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Un tribunal revolucionario iraní condenó a muerte este miércoles al rapero Toomaj Salehi por sedición, propaganda contra el sistema e incitación a los disturbios durante las protestas desatadas por la muerte de Mahsa Amini, la joven detenida por llevar mal puesto el velo, informó su abogado Amir Raesian a medios locales.

«El tribunal revolucionario de Isfahán […] condenó a Toomaj Salehi a la pena de muerte por corrupción en la Tierra», uno de los cargos más graves en Irán, indicó el abogado del artista, citado por el diario Shargh. Salehi, de 33 años, fue detenido en octubre de 2022, liberado bajo fianza y vuelto a detener sólo once días después, en noviembre. Estaba acusado por apoyar públicamente las protestas multitudinarias desencadenadas tras la muerte de Amini, cuando estaba bajo custodia por incumplir el estricto régimen indumentario para las mujeres en la República Islámica.

El tribunal revolucionario acusó al rapero de «asistencia a la sedición, reunión y colusión, propaganda contra el sistema e incitación a los disturbios», dijo el letrado, añadiendo que apelaría la sentencia, a la que consideró «sin precedentes». La muerte de Amini provocó fuertes protestas que durante meses pidieron el fin de la República Islámica y solo desaparecieron tras una represión que causó 500 muertos y la detención de al menos 22.000 personas y en las que fueron ejecutados ocho manifestantes, uno de ellos en público.

El rapero y disidente, conocido por su nombre de pila ─Toomaj─, ya se ha enfrentado a las autoridades en el pasado y fue condenado a seis meses de prisión y una multa en enero de 2022 por «provocar a la violencia y la insurrección», aunque la pena de cárcel fue suspendida. El también cantante Shervin Hajipour fue condenado a tres años y ocho meses de cárcel por «propaganda contra el sistema e incitación a los disturbios» por su canción «Baraye» (Para), que se convirtió en el himno de las protestas. El cantante Mehdi Yarrahi fue condenado a dos años y ocho meses de cárcel y a recibir 74 latigazos por una canción que llama a mujeres a quitarse el velo.

Nada Al-Nashif, Alta Comisionada Adjunta de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, volará a Teherán el 3 de febrero. El plan es que lleve a cabo una investigación sobre las ejecuciones y las violaciones de los derechos de las mujeres. Activistas de derechos humanos advierten que el número de ejecuciones en Irán es alarmantemente alto.

El 29 de enero fueron ejecutadas otras cuatro personas. Según informes de los medios de comunicación estatales iraníes, los cuatro hombres kurdos estaban acusados de planear un atentado en nombre de Israel. Las condenas a muerte se ejecutaron el lunes 29 de enero, después de que el Tribunal Supremo rechazara sus recursos.

Las familias de los condenados niegan las acusaciones y han declarado en las redes sociales que «a lo largo del juicio, a los presos se les negaron derechos básicos como el pleno acceso a sus expedientes. Se les negaron las visitas de abogados e incluso la comunicación con sus familias». Las confesiones de los hombres habrían sido obtenidas bajo tortura.

«Con las cuatro ejecuciones del lunes, el número de ejecuciones sólo en enero ha aumentado a 67″, afirma Mahmood Amiry-Moghaddam, director de la organización de derechos humanos «Iran Human Rights» (IHR), con sede en Oslo, en entrevista con DW. «Nos enfrentamos a una oleada de ejecuciones en Irán. Desde el comienzo de la guerra de Gaza, se ha ejecutado a una media de tres personas al día en Irán. El número de personas ejecutadas por delitos de drogas se ha multiplicado por 20 en comparación con hace tres años».

Miry-Moghaddam subraya que la falta de interés de la comunidad internacional y de instituciones internacionales como Naciones Unidas por la situación en Irán está animando a quienes detentan el poder en Teherán a utilizar la violencia y la intimidación para silenciar a la población descontenta. «Parece que la situación de los derechos humanos en Irán en general, y el elevado número de ejecuciones en particular, no figuran entre las prioridades de los países occidentales. El corrupto e incompetente sistema político de la República Islámica, incapaz de encontrar soluciones adecuadas a los problemas cotidianos de la población, se está aprovechando de esta situación».

Todavía hay muchos presos políticos en la larga lista de condenados a muerte de las cárceles iraníes. El número exacto no se publica oficialmente. Las familias de los condenados sufren intimidación, lo que a menudo las hace reacias a hacer públicas las condenas a muerte contra sus familiares. O esperan que sus familiares sean indultados al final. Muchas ejecuciones sólo salen a la luz años después, cuando los familiares se arman de valor para denunciarlas.

Tras las protestas a escala nacional con el lema «Mujer, Vida, Libertad», el poder judicial quiso ejecutar a muchos manifestantes detenidos, dice Amiry-Moghaddam. Pero indica que «la presión política de Occidente era fuerte. El mundo seguía de cerca lo que ocurría en Irán. Se impusieron sanciones a los responsables de violaciones de derechos humanos en el país. Eso ralentizó el sistema judicial durante un tiempo».

Ahora, sin embargo, la maquinaria de ejecución vuelve a funcionar a toda velocidad. El 23 de enero fue ejecutado Mohammed Ghobadlu, de 24 años, que había sido detenido durante las protestas nacionales. Ese mismo día también fue ejecutado Farhad Salimi, preso kurdo que llevaba 14 años detenido.

La Premio Nobel de la Paz iraní Shirin Ebadi ha pedido a la funcionaria de la ONU Nada Al-Nashif, de Jordania, que cancele su visita en protesta por las ejecuciones o que se reúna con personas condenadas a muerte durante su estancia en Irán.

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