ARGENTINA

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El gobierno de Javier Milei lanzó una masiva desregulación del mercado del transporte, en busca de incentivar el funcionamiento del libre mercado en el país. En ese sentido, se está ideando un plan para desregular dos de las principales actividades económicas en lo que refiere al transporte: la aerocomercial y los ómnibus de larga distancia.

La idea detrás de estas medidas sería reducir al máximo la cantidad de burocracia e impedimentos para las empresas del sector, en pos de que las mismas puedan ofrecer sus servicios de manera más libre y acorde a sus preferencias en la gestión de sus negocios.

En definitiva, medidas de esta índole lo que buscan es incentivar la inversión, la competencia y así mejorar tanto la experiencia del consumidor como de la empresa en el mercado. El gobierno busca normalizar el funcionamiento del sector y que el mismo se adecúe a las reglas de mercado, para que deje estar sujeto a las normativas arbitrarias que un burócrata toma desde un escritorio.

Cabe aclarar que no se tocará ninguna regulación pertinente a las normas de seguridad tanto en lo que refiere a la aerocomercial como en los ómnibus de larga distancia. Las medidas están siendo arduamente analizadas por el gobierno y se están discutiendo en consonancia con la sociedad civil y expertos en el mercado. La desregulación en el mercado de ninguna manera se traduce en una política más laxa en cuanto a las normas de seguridad.

En lo que respecta al sector aerocomercial, se pretende avanzar en una serie de medidas que vayan en línea con la política del gobierno de «cielos abiertos». El Ejecutivo, a través de la Secretaría de Transporte, pretende dejar atrás modelos de negocios proteccionistas y cruzados por ideologías de izquierda que cercenaban la libertad de las empresas y de los consumidores.

En ese sentido, destacan varias medidas a tomar que pretenden potenciar la libertad de mercado. En primer lugar está la erradicación de las audiencias públicas. Anteriormente, las empresas aéreas debían someterse a ellas para solicitar nuevas rutas. Esto se terminará y se simplificará el proceso para estas solicitudes, lo que abriría el juego para que más competidores entren al mercado, generando una mejor experiencia para el usuario.

Por otro lado, también se pretende ir hacia un proceso de digitalización de los trámites que deben hacer las empresas. Esto lo que busca es agilizar el tramiterio burocrático y adaptar el sector a los nuevos tiempos. Se pretende dejar atrás todo el papelerio ineficiente que solo retrasa los tiempos de las empresas y eleva sus costos.

Al igual que en el sector aerocomercial, el gobierno también pretende ir a una profunda desregulación de este sector, caracterizado por la regulación excesiva y estricta que impide su normal funcionamiento. Las empresas en este sector muchas veces se ven coercionadas a partir de normativas que le impiden desarrollar un plan de negocios acorde a lo que necesitan.

En ese sentido aquí se pretende implementar una batería de medidas muy novedosas. En primer lugar, se busca eliminar un conjunto de impedimentos y permisos a solicitar, lo que permitirá que estas empresas puedan llegar a puntos del país donde hoy no pueden acceder por cuestiones meramente burocráticas.

Por otro lado se pretende erradicar las normativas que obligan a las empresas del sector a asegurar la «conectividad» en distintos puntos del país. Es decir, se busca eliminar esas imposiciones que obligaban a las empresas a pasar por puntos no rentables solo porque un burócrata creía que eso era «justo».

Se busca así que la empresa sea quien decida su propio recorrido, y que si existen tramos que estas empresas no pueden hacer porque no son rentables, que sean los mismos mecanismos de mercado los que abastezcan la demanda que surgirá allí.

Por último, también se pretende avanzar en la modificación de la legislación laboral de este sector. El mismo se ha caracterizado por estar sujeto a convenios colectivos altamente estrictos e ineficientes que resultan absurdos para el normal desarrollo de una empresa moderna.

Por decisión de Javier Milei, toda la flota de aviones de la Presidencia será transferida en los próximos días a las Fuerzas Armadas, particularmente a la Fuerza Aérea, para que el organismo disponga de las aeronaves, tanto en lo que respecta al mantenimiento como a la operación, aunque seguirán dando servicios al Presidente de la Nación.

De acuerdo con lo que precisaron fuentes oficiales, los vehículos pasarán a estar en manos de la fuerza que encabeza el brigadier mayor Fernando Luis Mengo, designado por el ministro de Defensa, Luis Petri.

Entre las aeronaves que serán entregadas a esa institución, se encuentra el imponente Boeing 757-256 que Alberto Fernández compró recientemente para que sea el avión personal del presidente, código ARG 01, ex Tango 01, el cual comenzó a ser utilizado el año pasado.

Aunque no será una reducción del gasto público en términos netos, los costos de mantenimiento ahora saldrán del presupuesto de Defensa, por lo que los gastos del Gobierno Nacional reducirán.

En total, son dos aviones y tres helicópteros que se transfieren, el Boeing 757 (ARG 01) y un Boeing 737 (ARG 02), ya que también existe un Leart 60 (ARG 03) que ya estaba en manos de la Fuerza Aérea, además un Black Hawk S70 (ARG 10), un Sikorsky S 76 (ARG 11) y un Sikorsky S 76 (ARG 12).

Todos ellos se traspasarán y el objetivo es que el organismo de defensa tenga, además del mantenimiento de la flota, también la conducción operacional, por lo que podrán usarlos para sus tareas, además de trasladar al presidente, aunque Milei por el momento ha realizado todos sus viajes por vuelos comerciales.

«La intención es realizar el traspaso de la flota de aviones a la Fuerza Aérea, por lo que se siguen realizando las auditorías y los relevamientos pertinentes para continuar con el cumplimiento de la orden del Presidente de la Nación. Si bien la flota ya es operada y mantenida por personal de la Fuerza Aérea, lo cierto es que hoy depende formalmente de la Secretaría General de Presidencia. Siempre buscando la eficiencia. Fin», detalló el vocero presidencial, Manuel Adorni.

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