ARGENTINA
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La causa judicial que lleva adelante el juez federal Sebastián Casanello y que puso contra las cuerdas a los principales grupos piqueteros por extorsionar a los beneficiarios de planes sociales para que vayan a las marchas para seguir cobrando el programa.
Esta semana comenzó con una serie de allanamientos en la causa que engloba al Polo Obrero, pero no es la única que tramita en los tribunales de Comodoro Py. Su colega Ariel Lijo tiene a cargo otra mega causa por los mismos delitos.
En ese expediente, según se pudo saber de fuentes judiciales, hay más de 1.000 denuncias ingresadas a través del call center de la línea 134. La causa que tramita en el juzgado de Lijo, incluye denuncias sobre al menos nueve marchas organizadas por los grupos sociales desde la asunción de Javier Milei.
Una fue de las protestas del 22 de diciembre del año pasado, cuando varias organizaciones se movilizaron en rechazo al decreto de necesidad y urgencia que desregulaba la economía.
Ese día marcharon la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), el FENAT, de CTA Autónoma, la organización Libres del Sur, el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), entre otras organizaciones.
El expediente también incluye denuncias sobre la movilización del 24 de enero, con motivo del primer paro general convocado por Confederación General del Trabajo (CGT) y la Central de Trabajadores Argentino (CTA).
La marcha de ese día fue masiva, aunque el acatamiento al paro fue dispar en varios rubros. Junto a los gremios, se movilizaron los grupos sociales que integran la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), la Unidad Piquetera, organizaciones de izquierda como el MST, el FIT Unidad, y el Plenario Sindical Combativo.
Dirigentes y militantes piqueteros están siendo investigados por la Justicia Federal, acusados de extorsionar a beneficiarios de planes sociales para que participen en manifestaciones de la izquierda, a partir de testimonios brindados por las víctimas a la línea 134, habilitada por el Gobierno de Milei.
En la causa se han llevado a cabo hasta el momento unos 27 allanamientos. Entre los acusados se encuentran Jeremías Canteros, Elizabeth Palma y otros tres punteros de apellidos Puppo, Delgado y Vásquez, quienes forman parte de la alta dirigencia del Polo Obrero y otros grupos piqueteros que administraban comedores populares.
El caso más polémico es el de Cantero, integrante de la conducción nacional del Polo Obrero, quien fue funcionario del antiguo Ministerio de Desarrollo Social durante el gobierno de Alberto Fernández. A su vez, Cantero, que es la mano derecha de Belliboni, ocupó el séptimo lugar entre los diputados nacionales de la lista 502 del Frente de Izquierda y Trabajadores Unidad del 23 de octubre pasado.
La documentación accesoria revela que el dirigente de izquierda cobraba entre más de 800 mil pesos, como integrante del Ministerio que conducía Victoria Tolosa Paz, mientras Eduardo Belliboni, líder del Partido Obrero y su socio político, se manifestaba frente al edificio del histórico edificio de 9 de Julio y Moreno, para solicitar alimentos y más planes sociales.
A su vez, este jueves se descubrió que la mayoría de estos piqueteros cobran un plan social por parte del Estado Nacional. Son diecinueve de los veintiocho acusados que pertenecen al Polo Obrero, Barrios de Pie y el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL).
Los datos surgen del llamado a indagatoria, allanamientos y pedidos de detención que el fiscal federal Gerardo Pollicita le realizó al juez Sebastián Casanello. Ante una consulta de este medio, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, anticipó que «los vamos a dar de baja de inmediato».
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