio esencial, tal y como estaba contemplado en el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 que fue suspendido por la Justicia.

«Se ha tomado la decisión de comenzar con la evaluación para declarar la educación como servicio esencial», planteó el funcionario en su habitual conferencia de prensa.

El DNU elaborado por el economista Federico Sturzenegger, asesor del presidente, contemplaba modificaciones en la ley laboral entre la que destacaba la inclusión de la educación como «servicio esencial» con intención de limitar el derecho a huelga.

En el artículo 97 se establece que se considerará como «servicio esencial» a la educación de nivel inicial, primaria y secundaria, como también los servicios de cuidado de menores y la educación especial. De esta forma, el Gobierno tiene capacidad de restringir el derecho a la protesta.

La educación pública en el país está manejada por el poderoso gremio docente que ha logrado contar con un Estatuto que le permite gozar de beneficios extraordinarios, que permite por ejemplo a los maestros y profesores utilizar días de inactividad (faltas) como ningún otro gremio.

Si bien no hay precisiones respecto a la fecha en la que se concretará la declaración, fuentes de Gobierno aseguran que será en lo inmediato y que quedará a cargo de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

La intención de la administración libertaria es exigir una prestación mínima en los días de paro y se enmarca en pleno conflicto salarial docente tras la decisión del Ejecutivo de no convocar a una paritaria nacional.

La responsabilidad salarial del sindicato docente esté en manos de los gobernadores provinciales, sin embargo el gremio exige un pronunciamiento del gobierno nacional para contar con un marco de discusión más global debido a las debilidades que muestran en algunas provincias.

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