INTERNACIONAL

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Luego de más de dos años de negociación, un proyecto de Convención contra la Ciberdelincuencia fue aprobado ayer 8 de agosto, en el seno del Comité Especial encargado de «Elaborar una Convención Internacional Integral sobre la Lucha contra la Utilización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones con Fines Delictivos». El Comité fue creado por la Resolución N° 74/247 de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), órgano ante el cual será presentado el proyecto alcanzado para su aprobación.
La República Argentina tuvo una activa participación desde el inicio de la negociación, ya que procuró alcanzar un texto de Convención de carácter global, con la finalidad de prevenir y combatir la ciberdelincuencia y fortalecer la cooperación jurídica internacional en esta materia, incluida la obtención de evidencia electrónica. A tal fin se trabajó mancomunadamente a lo largo del proceso negociador con los Ministerios de Justicia y de Seguridad de la Nación, la Agencia de Acceso a la Información Pública, las reparticiones competentes que participaron del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto y nuestras Representaciones Permanentes ante la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) en Viena y ante la ONU en Nueva York.
De este modo, la República Argentina renueva su compromiso con las Naciones Unidas y con un efectivo multilateralismo, como marco de colaboración y cooperación global en la lucha contra el crimen organizado transnacional.
La Convención contra los delitos cibernéticos fue iniciada por Rusia en 2017 y, desde entonces, el texto ha avanzado a pesar de la oposición de la UE y los EE. UU.
Las negociaciones duraron tres años, tras retrasos debido a la pandemia de COVID-19. El texto tiene como objetivo mejorar los esfuerzos globales para abordar los delitos cibernéticos, en particular en áreas como las imágenes de abuso sexual infantil y el lavado de dinero.
La convención ahora se someterá a votación en la Asamblea General de la ONU en otoño y debería entrar en vigor una vez que sea ratificada por al menos 40 estados miembros de la ONU.
Esta convención podría convertirse en la primera convención internacional sobre delitos cibernéticos. Todos los estados miembros de la UE ya son partes de la Convención de Budapest sobre delitos cibernéticos de 2001, excepto Irlanda, que la ha firmado pero aún no la ha ratificado. El texto se negoció en el marco del Consejo de Europa.
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