ARGENTINA

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El secretario de Finanzas Pablo Quirno confirmó públicamente un nuevo acuerdo entre el Gobierno argentino y la CAF, a través del cual se abre una línea de financiamiento por US$ 400 millones de dólares para fortalecer el desarrollo de la política social.

En un contexto de gran acomodamiento de precios relativos (tarifas de servicios públicos, bienes transables, etc), el rol de la política social del Gobierno resulta fundamental para atender a los sectores más expuestos a la crisis. Así lo reconoció el presidente Javier Milei desde su asunción el pasado 10 de diciembre, anticipando que la cartera social es la única que permanece abierta según lo requiera la coyuntura.

La CAF proveerá financiamiento de hasta 400 millones de dólares para reforzar el Plan Alimentar, un programa que alcanza a 4 millones de argentinos en todo el país (beneficiarios directos de las ayudas, sin intermediarios).

El Plan Alimentar beneficia a madres o padres con hijos e hijas de hasta 14 años, embarazadas a partir de los tres meses, personas con discapacidad y madres con 7 o más hijos que reciben una pensión no contributiva. Sin lugar a dudas, estos sectores están más expuestos a la inflación y al ajuste macroeconómico en relación a otros, ya que casi la totalidad de sus canastas de consumo se componen por alimentos.

La asistencia social para los menores de 14 años resulta en la actualidad la principal preocupación del Ministerio de Capital Humano, y las razones son conocidas. Este segmento etario concentra una proporción de pobreza más elevada que cualquier otro segmento de la población.

Y no conforme con esto, la falta de aprendizaje y desarrollo en edades tempranas también condicina el crecimiento del país con vista a las próximas décadas, ya que el capital humano es un factor fundamental que conduce al desarrollo de las naciones.

El Ministro de Economía Luis Caputo participará en la LV Asamblea Ordinaria de CAF realizada en Punta Cana, en donde se abre la posibilidad de discutir nuevos préstamos para seguir reforzando los programas de asistencia social en Argentina.

El secretario Quirno también tomó contacto con representantes del Banco Europeo de Inversiones (BEI), y el Banco Mundial podría ser otro gran actor relevante en financiar programas sociales. Gracias a este último organismo fue posible relanzar el programa de Becas Progresar a mediados del año pasado, y es reconocido por la promoción de este tipo de iniciativas.

La motosierra del presidente Javier Milei llegó finalmente al Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), con una resolución firmada por el nuevo director del organismo, Carlos Pirovano, quien fue designado para aplicar los recortes en el cine público.

El INCAA depende de la Secretaría de Cultura que conduce Leonardo Cifelli, que a su vez depende del Ministerio de Capital Humano de Sandra Pettovello. El Instituto posee 645 empleados y unos 500 son de planta permanente.

Sus actividades se financian a través del Fondo de Fomento Cinematográfico, que incluye impuestos a la cultura de todo tipo. Uno es el 10% sobre el precio de las entradas de espectáculos cinematográficos en todo el país, otro es el 10% sobre el precio de venta o locación de videogramas grabados y además, recibe un porcentaje de la facturación bruta por publicidad en los servicios de comunicación audiovisual.

Con el título de «Suspensión de Erogaciones Económicas en el marco de racionalización de recursos», se darán de baja de todos los contratos que se vencen el 31 de marzo de este año, se suspenderá el pago de horas extras, y se quitará apoyo económico a las provincias.

Además de eliminar los subsidios adicionales en concepto de Seguridad en todos los edificios del Instituto y suspender los viáticos de los empleados, los gastos de telefonía celular, la compra de comida para los almuerzos y el pago de traslados.

A su vez, la semana pasada, Pirovano le comunicó a los delegados gremiales del INCAA que no se reincorporaría a la gente ya despedida, unos 90 trabajadores estables y más de 80 que eran tutores de los proyectos presentados, y que habría nuevos despidos.

También se está analizando cerrar la plataforma digital y audiovisual Cine.ar, el «Netflix de Cristina», vender el cine Gaumont, que se encuentra a unos 200 metros del Congreso de la Nación, y quitar los subsidios a festivales del cine como el de Mar del Plata.

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