ARGENTINA

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El juez federal de Quilmes, Luis Armella, procesó a la exconcejal de Quilmes y dirigente del Movimiento Evita, Patricia Noemí Iribarne, junto a otras ocho personas vinculadas a ella por el presunto delito de «malversación de caudales públicos» a través de varias cooperativas creadas por Iribarne.

Según la investigación, entre 2018 y 2022, Iribarne habría desviado $87.896.346 de fondos públicos provenientes del exministerio de Desarrollo de la Nación y del Ministerio de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires, destinados a convenios específicos, y que fueron utilizados de manera irregular para consumos personales, extracciones bancarias y transferencias a otras cooperativas y personas relacionadas con ella.

Las pericias realizadas durante la instrucción del expediente revelan que estas cooperativas, bajo su representación, giraban los fondos recibidos entre sí sin contraprestación alguna y que la organización liderada por la concejal de Unión por la Patria, que ingresó al Concejo Deliberante en 2017, falsificaba rendiciones de cuentas utilizando facturas apócrifas.

Las cooperativas involucradas en la maniobra y vinculadas a la referente del Movimiento Evita en Quilmes son: La Chinita, La Montonera, La Guevarita, El Emporio Limitada, Pocho Lepratti y la cooperativa de trabajo Julio Roqué. En la constitución de estas cooperativas se repiten nombres, varios de ellos parientes directos de Iribarne, como sus hijos y esposo.

Los otros procesados, sin prisión preventiva, en la Causa 23787/22 que instruyen Armella, a cargo del Juzgado Federal Número 1 de Quilmes, y su secretario Diego Quiroga, son:

• Susana Beatriz Reia: Era presidente y autorizada para operar las cuentas de la «Cooperativa de Trabajo Julio Roque Limitada», «Asociación Civil Feliz Atardecer» y «Cooperativa de Trabajo Pocho Lepratti Limitada». Participó en las transacciones y transferencias a personas y entidades relacionadas con Iribarne.

• Jorgelina Elizabet Fernández: Es hija de la exedil. Está implicada por realizar transferencias desde las cooperativas a cuentas propias, familiares y allegados de su madre.

• Fabio Fernán González: Era el tesorero de la «Cooperativa de Trabajo Pocho Lepratti 2» y vocal de la «Cooperativa de Trabajo Julio Roque Limitada». Realizó transferencias a personas y entidades relacionadas con Iribarne.

• Eduardo Daniel Calderón: Formaba parte de las autoridades de la «Cooperativa de Trabajo Pocho Lepratti 2». Estaba autorizado para operar sus cuentas. En la causa figura que era «pareja de la hija de Iribarne» y habría participado en el desvío de fondos.

• Rosa Mabel Luján Duartes: Realizaba transacciones similares desde las cooperativas hacia cuentas de familiares y allegados de Patricia Noemí Iribarne.

• Jorge Edgardo Fernández: Ex pareja de la dirigente social, separado de hecho desde hace 20 años. Fue procesado por su participación necesaria en la malversación de caudales públicos. Fernández, como autoridad de la «Cooperativa la Montonera Limitada», junto con Iribarne, falseó las rendiciones de cuentas mediante la utilización de facturas apócrifas.

• Marcelo Alexis Moyental: Se le atribuye haber facilitado la aplicación indebida de los fondos. En su calidad de contador público de las cooperativas, revisaba los estados contables y era responsable de las rendiciones de cuentas, «sabiendo que parte de la facturación utilizada era apócrifa». Según se describe en el expediente, «a pesar de su conocimiento y especialización, no tomó las medidas necesarias para evitar estas irregularidades».

• María Cecilia Fernández: Hija de Patricia Noemí Iribarne, ha sido procesada en relación con la causa por malversación de caudales públicos. En el proceso, se la señala como autoridad y tesorera de la Cooperativa La Montonera Limitada, así como firmante de convenios de la Asociación Feliz Atardecer. Según el escrito judicial, su participación fue necesaria junto con otras personas allegadas a Patricia Iribarne que ocupaban roles similares en cooperativas como Cooperativa Pocho Lepratti Limitada, Cooperativa Pocho Lepratti 2, y Cooperativa La Montonera Limitada.

