ARGENTINA

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El presidente de Argentina, Javier Milei, y 18 de los 24 gobernadores provinciales firmaron la madrugada de este martes el Acta del Pacto de Mayo, un pacto propuesto en marzo pasado y que contiene compromisos en diez políticas «refundacionales» para el país suramericano.

La firma coincidió con el inicio del 9 de julio, día en que se celebra la Independencia argentina, declarada en 1816 en la ciudad de San Miguel de Tucumán (noroeste), precisamente el sitio elegido para este acto simbólico de unidad política, pues ninguno de los 18 gobernadores pertenecen al partido del mandatario, La Libertad Avanza (derecha).

El objetivo de la firma del pacto es el de «sellar los acuerdos básicos para sacar a la Argentina adelante».

Los cinco primeros puntos son la inviolabilidad de la propiedad privada; el equilibrio fiscal innegociable; la reducción del gasto público a niveles históricos, en torno al 25 % del producto bruto interno; una educación inicial, primaria y secundaria «útil y moderna, con alfabetización plena y sin abandono escolar»; y una reforma tributaria «que reduzca la presión impositiva, simplifique la vida de los argentinos y promueva el comercio».

Asimismo, se establecen como puntos «la rediscusión de la coparticipación federal de impuestos para terminar para siempre con el modelo extorsivo actual que padecen las provincias» y «el compromiso de las provincias argentinas de avanzar en la explotación de los recursos naturales del país».

El pacto se completa con el compromiso de hacer una reforma laboral moderna que promueva el trabajo formal; una reforma del sistema de jubilaciones «que le dé sostenibilidad al sistema y respete a quienes aportaron»; y la apertura al comercio internacional «de manera que la Argentina vuelva a ser protagonista del mercado global».

La firma se abrió con el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, al que sucedieron el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y la secretaria general de Presidencia, Karina Milei.

Posteriormente, dejaron su rúbrica los gobernadores de Catamarca, Raúl Jalil; Chaco, Leandro Zdero; Chubut, Ignacio Torres, y el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri.

También los gobernadores de Córdoba, Martín Llaryora; Corrientes, Gustavo Valdés; Entre Ríos, Rogelio Frigerio; Jujuy, Carlos Sadir; Mendoza, Alfredo Cornejo; Misiones, Hugo Passalacqua; Neuquén, Rolando Figueroa; Río Negro, Alberto Weretilneck; Salta, Gustavo Sáenz; San Juan, Marcelo Orrego; San Luis, Claudio Poggi; Santa Fe, Maximiliano Pullaro; ⁠y Santiago del Estero, Gerardo Zamora.

Quienes no formaron parte de esta firma fueron los gobernadores Claudio Vidal (Santa Cruz), Ricardo Quintela (La Rioja), Axel Kicillof (provincia de Buenos Aires), Sergio Ziliotto (La Pampa), Gildo Insfrán (Formosa) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego).

La ceremonia de la firma estuvo cargada de simbolismo, ya que se llevó a cabo en el Salón de Jura de la Casa Histórica de la Provincia de Tucumán, en cuya mesa ─sobre la que se firmó el Acta de Independencia de Argentina─ estaba presente la Constitución Nacional original de 1853.

El Congreso de Argentina concedió el primer triunfo legislativo al presidente Javier Milei al aprobar su paquete de reformas económicas, aunque acotado respecto a la versión original tras meses de debates.

«La Oficina del Presidente de la República Argentina celebra la aprobación de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos», publicó la cuenta oficial de la presidencia en X.

La Cámara de Diputados debatió las modificaciones que introdujo el Senado a la llamada «Ley Bases» y finalmente resolvió, por 148 votos a 107, sancionar la norma incluyendo esos cambios.

No obstante, mantuvo la versión original del paquete de reformas fiscales, que incluye la restitución del impuesto a las ganancias que alcanza a los salarios.

Con esta sanción, el presidente consigue que se le deleguen facultades legislativas por un año, incentivos a las grandes inversiones por 30 años, una flexibilización de la legislación laboral y la autorización para privatizar una decena de empresas públicas, entre otros puntos.

«Le vamos a dar al Gobierno del presidente Milei las herramientas para que pueda reformar al Estado de una vez y para siempre», dijo el jefe del bloque oficialista Gabriel Bornoroni en su discurso de cierre.

El paquete de reformas logró su sanción definitiva tras un tortuoso trámite que lo devolvió a la Cámara Baja como instancia revisora de las modificaciones.

«El Gobierno nacional logró la aprobación de la primera ley hacia el país libre y próspero que los argentinos eligieron», señala el comunicado de la presidencia.

En lo político la aprobación significa «un éxito total para el Gobierno», declaró a la AFP el politólogo y economista Pablo Tigani.

Pero en lo económico «será un regreso a la política de los años 1990 con desregulaciones, privatizaciones y apertura incondicional de la economía que van a provocar un duro golpe a la industria y a la pequeña y mediana empresa nacional, con una transferencia de ingresos fenomenal hacia los sectores más concentrados de la economía», evaluó.

«Este es un traje a medida hecho para los sectores del poder concentrado en la Argentina», señaló en su discurso el diputado peronista Hugo Yasky, que consideró que la ley permite que capitales extranjeros «vengan a quedarse con el petróleo y el litio a cambio de nada» y que convertirá al país en «una guarida fiscal».

El politólogo Tigani advirtió que «las leyes no significan mucho cuando la situación económica y social es explosiva».

«Veo problemas de gobernabilidad y un presidente jaqueado por la situación social a pesar de tener sus leyes», explicó.

Argentina, con su economía en recesión y la inflación en 280% anual a mayo, sufrió un derrumbe del 5,1% del Producto Bruto Interno en el primer trimestre de este año y tiene a más de la mitad de su población en la pobreza.

Pero también en lo político representa nuevos desafíos, según el analista Carlos Germano, de la consultora Germano y Asociados.

«Conseguir la primera ley es de suma importancia política, pero el Gobierno tiene ahora un nuevo desafío porque la oposición dialoguista va a empezar a generar otra política totalmente diferente a la de estos seis meses», dijo.

Ello obligará a Milei «a priorizar la gestión, ser mucho más presidente y dejar de potenciar el personaje que le permitió llegar hasta acá», opinó.

El diputado Oscar Agost Carreño, parte de un bloque opositor que acompañó la iniciativa oficialista, afirmó en el debate: «Vamos a darle las herramientas al gobierno porque creemos que tiene que resolver lo que no pudieron hasta hoy. Ahora se terminan las excusas».

Originalmente, la «Ley Bases», que Milei lanzó con pompa como fundacional de su plan de Gobierno, contenía más de 600 artículos, pero tras un fracaso de su tratamiento en febrero, se redujo a 238 artículos que además fueron modificados en el Senado.

Para lograr la aprobación, el Gobierno retiró de la lista de empresas a privatizar a la aerolínea de bandera Aerolíneas Argentinas, el Correo Argentino y Radio y Televisión Argentina (RTA) que controla la TV Pública y Radio Nacional.

El Gobierno también sacrificó una reforma en el sistema previsional que implicaba eliminar una moratoria que beneficia a quienes al llegar a la edad del retiro no consiguen acreditar 30 años de aportes, en un país con casi la mitad de los trabajadores en la informalidad.

Las inmediaciones del Congreso fueron valladas en prevención de protestas e incidentes, como los que ocurrieron durante el debate en el Senado hace dos semanas, aunque esta vez no hubo manifestaciones numerosas frente al recinto.

El Ejecutivo deberá promulgar la ley para que entre en vigor, pero también puede vetarla total o parcialmente.

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