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El Senado chileno aprobó, el martes por la noche, un proyecto de resolución que pide al presidente Gabriel Boric elevar al fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) una orden de captura en contra de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, por «graves crímenes que constituyen una amenaza para la paz, la seguridad y el bienestar de la humanidad».

«No es posible ignorar el sufrimiento de miles de víctimas por causa de persecuciones de distinta índole ocurridas en la República Bolivariana de Venezuela durante años y en especial por la persecución sufrida por miles de víctimas tras el evento electoral presidencial realizado el 28 de julio del presente año, entre los que se encuentran, grupos, especialmente vulnerables como lo son las niñas y niños, adultos mayores y mujeres», dice la propuesta.

Presentado por los senadores Felipe Kast, del partido conservador Evolución Política (Evópoli), y Francisco Chahúan, del también conservador Renovación Nacional (RN), el proyecto de acuerdo fue aprobado por mayoría simple con el apoyo de 21 senadores y sin que hubiera votos en contra o abstenciones, de acuerdo con la página web del Senado.

Boric llegó al poder como parte de una amplia alianza de partidos de izquierda y centroizquierda, ha calificado de «dictadura» al Gobierno que encabeza Maduro y no reconoce la victoria que el Consejo Nacional Electoral ha atribuido al actual presidente en las elecciones presidenciales del 28 de julio.

Esta petición le insiste en que es deber de un Estado con compromisos internacionales el «denunciar y pedir medidas» cuando tiene «frente a sus ojos, crímenes y atrocidades tan brutales como las cometidas en la República Bolivariana de Venezuela».

Por ello, pide al jefe de Estado que «presente una solicitud al fiscal de la Corte Penal Internacional para que se eleve la orden de detención en contra del Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro».

Las autoridades de Venezuela son objeto de una investigación desde noviembre de 2021 por parte de la Fiscalía de la CPI por presuntos crímenes de lesa humanidad.

En 2023 la CPI rechazó una apelación del Gobierno venezolano, que alegó que debía respetarse el principio de complementariedad, por el que el tribunal internacional complementa la justicia del país, no la sustituye, y solo puede intervenir si el Estado no investiga.

En marzo pasado, la Sala de Apelaciones dictó sentencia contra el recurso venezolano, lo que autoriza a la CPI a continuar la investigación.

La organización Human Rights Watch (HRW) se dirigió a los presidentes de Brasil, Colombia y México para señalar que repetir las elecciones presidenciales en Venezuela sería una «burla» y conceder una amnistía general «violaría el derecho internacional y afectaría a los derechos de las víctimas de atrocidades».

Juanita Goebertus Estrada, directora de la División de las Américas de HRW, afirma en su carta

Al brasileño Luiz Inacio Lula da Silva, el colombiano Gustavo Petro y el mexicano Andrés Manuel López Obrador, que a la organización defensora de los derechos humanos le «preocupan» tres propuestas concretas hechas por ellos para resolver la crisis venezolana.

Tras subrayar que una negociación «creíble» entre todas las partes implicadas es la mejor manera de proteger los derechos humanos en Venezuela, HRW discrepa con las propuestas de Lula, Petro y López Obrador de repetir las elecciones, confiar en el Tribunal Supremo venezolano y conceder una amnistía general.

HRW menciona también en la carta «la represión gubernamental» que siguió al anuncio de resultados electorales por parte del CNE y dice haber recibido «informes creíbles» de 23 manifestantes y transeúntes, así como un miembro de la Guardia Nacional Bolivariana, muertos en el contexto de las protestas, así como de una «oleada de detenciones arbitrarias» que han afectado a unos dos millares de personas, incluidos menores y discapacitados.

En ese «alarmante contexto» HRW valora positivamente «los esfuerzos de los Gobiernos de América Latina, Europa y Estados Unidos para garantizar el respeto de la voluntad popular expresada en las urnas el 28 de julio, así como para poner fin a las violaciones generalizadas de los derechos humanos en el país».

Sin embargo, discrepa con la propuesta del Gobierno de Brasil, secundada por Colombia, de celebrar nuevas elecciones para salir de la crisis.

«Una premisa básica de cualquier elección es que debe reflejar la voluntad expresada por el pueblo y dar lugar a la transferencia pacífica del poder al candidato o candidatos vencedores de acuerdo con fórmulas preestablecidas. Repetir las elecciones porque el Gobierno de Maduro no está dispuesto a divulgar y aceptar el resultado de los comicios del 28 de julio sería una burla a este principio democrático básico», dice HRW.

No obstante, agrega la carta, «coincidimos con sus Gobiernos en que una solución a la crisis en Venezuela debería incluir garantías para que todos los partidos políticos participen en los asuntos públicos».

Sobre la defensa de la «vía institucional» para resolver las disputas sobre el resultado electoral hecha por Lula, Petro y López Obrador, HRW elogia que una vez que el Tribunal Supremo de Justicia convalidó el 22 de agosto la victoria de Maduro, los tres presidentes destinarios de la carta optaron por no dar su reconocimiento hasta que no se difundan las actas desglosadas por mesa de votación, como exige el fallo del alto tribunal.

«Instamos a sus Gobiernos a que insistan en una verificación independiente de los resultados, que debería llevar a cabo una tercera parte creíble e imparcial», subraya.

En cuanto a la propuesta de una «amnistía general» HRW señala que «en virtud del derecho internacional, los Gobiernos tienen la obligación de investigar y perseguir graves violaciones de derechos humanos y crímenes internacionales» y recuerdan que la Misión de Naciones Unidas para la Determinación de los Hechos sobre Venezuela, al igual que organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, ha documentado graves violaciones de derechos humanos en el país.

«Respetar estas obligaciones derivadas del derecho internacional de los derechos humanos requerirá investigaciones penales estratégicas que prioricen la judicialización de los máximos responsables de atrocidades y se centren en los crímenes más graves y notorios», concluye HRW.

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