ARGENTINA

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El pasado día viernes la reconocida agencia S&P Global Ratings anunció un cambio positivo en la calificación crediticia para los títulos argentinos en moneda local, algo que no ocurría desde 2016.

La denominación oficial cambió de «default selectivo» a «perspectiva estable», con lo cual los inversores creen en el Gobierno y en el Presidente Javier Milei, y descartan cualquier tipo de incumplimiento durante los próximos cuatro años. El 10 de diciembre del año pasado, como parte de su discurso de apertura, el Presidente Milei ratificó su compromiso por honrar las deudas del Estado nacional con todos los acreedores.

Todo esto solo pudo ser posible después del amplio canje de títulos que llevó a cabo el Ministerio de Economía liderado por Luis Caputo. Se postergaron los plazos de pago para las obligaciones más inmediatas, a nuevos plazos que varían entre 2025 y hasta 2028.

En total, se lograron despejar hasta $42,6 billones de pesos de los $54,5 billones que constituían el total de los vencimientos más próximos, es decir que se alcanzó al 77% de las obligaciones de corto plazo. El sector privado llegó a representar más del 17% de las tenencias del canje, mientras que el resto se explicó por cambios de títulos dentro de otros organismos del sector publico.

La Secretaría de Finanzas confirmó que se logró estirar la vida promedio del perfil de vencimientos de los bonos de 0,46 años a 3 años, generando un ahorro en materia financiera de hasta $555.000 millones de pesos. Esto deja al Gobierno nacional con una posición de liquidez significativamente más holgada, y en consecuencia una mayor espalda para evitar cualquier incumplimiento.

Los buenos resultados fiscales para los meses de enero y febrero también consolidaron una mejor posición crediticia para el país, ya que el Gobierno apunta a la plena solvencia fiscal para fin de año (una meta acordada con el Fondo Monetario Internacional).

La legislación laboral argentina fracasó irremediablemente en todos los frentes posibles para analizar, demostrando la necesidad urgente de reformas que el Gobierno del Presidente Javier Milei propone lanzar.

En lo que respectos al mercado del trabajo, el fracaso argentino puede ser medido desde dos puntos de vista diferentes: la evolución del empleo en el sector privado formal (una suerte de termómetro sobre cómo funciona la economía) y proporción de empleo no registrado sobre la base del total de los puestos de trabajo que se crean.

La cantidad de puestos de trabajo medidos en el sector privado registrado no creció absolutamente nada desde septiembre de 2011. De hecho, registró un ligero declive en torno al 1,1% hasta diciembre de 2023, tomando como referencia a la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL) que releva el Gobierno nacional.

Se trata de una muestra que cubre hasta el 60% del total de los asalariados del sector privado formal, encuestando a cerca de 3.000 entidades empresariales de todas las ramas de la actividad económica. El estancamiento crónico del EIL es una muestra muy indicativa del fracaso laboral argentino bajo las reglas de juego que el kirchnerismo defendió por años e incluso al día de hoy sigue defendiendo, pese a los desastrosos resultados.

Si se desglosa el índice EIL entre ramas de actividad, se observa que la cantidad de empleos formales en la industria manufacturera se desplomó casi un 8,6% entre septiembre de 2011 y diciembre de 2023, muy por encima del promedio general. Y pese al agresivo proteccionismo que llevó adelante el kirchnerismo, el país avanzó hacia la desindustrialización por la falta de insumos y la permanente inestabilidad.

Asimismo, la cantidad de empleos formales presentes en la industria de la construcción se desplomó un 42,3% desde mediados de 2011, y este sector en particular fue especialmente afectado por la incorporación de plazas laborales no registradas.

Con la legislación laboral defendida por los populistas como Alberto Fernández, Sergio Massa y Cristina Kirchner, el grueso de los puestos de trabajo creados en los últimos 12 años fue precario y de mala calidad.

Según el INDEC, más del 35% de los asalariados no realizan aportes a la seguridad social (trabajan en la informalidad), y la cifra aumenta todavía más considerando el segmento de trabajadores informales independientes (aquellos que se dedican a hacer trabajos a domicilio y/o changas).

Esto se suma a la flexibilización «de hecho» a través de la incorporación de una gran cantidad de puestos de trabajo bajo la figura del monotributo o el empleo autónomo. Esto es una muestra más del fracaso de la legislación laboral vigente.

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