Se afirma que María Cecilia Fernández y otros responsables de estas cooperativas realizaron retiros de dinero y transferencias bancarias entre ellas. Además, se falsificaron rendiciones de cuentas ante los ministerios provinciales y nacionales mediante la utilización de facturas apócrifas provenientes de usinas ingresadas en el listado APOC de la AFIP. Estas acciones se habrían llevado a cabo sin que hubiera contraprestación alguna por parte de los proveedores de bienes o servicios.

El Ministerio de Capital Humano, dirigido por Sandra Pettovello, bajo la supervisión de Leila Gianni, subsecretaria Legal, y Ariel Romano, Director General de Asuntos Jurídicos, revisó el expediente y comenzó una investigación interna.

Se impuso embargos de $100.000.000 a los nueve acusados «como garantía ante posibles responsabilidades civiles y/o penales derivadas de los hechos investigados». En 2017, Iribarne fue elegida para el Concejo Deliberante de Quilmes por el Movimiento Evita, liderado a nivel nacional por Emilio Pérsico. Sin embargo, al verse envuelta en controversias y su nombre empezar a circular en los medios, la organización social la apartó y le soltó la mano.

La causa incluye testimonios de víctimas que acusan a la exconcejal y líder del Movimiento Evita de presionarlas para realizar ciertas tareas o ocupar cargos en cooperativas y organizaciones vinculadas a Iribarne.

Una testigo declaró: «Nos obligan a ser directivos de la cooperativa, a firmar documentos falsos, siempre bajo la premisa de «es por el bienestar de los compañeros»; si nadie acepta ser directivo, nadie recibe sueldo. Aprovechaban la necesidad de la gente».

Otra denunciante afirmó que la dirigente del Evita utilizaba facturas falsas para justificar las rendiciones de cuentas. «Las rendiciones bajo estos acuerdos incluían facturas falsas, usadas para comprar una casa en Roque Pérez y un auto Peugeot 208 registrado a nombre de una de las hijas de la acusada», explicó en el juzgado.

También denunció: «Fabio González, Patricia Iribarne y Mabel Duartes (contadora de la acusada y del Movimiento Evita de Quilmes) recibían sueldos de estos acuerdos y obtenían o robaban las claves fiscales de los compañeros para facturar a nombre de las víctimas».

La Policía Bonaerense irrumpió este jueves en plena sesión del Honorable Concejo Deliberante de La Matanza para arrestar a uno de sus miembros. Se trata del kirchnerista Gabriel Aranda, concejal de Unión por la Patria y presidente de Deportivo Laferrere.

La causa, a cargo de la jueza federal Alicia Vence, quien subroga el Juzgado Federal Nº 3 de Morón, y del titular de la Fiscalía Federal N°1 de Morón, Sebastián Basso, se inició hace unos días y estudia los vínculos de Aranda con la barra brava del club y su líder, Federico Schorh, alias «Freddy» y/o «El Contador».

Schorh es, además, la mano derecha de Nicolás Guimil, el capo narco conocido como «Chaki Chan». «Freddy», por su parte, permanece prófugo. Su nombre surgió en febrero, cuando, en la previa de un partido contra Deportivo Armenio, la barra brava se paseó en caravana a bordo de un autobús, blandiendo armas de fuego y efectuando disparos al aire como demostración de poder.

En un video difundido por una periodista del diario El1 de La Matanza, se puede observar el momento en que el concejal es detenido fuera del recinto ubicado en Hipólito Yrigoyen al 2500.

Rodeado por policías, el presidente de «El Verde» lee un papel que sostiene en la mano mientras mastica chicle. Los agentes parecen explicarle la situación y lo convencen de dirigirse a un patrullero estacionado en la esquina, a unos 50 metros del edificio.

Finalmente, Aranda se sube al vehículo junto a un asistente y parece sonreír, aunque con cierta preocupación, cuando se cierra la puerta. Fuentes del caso indicaron que, de forma paralela, se realizan otros procedimientos ordenados por Vence, quien procesó la semana pasada a la fiscal de La Matanza, María Belén Casal Gatto, acusada de proteger a Chaki Chan.

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