VENEZUELA

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El Gobierno de Venezuela anunció este martes que vetará su espacio aéreo a Argentina hasta que compense los daños causados por la incautación de un avión de la compañía estatal Conviasa, que estuvo retenido en Buenos Aires desde junio de 2022 y fue enviado a Estados Unidos en febrero pasado.

«Ninguna aeronave, que provenga o se dirija a la Argentina, podrá sobrevolar nuestro territorio, hasta que nuestra empresa sea debidamente compensada por los daños causados, después de las acciones ilegales realizadas, sólo con el fin de complacer a sus tutores del norte», expresó en X el canciller venezolano, Yván Gil.

El funcionario reaccionó así a las declaraciones del portavoz presidencial argentino, Manuel Adorni, quien, en su habitual rueda de prensa en la Casa Rosada (sede del Gobierno), remarcó hoy que su país «no se va a dejar extorsionar por los amigos del terrorismo».

Buenos Aires informó hoy del inicio de «acciones diplomáticas contra el Gobierno de Venezuela, encabezado por el dictador Maduro» por esta medida, entre las que baraja la posibilidad de una denuncia ante la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) por «violar el Convenio sobre Aviación Civil Internacional», conocido como Convenio de Chicago (1944).

Las relaciones entre Venezuela y Argentina cayeron en picada tras la llegada al poder del presidente Javier Milei, con quien el presidente Nicolás Maduro intercambia insultos con frecuencia y al que llamó «bandido» y acusó de «robar» el avión decomisado.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, prolongó por un año la declaración de emergencia nacional sobre Venezuela, por la «amenaza» que representa para «la seguridad» y «la política exterior» de Estados Unidos, informó este martes (05.03.2024) la Casa Blanca.

En 2015 Estados Unidos emitió un decreto que declara una emergencia nacional con respecto a este país caribeño.

En él denuncia «la erosión de las garantías de derechos humanos», «la persecución de opositores políticos, la restricción de la libertad de prensa, el uso de la violencia y violaciones y abusos de derechos humanos en respuesta a protestas antigubernamentales», «detenciones arbitrarias de manifestantes» y «la presencia cada vez más exacerbada de una importante corrupción gubernamental».

Estas circunstancias «continúan representando una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos», asegura la Casa Blanca. Por ese motivo, Biden decidió prolongar el decreto un año más.

Washington no reconoce la reelección de mandatario venezolano Nicolás Maduro en 2018 por considerarla fraudulenta.

Venezuela se encuentra bajo sanciones estadounidenses. El Gobierno de Biden levantó parcialmente algunas a finales del año pasado en un gesto de buena voluntad tras un acuerdo alcanzado en octubre de 2023 con la oposición, que fijó las presidenciales para el segundo semestre de 2024.

Este martes el Consejo Nacional Electoral (CNE), de línea oficialista, anunció que las elecciones se celebrarán el 28 de julio de 2024, con Maduro como candidato natural a la reelección y la oposición contra las cuerdas con su principal aspirante inhabilitada.

El levantamiento de la inhabilitación de todos los candidatos a los comicios era otro de los requisitos del acuerdo de octubre de 2023. Y el Gobierno de Biden acusa a Maduro de incumplirlo.

Últimamente advirtió a Caracas que si no «cambia de rumbo» reimpondrá sanciones al sector petrolero y del gas en abril de 2024, como ya hizo en enero con la minera estatal de extracción de oro venezolana.

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