ARGENTINA
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La administración de Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Sergio Massa dejó un verdadero tendal económico a lo largo de sus cuatro años de gestión. El sector energético no fue la excepción a la regla, y se legó un sistema al borde del colapso: precios relativos completamente artificiales y atrasados, y costos financieros superlativos para el sector público.
Pese a que la gran apuesta electoral de Massa había sido la construcción del Gasoducto Néstor Kirchner para el término de 2023, lo cierto es que se desatendieron una serie de aspectos fundamentales del sistema en detrimento de la competitividad electoral del propio Massa. La administración anterior no dejó plantadas las condiciones necesarias para aprovechar la plena capacidad operativa del gasoducto, más bien todo lo contrario.
El secretario de Energía Eduardo Chirillo hizo pública la herencia kirchnerista:
Se acumuló una deuda con el Gobierno de Bolivia por un total de US$ 244 millones de dólares a cuenta de importaciones de gas
La suma de intereses de dicha deuda ascendió a los US$ 21,8 millones de dólares.
Los precios establecidos para las empresas contratistas con el Estado se encontraban artificialmente atrasados desde mayo de 2023, haciendo inviable la continuidad de las obras pendientes.
Se interrumpió la construcción de las plantas compresoras de Tratayén y Salliqueló, las cuales debían ser finalizadas a más tardar en septiembre del año pasado.
Una gran cantidad de importaciones de insumos básicos necesarios para la finalización de las obras se encontraban paralizadas por el sistema SIRA del exministro Massa.
La dureza del cepo cambiario y la imposibilidad de repatriar dividendos hacían inviable cualquier tipo de proyecto de inversión extranjera directa en el país.
Esta fue la difícil situación heredada por las autoridades actuales en vista al potencial energético y exportador del país. En tan solo unos pocos meses, la Secretaría de Energía a cargo de Chirillo resolvió regularizar pagos con empresas contratistas por un monto total de $30.000 millones, lo cual implica lisa y llanamente un proceso de sinceramiento.
Asimismo, y debido a los numerosos retrasos heredados en los proyectos, se llevaron a cabo nuevas licitaciones, involucrando un monto de por lo menos $47.000 millones.
La administración anterior también negoció una reducción del gas importado proveniente de Bolivia, y evidentemente sin la previsión de que Argentina está atravesando actualmente el otoño más frío desde 1980. En vista de los hechos, el Gobierno rápidamente resolvió un nuevo acuerdo con la brasileña Petrobras para asegurar el suministro ante cualquier reducción en los volúmenes de gas.
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