ARGENTINA

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Los estudios del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) confirmaron que el ajuste presupuestario que está llevando a cabo el Gobierno del presidente Javier Milei es el más drástico que se haya visto en 30 años, precisamente desde la histórica reforma del Estado llevada a cabo por Carlos Menem.

La rapidez con la que el Gobierno está logrando ordenar las finanzas públicas es inusitada. El gasto primario devengado de la Administración Nacional registró una caída del 36,4% en términos reales durante el mes de febrero, mientras que ya se había registrado una caída del 30,1% en enero, y otra más superior al 23% en el último mes de 2023. Se concretan así tres meses consecutivos de «motosierra» al Estado.

Para lograr estos cometidos, el ajuste presupuestario que llevó a cabo el equipo de Luis Caputo se basó en tres ejes principales:

• Reducción del 98% de los gastos a cuenta de transferencias discrecionales para las provincias

• Reducción a una mínima expresión de todos aquellos gastos vinculados a la obra pública

• Racionalización de la planta de personal del Estado, congelamiento de nuevas incorporaciones, retiros voluntarios, y simplificación de la estructura burocrática (Ministerios, Secretarías, etc)

El análisis del IARAF confirmó que el gasto registrado en obra pública fue el más bajo de los últimos 31 años para cualquier mes de enero, y en febrero se habría mantenido esta tendencia. Solamente en el primer mes de 2024 se efectuó un ajuste no menor al 86% en términos reales sobre los gastos en obra pública, un dato verdaderamente histórico.

El Gobierno envía una firme señal de austeridad a los mercados, dando garantías para el sostenimiento del equilibrio fiscal (primario y financiero), y por lo tanto dando así una mayor dosis de credibilidad para la política monetaria del Banco Central.

La recaudación tributaria del Gobierno nacional se desplomó un 7% durante el mes de enero, un periodo para el cual se espera una fuerte tendencia bajista sobre el nivel de actividad. Sin embargo, esta caída fue holgadamente compensada y superada por el recorte de los gastos, por lo que no comprometió ninguna de las metas fiscales del Ministro Caputo.

La mayor parte de las caídas en la recaudación se asociaron a impuestos que no fueron actualizados debidamente por inflación, como por ejemplo el impuesto a los combustibles y Bienes Personales. También impactó fuertemente la reforma sobre la 4° categoría del impuesto a las Ganancias sancionada a finales del año pasado, con una fuerte caída recaudatoria de más del 38%.

La recaudación por IVA (fuertemente ligada a la evolución de la actividad) mantuvo una variación casi neutral en enero (una suba del 1,8%), mientras que los derechos de exportación crecieron en más de 50 puntos porcentuales y la recaudación por impuesto PAIS se disparó un 303% en enero.

Estas últimas cifras responden al plan de emergencia anunciado por Caputo a pocos días de asumir el cargo, pretendiendo evitar el deterioro de los ingresos fiscales en términos reales. El Ministro de Economía no está dispuesto a ceder la disciplina fiscal bajo ningún concepto.

El Gobierno del presidente Javier Milei continúa desarrollando el ajuste fiscal más importante de la historia de la democracia. La Ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, anunció una amplia maniobra de auditoría interna para poder racionalizar y limitar la estructura del sector público.

Como resultado de la evaluación que se llevó a cabo en los últimos meses, Pettovello confirmó el cierre de hasta 59 Centros de Referencia (CDR), hasta ahora dependientes del Ministerio. Estos centros se distribuían en diversos puntos del país, y su supuesta función fue la de «acercar a la población políticas públicas y promover los derechos sociales».

Muy pocas veces sirvieron para algo verdaderamente útil, y en la práctica los CDR funcionaron como una red de cajas políticas administradas discrecionalmente. Una de las tantas funciones atribuídas a los CDR fue la consumación de trámites administrativos de manera presencial.

En gran su mayoría, las personas que acudían a estos centros para resolver trámites no lograban su cometido, y simplemente eran derivadas hacia otras unidades administrativas del Estado para continuar con el engorro regulatorio.

La auditoría del Gobierno relevó, además, una tasa de ausentismo cerca al 50% en la mayoría de los centros relevados. Esto fue señalado como un «evidente ejemplo de burocracia e ineficiencia estatal» según el propio comunicado oficial del organismo.

El Ministerio de Capital Humano anunció que todos los trámites cubiertos por los CDR serán reinventados en formato digital, para modernizar y eficientizar el sistema. También se abrirá una nueva línea telefónica (0800-222-3294) para todos aquellos trámites vinculados a la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia.

Con el cierre de estos 59 centros, el Gobierno estima un ahorro de por lo menos $5.000 millones de pesos por año, recursos que podrán ser usados para profundizar la asistencia social sobre los sectores más vulnerables.

Cerca de $4.000 millones de pesos se dedicaban al pago de salarios sobre una planta de 600 empleados distribuidos en los CDR, la mayoría cumpliendo funciones prescindibles. Otros $88 millones de pesos se dedicaban a gastos de alquiler, y otros $20 millones adicionales para el traslado de una flota de 50 autos oficiales. Todo esto dejó de tener vigencia gracias a la auditoría que llevó a cabo la Ministra Pettovello.

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