VENEZUELA

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«¡Iremos a una nueva victoria!», gritó el presidente venezolano, Nicolás Maduro, después de que el partido de gobierno formalizara este sábado su candidatura a la reelección para un tercer mandato. ¿A quién enfrentará? La oposición está en una encrucijada tras la exclusión de la aspirante que podía ganarle la carrera.

Maduro, se había comprometido con su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, a celebrar las elecciones presidenciales en el segundo semestre de este año.

Más de cuatro millones de militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), que Maduro preside, decidieron por «aclamación» postular al mandatario de 61 años en las elecciones del 28 de julio. «Acepto la candidatura presidencial para los comicios del 28 de julio. ¡La acepto, la asumo y con el apoyo del pueblo iremos a una nueva victoria!», clamó Maduro en un congreso de la agrupación política fundada por el fallecido expresidente Hugo Chávez (1999-2013).

«Aquí hay un solo destino: la victoria popular; hagan lo que hagan, digan lo que digan, no han podido ni podrán jamás con nosotros», expresó. El acto fue una formalidad. Maduro está en campaña desde hace semanas y multiplica sus apariciones en público, hasta hace poco una excepción. Heredero de Chávez, entre los dos suman un cuarto de siglo gobernando Venezuela.

El primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, considerado el número dos del chavismo, entregó el estandarte de la formación a Maduro. «A pesar de todas las adversidades, (Maduro) ha logrado mantener la paz en este país, haciendo política, derrotando la oligarquía, no una vez sino muchas veces», dijo Cabello, que recordó que los militantes del PSUV respaldaron, en asambleas previas, que el jefe de Estado busque una segunda reelección consecutiva.

Los miles de simpatizantes que se reunieron en el Poliedro de Caracas, el mayor aforo techado del país, respondieron afirmativamente cuando se les preguntó si aprobaban postular a Maduro «como candidato del PSUV y de la revolución bolivariana» para los comicios de julio.

La oposición busca, por su parte, definir un nombre que pueda postular ante la inhabilitación para ejercer cargos públicos de María Corina Machado, favorita en las encuestas y a quien el gobierno acusa de corrupción y de pedir una invasión extranjera, que ella niega. La aspirante de centroderecha, no obstante, ha descartado abandonar su candidatura. Machado arrasó en octubre pasado en las primarias opositoras y si pudiera participar, coinciden las encuestas, derrotaría a Maduro por amplísimo margen.

La Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional (CPI), mediante sentencia emitida el pasado 1 de marzo, desestimó la apelación realizada por el régimen de Nicolás Maduro y confirmó la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI, que había autorizado al fiscal Khan a continuar la investigación sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela durante los últimos años.

El régimen de Nicolás Maduro reaccionó negando que tales crímenes hubieran ocurrido, acusando a la Corte de estar parcializada y de «instrumentalizar los mecanismos de justicia penal internacional con fines políticos».

En febrero, Yván Gil, ministro de Exteriores del Gobierno de Maduro, acusó a la oficina técnica del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) de ser «el bufete particular de un grupo de golpistas y terroristas». Tras estas declaraciones, suspendió las operaciones de la oficina en Venezuela y ordenó a sus miembros abandonar el país en un plazo de 72 horas.

La medida del régimen respondió directamente a las críticas de la ACNUDH, que había expresado su «profunda preocupación» por la detención arbitraria de la activista y defensora de los derechos humanos Rocío San Miguel por parte de las fuerzas de seguridad del Estado.

Estas actuaciones del régimen chavista no son fortuitas, sino que forman parte de un patrón de conducta de resistencia, obstaculización y crítica a la acción y supervisión del sistema internacional de justicia y protección de los derechos humanos en el país. Este patrón se observa desde los inicios del chavismo, en 1999.

El objetivo de esta estrategia es intentar eximir al Estado venezolano y a sus máximas autoridades de sus responsabilidades internacionales en materia de derechos humanos. Lo más grave de este comportamiento es que ha venido acompañado de un aumento significativo de las violaciones de derechos humanos en Venezuela, tal como lo han venido documentado en sus informes los organismos internacionales de protección de los derechos humanos.

Desde su creación en el año 2000, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), dominada por el chavismo, cuestionó, obstaculizó y rechazó de forma sistemática las decisiones condenatorias de instancias internacionales de protección de derechos humanos.

En 2003, la Sala Constitucional se arrogó, mediante sentencia, la potestad de decidir qué tratado internacional y qué decisión de un organismo de protección de derechos humanos se aplicaba en el país. En esa misma oportunidad, estableció que las recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) «no son obligatorias» ni para el Gobierno ni para los jueces venezolanos.

En 2008, la Sala Constitucional declaró que las decisiones condenatorias de la Corte IDH en contra del Estado venezolano por violación de derechos humanos eran «inejecutables» y de «imposible cumplimiento» en el país. Bajo este criterio, seis sentencias de la Corte IDH han sido desacatadas por el régimen chavista hasta la fecha, incluyendo las relacionadas con la inhabilitación de Leopoldo López (2011) y el cierre del canal de televisión «Radio Caracas Televisión» (2015).

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