ARGENTINA

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Argentina vive desde la madrugada del jueves una segunda huelga general desde que comenzó el mandato del liberal Javier Milei como presidente, el pasado 10 de diciembre con menos eficacia que la esperada por los jefes sindicales.

Algunos portales de noticias planteaban a mitad de la jornada la pregunta ¿fracasó el paro? a la luz de los comercios y servicios de todo tipo que abrieron las puertas pese a las amenazas de los caciques gremiales.

La huelga tuvo repercusión en todo el sistema de empleos públicos y en menor medida en el transporte urbano de pasajeros, excepto Aerolíneas Argentinas la empresa estatal dominada por los sindicalistas.

Tras el alto poder de convocatoria en enero, cuando tuvo lugar la primera huelga general desde mayo de 2019, bajo el gobierno del moderado Mauricio Macri (2015-2019), la Confederación General del Trabajo (CGT), la principal central obrera de Argentina, esperaba paralizar el país en contra de las reformas estructurales que busca implementar el Ejecutivo.

En esta ocasión, y a diferencia de lo ocurrido en enero, la novedad es la paralización del transporte público ─tanto autobuses como subterráneo (metro) y trenes─, que a comienzos de año solo se detuvo a partir de las 19:00 horas (22:00 GMT), cuando se hubo desconcentrado la gran movilización frente al Congreso.

Además de los trabajadores estatales y de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), se sumaron la Asociación Bancaria, que reúne a los empleados de las entidades financieras; la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA-T), que agrupa distintas actividades económicas; y los empleados de comercio bajo la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (Faecys).

También el transporte aerocomercial y de carga, la banca, el comercio (en su mayoría), la educación y la recolección de residuos, mientras que el sector sanitario prestará una atención mínima, priorizando cualquier emergencia.

Este es el segundo paro general convocado por la CGT desde que asumió el gobierno de Milei, el pasado 10 de diciembre de 2023, a cinco meses de ocupar la Casa Rosada.

La principal central sindical argentina no convocó ninguna huelga bajo el gobierno del peronista Alberto Fernández (2019-2023), considerado el peor de los últimos años, y el último databa de mayo de 2019, bajo la gestión de Mauricio Macri (2015-2019), quien soportó cinco huelgas globales.

Los sindicatos protestan contra el fuerte ajuste impuesto por las políticas de Milei y las reformas estructurales recogidas en la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, proyecto estrella del mandatario liberal que busca cortar las enormes cantidades de regulaciones que asfixian a las empresas y son alentadas por sindicatos y políticos afines a la estrategia de la expresidenta Cristina Kirchner, de total intervención del Estado.

Entre las reformas incluidas en la ley que ya obtuvo media sanción en Diputados, que ahora espera por su tratamiento en el Senado, se encuentran la delegación de facultades legislativas al Ejecutivo, privatización de empresas, establecimiento de un régimen especial de inversiones y una reforma laboral, denominada «modernización».

Uno de los capítulos más preocupantes para los gremios son las posibles privatizaciones de empresas públicas, así como la extensión de los períodos de prueba que las empresas podrían imponer desde la aprobación del proyecto de ley y la modificación de las indemnizaciones por despido.

Se esperaba una jornada intensa de reclamos, incluido algún corte de accesos a las grandes ciudades, como medida de fuerza, que no se concretó debido a la gran cantidad de gente que concurrió al trabajo. De todas formas el gobierno puso en marcha un protocolo antipiquetes como medida de prevención.

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