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El pueblo de Larroque, en el sur de Entre Ríos, cuenta con 6.500 habitantes, de los cuales alrededor de un centenar trabaja directamente en Fademi, una pyme familiar que produce baterías para el mercado interno.

La planta está paralizada desde hace 15 días debido a una «protesta sindical». La preocupación en Larroque es el posible cierre definitivo de la planta, lo que podría dejar a la ciudad sin su principal fuente de ingresos.

La delegación Zárate-Campana del Sindicato del Personal Químico y Petroquímico es la que está poniendo a la comunidad en una situación crítica. El sindicato inició una serie de protestas en mayo, cuando venció el acuerdo paritario firmado en abril del año anterior.

Emiliano Gietz, abogado y apoderado de Fademi, explicó que ese acuerdo había garantizado entre abril de 2023 y abril de 2024 un aumento salarial del 400%, más de cien puntos porcentuales por encima de la inflación acumulada (290%). El salario inicial neto en el sector es de $1,5 millones, y el sueldo promedio mensual de bolsillo que la empresa paga es de $2 millones, sumando las dos quincenas.

En mayo, Gietz viajó a Zárate para reunirse con los líderes sindicales, quienes le presentaron un pliego de condiciones que él consideró inviables. El nuevo incremento salarial no solo debía igualar la inflación, sino que también incluía una subida inicial que Fademi consideraba imposible de cumplir.

«Somos una pyme entrerriana, y el sindicato siempre nos ha tratado como si fuéramos una multinacional que exporta todo lo que produce. Este trato es incompatible con nuestra supervivencia», se quejó el letrado.

«Primero realizaron asambleas, durante las cuales se retiraban del lugar de trabajo por períodos que iban de una a cinco horas. Luego pasaron al quite de colaboración y redujeron la producción al 10%. De las 1.200 unidades diarias programadas, solo producían alrededor de 100, a veces menos», explicó Gietz. Como resultado, la empresa dejó de producir 30.000 baterías.

La comunicación entre la empresa y los trabajadores se interrumpió por completo. El apoderado indicó que los empleados bloquearon el grupo de WhatsApp que compartían con los empleadores, y responsabilizó al sindicato por esta situación.

«Muchos trabajadores actúan de buena fe y no comprenden las implicaciones de las medidas que están tomando. Algunos están desinformados. Un empleado incluso dijo en la radio local que la empresa no quería firmar la paritaria, cuando la primera reunión formal está programada para el 7 de agosto», añadió.

Lo sorprendente es que el sindicato no presentó el reclamo salarial como motivo del paro. En cambio, argumentaron razones de «higiene y seguridad» para justificar la huelga. Sin embargo, la Secretaría de Trabajo realizó cuatro inspecciones a la planta y verificó que está en perfectas condiciones para operar sin riesgos. «Somos una empresa de primera línea, con tres certificaciones ISO en seguridad y cuidado del medio ambiente», destacó el abogado de la empresa.

«Están ejerciendo presión sobre los trabajadores para que se unan a la huelga. Muchos están siendo coaccionados para participar en la protesta. De no hacerlo, enfrentan consecuencias. Les ponen pegamento en los candados de los vestidores y grasa en las botas», explicó el abogado. «Están tratando de intimidar a todo el mundo. Esa es su política», añadió.

A esto se sumó el bloqueo de la planta. A principios de junio, un camión que debía cargar productos no pudo ingresar al complejo debido a que el sindicato lo impidió. Además, el gremio forzó el retiro de los empleados de la línea de producción en medio del proceso, poniendo en riesgo la fabricación de 2.000 unidades que quedaron abandonadas sin terminar y con exposición a productos químicos de alto riesgo. Finalmente, el lote fue salvado.

Ahora, el bloqueo ya no es necesario. Desde el viernes 5 de julio, la planta está en cese total de actividades, con producción cero y sin stock. Esta medida de fuerza llevó a que una decena de clientes cancelaran definitivamente sus pedidos debido al incumplimiento de entregas. La empresa enfrenta una situación crítica: su flujo de fondos está cortado y no puede cumplir con sus obligaciones hacia los proveedores.

Las autoridades provinciales han intervenido en la situación. El ministro de Trabajo, Manuel Troncoso, declaró que el sindicato recurre a «sabotajes y bloqueos» como resultado de «la desidia, porque durante muchos años les dejaron hacer lo que quisieran. Venimos a ponerle fin a eso. No toleraremos esas actitudes», comentó al medio R2820.

La dirección de la empresa está considerando el cierre definitivo de la planta o, al menos, su traslado a otro lugar donde no enfrente coacciones. Cualquiera de estas opciones dejaría a un centenar de personas desempleadas en la localidad y afectaría gravemente a la cadena comercial y de servicios de la zona.

«En Larroque ─señaló Gietz─ no hay otro lugar donde se ganen los sueldos que paga Fademi. La situación es grave. Hay preocupación entre los comerciantes de la localidad. El almacenero, el herrero, todos dependen indirectamente de Fademi», concluyó.

*Imagen ilustrativa.

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