ARGENTINA

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La legislación laboral argentina promovida por los gobiernos de Néstor y Cristina kirchner fracasó irremediablemente en todos los frentes posibles para analizar, demostrando la necesidad urgente de reformas que el Gobierno del presidente Javier Milei (dic 2023/27) propone lanzar.

En lo que respectos al mercado del trabajo, el fracaso argentino puede ser medido desde dos puntos de vista diferentes: la evolución del empleo en el sector privado formal (una suerte de termómetro sobre cómo funciona la economía) y proporción de empleo no registrado sobre la base del total de los puestos de trabajo que se crean.

La cantidad de puestos de trabajo medidos en el sector privado registrado no creció absolutamente nada desde septiembre de 2011. De hecho, registró un ligero declive en torno al 1,1% hasta diciembre de 2023, tomando como referencia a la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL) que releva el Gobierno nacional.

Se trata de una muestra que cubre hasta el 60% del total de los asalariados del sector privado formal, encuestando a cerca de 3.000 entidades empresariales de todas las ramas de la actividad económica. El estancamiento crónico del EIL es una muestra muy indicativa del fracaso laboral argentino bajo las reglas de juego que el kirchnerismo defendió por años e incluso al día de hoy sigue defendiendo, pese a los desastrosos resultados.

Si se desglosa el índice EIL entre ramas de actividad, se observa que la cantidad de empleos formales en la industria manufacturera se desplomó casi un 8,6% entre septiembre de 2011 y diciembre de 2023, muy por encima del promedio general. Y pese al agresivo proteccionismo que llevó adelante el kirchnerismo, el país avanzó hacia la desindustrialización por la falta de insumos y la permanente inestabilidad.

Asimismo, la cantidad de empleos formales presentes en la industria de la construcción se desplomó un 42,3% desde mediados de 2011, y este sector en particular fue especialmente afectado por la incorporación de plazas laborales no registradas.

Con la legislación laboral defendida por figuras como Alberto Fernández, Sergio Massa y Cristina Kirchner, el grueso de los puestos de trabajo creados en los últimos 12 años fue precario y de mala calidad.

Según el INDEC, más del 35% de los asalariados no realizan aportes a la seguridad social (trabajan en la informalidad), y la cifra aumenta todavía más considerando el segmento de trabajadores informales independientes (aquellos que se dedican a hacer trabajos a domicilio y/o changas).

Esto se suma a la flexibilización «de hecho» a través de la incorporación de una gran cantidad de puestos de trabajo bajo la figura del monotributo o el empleo autónomo. Esto es una muestra más del fracaso de la legislación laboral vigente.

Los alquileres en el Gran Buenos Aires (GBA) han visto desde la sanción de la Ley de Alquileres en 2019 un brutal aumento desproporcionado, que llegó a superar ampliamente a la inflación en el promedio de los últimos 4 años.

Y aunque siguen en valores elevados, muy lejano a lo que correspondería según el poder adquisitivo de los argentinos, desde que el presidente Javier Milei derogó la Ley de Alquileres con el mega DNU que firmó en diciembre, los precios en enero y febrero han visto una fuerte desaceleración.

Por dar un ejemplo, mientras que la inflación en enero fue del 20,6%, los alquileres subieron un 15,9%, y mientras que la inflación en febrero fue del 13,2%, el aumento estuvo en torno al 8,3%. Esto quiere decir que los alquileres bajaron en términos reales un 4,7% en enero y un 4,9%.

El informe de Zonaprop confirmó que un departamento de dos ambientes en GBA norte tiene un valor promedio de $363.590, mientras que un departamento de tres ambientes se alquila por $569.331 mensuales.

Nordelta, en el partido de Tigre, es el barrio con la oferta más cara del mercado, con un valor de $528.554 mensuales. Le siguen Vicente López, con un valor de $522.285 y Manuel Alberti (partido de Pilar) con un valor de $502.847 mensuales. Por otro lado, San Miguel y Muñiz presentan los precios más bajos, con $261.346 y $269.988 por mes, respectivamente.

Según las mismas fuentes, la caída en el precio real de los alquileres está vinculada a fuerte suba de la oferta. Como ahora los contratos se pueden pactar bajo cualquier término sin una Ley de Alquileres que los regule, se maximiza la cantidad de propietarios que ponen en alquiler su vivienda ociosa.

La derogación de las restricciones llevaron a que todos los propietarios que quieran poner en alquiler, puedan hacerlo, una medida que fue recibida con satisfacción por los propietarios.

La oferta experimentó un marcado aumento de aproximadamente un 30% desde enero, terminando con la escasez previa. El objetivo de la liberalización de Milei es que el mercado tienda a un precio de alquiler equitativo, donde tanto propietarios como inquilinos se sientan cómodos.

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