INTERNACIONAL

Lectura: 7 minutos

El gobierno del presidente estadounidense Joe Biden impulsó el jueves una norma que acelera la negación de asilo a migrantes que representan un peligro para «la seguridad nacional o pública» de Estados Unidos.

Es la última medida del demócrata para intentar convencer al electorado de que es proactivo frente a la afluencia de migrantes que cruzan la frontera sin visa y sin usar las «vías legales», como pedir cita a través de una aplicación de teléfono móvil, hacer los trámites en los países por los que pasan o acogerse a permisos humanitarios.

Y es que la migración se ha convertido en un tema central de la campaña para los comicios de noviembre que disputará con su predecesor republicano Donald Trump, quien amenaza con una deportación masiva de migrantes si regresa a la Casa Blanca.

Este jueves el Departamento de Seguridad Interior (DHS) impulsó un nuevo reglamento que permite acortar el proceso para negar el asilo a un migrante que no pueda optar a él según la legislación estadounidense.

Afecta a una cantidad «pequeña» de migrantes, pero permite expulsarlos «más rápidamente», señala en un comunicado, sin especificar a cuántos.

Hasta ahora los migrantes que presentan un riesgo para la seguridad nacional o pública permanecen bajo custodia del DHS mientras sus casos son remitidos a los jueces de inmigración, un proceso que puede durar años y es costoso.

La nueva regla permite denegar las solicitudes en cuestión de días si hay pruebas de que se les puede rechazar por motivos de «terrorismo, seguridad nacional o penales», explica el DHS.

Se determinaría al comienzo del proceso durante las llamadas entrevistas de miedo creíble, en las que los funcionarios evalúan si existe una posibilidad de que la persona sea perseguida o torturada si regresa a su país.

Se trata de identificar y expulsar «más rápidamente a aquellas personas que presentan un riesgo de seguridad y no tienen base legal para permanecer aquí», dijo el secretario de Seguridad Interior Alejandro Mayorkas, citado en la nota.

Desde el 12 de mayo de 2023 hasta el 1º de mayo de 2024, el DHS ha expulsado o devuelto a sus países a más de 720.000 individuos, la gran mayoría de los cuales cruzaron la frontera con México, incluidos más de 109.000 miembros de familias, según datos oficiales.

La patrulla fronteriza asegura que en los últimos meses ha detenido a cientos de pandilleros que intentaban entrar en Estados Unidos ilegalmente y el director del FBI (la policía federal), Christopher Wray, reconoció ante el Senado que «individuos peligrosos» han entrado en el país.

La nueva norma, que pasará por un proceso de comentarios públicos durante el cual podría sufrir cambios antes de entrar en vigor, «es un paso más en nuestros esfuerzos continuos para garantizar la seguridad» de los estadounidenses, afirmó Mayorkas.

Además de este reglamento, el DHS está actualizando su política sobre el «uso de información clasificada en procedimientos migratorios», informa el comunicado.

La crisis migratoria ha sido un quebradero de cabeza para Biden, quien propuso conceder la ciudadanía a 11 millones de migrantes en un país que lleva más de 35 años sin una ley de este tipo. Pero tropezó con la oposición del Congreso.

Durante su mandato, más de siete millones de migrantes y solicitantes de asilo, en su mayoría latinoamericanos, han sido interceptados por la patrulla fronteriza tras cruzar ilegalmente la frontera con México, según datos oficiales.

Las cifras se han reducido en los últimos meses, pero el gobierno teme que aumenten con la llegada del calor a partir de mayo.

El Tribunal Supremo de Justicia se pronunció a favor del Estado de Texas, aprobando la entrada en vigor de una ley contra la migración que permite a la Policía detener y expulsar a migrantes sospechosos de ingresar ilegalmente a Estados Unidos y que había sido bloqueada ayer.

Un dividido tribunal tomó la decisión de desbloquear la aplicación de la legislación mientras se dirime la batalla legal emprendida por la administración del presidente Joe Biden y defensores de los inmigrantes encabezados por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, en inglés), que alegan que la iniciativa es inconstitucional.

Este martes los seis jueces conservadores votaron a favor de Texas, permitiendo que la ley entre en efecto mientras se da un fallo final en el caso. La decisión de permitir que la ley entrara en vigor generó, no obstante, el desacuerdo de los jueces liberales Ketanji Brown Jackson, Elena Kagan y Sonia Sotomayor.

La ley, una de las medidas antiinmigración más drásticas en la historia de Estados Unidos, convierte en delito menor el que un extranjero «ingrese o intente ingresar al estado desde una nación extranjera» de forma irregular. La falta se convierte en un crimen grave, punible hasta con 20 años de prisión, si el infractor es reincidente.

La iniciativa también permite que la Justicia estatal ordene la expulsión de personas sin mediar proceso legal. Asimismo, los oficiales de policía podrán arrestar a cualquier individuo del que sospechen que ingresó ilegalmente al país, y tendrán la facultad discrecional de expulsarlo a México en vez de arrestarlo.

Inicialmente, la medida promovida por el gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, debía entrar en vigor el pasado 5 de marzo, pero un juez federal se puso del lado de los demandantes y la prohibió. El fiscal de Texas, Ken Paxton, llevó la pelea al Quinto Circuito de Apelaciones donde obtuvo respaldo, por lo que los demandantes acudieron al Supremo para evitar que entrara en vigencia la ley pidiendo una moción de emergencia, que finalmente fue negada.

Anand Balakrishnan, abogado principal del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la ACLU, calificó la decisión de hoy como «decepcionante». El abogado añadió en un comunicado que la normativa «amenaza la integridad de las leyes de inmigración de nuestra nación y los principios fundamentales del debido proceso» por lo que seguirán luchando hasta derrotarla.

Las encuestas de opinión revelan una profunda preocupación de los votantes por la situación a lo largo de la frontera. Las encuestas de Reuters/Ipsos mostraron que el nivel de aprobación pública de Biden era del 37% a 28 de febrero pasado.

Otro artículo de interés: Ola inmigratoria sin precedentes hacia Estados Unidos